En ocasión de la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, capítulos de Transparency International de alrededor del mundo están enviando cartas de preocupación a sus respectivas autoridades de relaciones exteriores pidiendo a sus gobiernos que tomen una posición clara sobre las recientes violaciones a los derechos humanos, hechos inconstitucionales y prácticas corruptas en Venezuela.
En Venezuela los ciudadanos están siendo atacados por protestar contra los altos niveles de inseguridad y crimen, la elevada inflación y la corrupción. En respuesta a estas manifestaciones pacíficas el gobierno ha denegado a los venezolanos sus libertades básicas, incluyendo el acceso a la información, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Docenas de personas han sido asesinadas, torturadas e ilegalmente detenidas desde que comenzaron las protestas a inicios del mes de febrero.
“Aquellos países que actúan como si la situación en Venezuela fuera normal están eligiendo ignorar la falta de gobernabilidad y principios democráticos básicos en el país. La comunidad internacional tiene la obligación de pronunciarse”, dijo Alejandro Salas, Director Regional para las Américas de Transparency International.
La coalición global contra la corrupción pide a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pronunciarse en contra de la situación actual en Venezuela cuando se discuta el ítem 4 sobre la situación de los países los días 17 y 18 de Marzo. El gobierno de Venezuela debe garantizar de inmediato los derechos ciudadanos de acceso a la información, libertad de expresión y asociación. El gobierno debe luchar contra la corrupción que plaga al país y terminar el ataque a los medios de comunicación y periodistas independientes, incluyendo el levantamiento de la continua censura de información en el país.
La negación a los ciudadanos al acceso a la información imparcial y no censurada, las limitaciones de protestas pacíficas y las negaciones de procesos debidos no sólo son inconstitucionales, sino también una clara violación a las obligaciones estatales establecidas en los artículos 19(2), 21 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las autoridades venezolanas deben investigar estas violaciones y la violencia ocurrida durante las manifestaciones de manera independiente, responsable y transparente.
La corrupción, entendida como el abuso de poder para el beneficio propio, y la debilidad de las instituciones exacerban la situación actual. La limitada autonomía de éstas las torna inefectivas en garantizar los derechos de los ciudadanos y el respeto a los principios democráticos y al imperio de la ley. Las instituciones y el gobierno venezolano tienen la responsabilidad de respetar y proteger las libertades civiles de los ciudadanos. Las protestas pacíficas son una característica fundamental de toda sociedad democrática. Debería ser legítimo para todos los ciudadanos demandar y aspirar a un gobierno y una sociedad libre de corrupción.
Con información de Transparency International
Las comunicaciones
- Transparency International. Alemania
- Transparency International UK. Reino Unido
- Semillas para la Democracia. Paraguay