El agua turbia contaminada con mercurio le llegaba por encima de los talones y le impedía ver bien sobre qué estaba caminando, pero no había tiempo para detenerse, Erika debía atravesar rápido la laguna que la separaba de su sitio de trabajo, la mina conocida como Cuatro muertos, ubicada en Las Claritas, una de las zonas con los mayores reservorios de oro de Venezuela y también de las más peligrosas del país.

Una franela, un pantalón recogido hasta las rodillas y unas sandalias rotas era lo único que llevaba puesto cuando se metió en uno de los miles de hoyos que han abierto en el suelo de Bolívar para sacar material aurífero. No tenía nada que le protegiera los ojos, la nariz o las manos, pero martillaba con fuerza las piedras y recogía lo que se iba desprendiendo para guardarlo en un saco raído que traía consigo.

Erika es solo una entre miles de personas que a diario se meten a hoyos superficiales o se hunden 50, 70 y hasta 120 metros bajo tierra, en las denominadas galerías horizontales, para sacar las piedras que luego son llevadas a molinos en los que se extrae el oro que posteriormente pasa de mano en mano hasta ser contrabandeado fuera de Venezuela o hasta llegar al Banco Central de Venezuela (BCV).

Los mineros representan el primer eslabón del oscuro negocio de la explotación y comercialización del oro que fue exacerbado por el gobierno nacional con la publicación, en febrero de 2016, del decreto No. 2.248, que comprende la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

El proyecto que asomó el presidente Hugo Chávez en 2011 y que terminó aprobando su sucesor, Nicolás Maduro, avaló arbitrariamente la minería de 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar con presencia de minerales como oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito.

Lo que se vendió como una gran oportunidad para reordenar la pequeña minería del sur del país, atraer millonarias inversiones de empresas nacionales y extranjeras e incrementar los aportes a los programas sociales, terminó siendo una sentencia de muerte para las selvas venezolanas y su gran biodiversidad, para las 198 comunidades indígenas que allí habitan y para quienes, como Erika, se pierden en el deseo de alcanzar El Dorado.

Muchos interesados, pocos comprometidos

La tarde del 24 de febrero de 2016, durante una reunión celebrada en la sede principal del BCV, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que más de 150 empresas de 35 países estaban interesadas en invertir en la minería a gran escala del Arco Minero del Orinoco. Para desarrollar los proyectos estaba prevista la conformación de empresas mixtas en las que la República tuviera una participación igual o superior a 55%, mientras que compañías privadas que podían ser venezolanas o extranjeras poseerían el resto de las acciones.

Ese mismo día se anunció la firma de cuatro acuerdos de entendimiento relacionados con el mega proyecto de minería, dos de ellos asociados a la explotación de oro, uno con la empresa Afridiam de la República del Congo y otro con la empresa canadiense Gold Reserve, la cual en 2014 había ganado una demanda el Estado venezolano por su expulsión del proyecto aurífero Las Brisas, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Pese a que Maduro aseguró que eran cientos de empresas las interesadas en el Arco Minero del Orinoco, las que se han asociado con el Estado son pocas. En relación a la explotación del oro, hasta noviembre de 2019, se constituyeron cuatro empresas mixtas y sobre ellas ha reinado la misma opacidad que impera dentro del Ejecutivo nacional. No hay información pública oficial sobre los criterios de selección de los socios, el avance de los trabajos, ni el rendimiento de las operaciones.

El 29 de septiembre de 2016 se creó la primera empresa mixta que participaría en el proyecto y la que se quedó con la explotación del yacimiento de oro más grande de Venezuela, las minas Las Brisas – Las Cristinas. En el decreto No. 2.465 de la Gaceta Oficial No. 41.000 se publicó el nacimiento de Siembra Minera, S.A conformada por la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en representación del Estado venezolano y GR Mining Inc., en representación de la canadiense Gold Reserve.

De acuerdo con las revelaciones de los Paradise Papers, una serie de filtraciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la empresa GR Mining Inc. fue creada en el paraíso fiscal de Barbados el 15 de abril de 2016, apenas cinco meses antes de asociarse con el Estado venezolano, y sus directores son Alexander D. Belanger y a Robert A. Mcguinness, directivos también de Gold Reserve.

Según publicó la compañía canadiense en su página web, Siembra Minera tiene derechos sobre 18.950 hectáreas en las que se encuentran más de 10 millones de onzas de oro, además de yacimientos de plata y coltán, entre otros.

El anuncio de la creación de la empresa mixta hizo que se duplicara el valor de las acciones de Gold Reserve en la Bolsa de Toronto, pero al cierre de 2019 la empresa aún no extraía oro del suelo venezolano. Las minas en las que debería estar trabajando están enquistadas por bandas criminales, autodenominadas sindicatos mineros, que se imponen de la forma más sangrienta y cruel con el amparo de ciertas autoridades regionales.

Nutriéndose de la minería ilegal

Las bandas criminales y las guerrillas que operan en las minas de Bolívar han ocupado incluso los espacios que por ley le corresponde explotar a la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, (Minerven), adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La empresa creada en la década de los 70 y ubicada al sur de la entidad amplió su capacidad de procesamiento de 4 a 11 toneladas al año, luego del Decreto de Nacionalización del Oro que impulsó Chávez en 2011, sin embargo, en 2019 sus plantas están prácticamente apagadas.

Las detenciones de dirigentes sindicales y trabajadores de la compañía, en un marco de criminalización de la protesta, no solo han cercenado la libertad sindical y el debido proceso, también la libertad de expresión de quienes hacen contraloría a sus actividades. Los empleados temen represalias por el estado de censura que opera, pero han optado por hablar bajo la condición de mantener sus nombres en reserva.

Consultados para esta investigación, trabajadores de Minerven confirmaron que la compañía actualmente opera por debajo de 10% de su capacidad instalada y que sus plantas están cubiertas por agua, desmanteladas e invadidas, ejemplo de ello son Planta Perú, Caratal, Revemin y La Camorra, las cuales están tomadas por grupos de mineros locales que operan para los grupos delictivos.

Los trabajadores aseguran que el oro que Minerven está reportando al BCV proviene realmente de mineros ilegales, que no se han incorporado al Registro Único de Mineros que lleva el Ministerio de Desarrollo Minero, no han conformado alianzas estratégicas con la estatal, operan en zonas no autorizadas para la explotación de minerales y, además, continúan usando mercurio, pese al letal envenenamiento que produce en ellos y en el ambiente.

“Minerven no da nada ni produce prácticamente nada. Todo el oro que ha estado saliendo del estado Bolívar se produce en plantas privadas procesadoras que no sabemos de quiénes son y bajo qué condiciones funcionan”, señaló un hombre que laboraba en el área de seguridad patrimonial de la estatal. Otra fuente alertó sobre el auge de los múltiples molinos que operan en la entidad de manera ilegal y dijo que tienen una fuerte vinculación con el sector militar.

Los trabajadores afirman que décadas atrás formar parte de la nómina de Minerven representaba un gran logro personal y profesional dado los altos estándares de calidad que tenía la empresa, ahora sienten vergüenza del estado en que se encuentra y afirman que no hay excusas que justifiquen que la empresa se haya convertido únicamente en una recolectora del oro producido de forma ilegal.

El 19 de marzo de 2019 la compañía y su entonces presidente Adrián Antonio Perdomo Mata fueron sancionados por la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por respaldar las operaciones ilegales de extracción de oro que han permitido “sostener al régimen de Nicolás Maduro”.

Como resultado de la medida, todos los bienes y participaciones en bienes de Minerven y Perdomo que se encuentren en Estados Unidos, en poder o bajo el control de personas estadounidenses, fueron bloqueados. Igualmente, por el reglamento de la OFAC, todos los estadounidenses o quienes residan en ese país tienen prohibido hacer transacciones con los sancionados.

El contrabando ganando la batalla

El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 a partir del nacimiento del Arco Minero del Orinoco, no ha publicado nunca una memoria y cuenta y las cifras sobre la producción de oro en el sur del país solo se han dado a conocer en declaraciones vagas y esporádicas. El ex jefe del despacho, Víctor Cano aseguró que al cierre de 2017 el mega proyecto de minería aportó 8,4 toneladas de oro a las bóvedas del BCV, único responsable de recibir el metal y transar con él, según la Ley de Minas promulgada por Chávez.

Para 2018 se entregaron al BCV 10,5 toneladas de oro más, según la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Despacho del Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera, adscrita al ministerio y citada por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). De acuerdo con la noticia, lo reportado al BCV representa 30% del total de la producción venezolana, pues el resto se pierde vía contrabando de extracción. Ninguna data de 2019 ha sido difundida.

El robo del material aurífero ha sido reconocido y denunciado por el gobierno nacional, que el 8 de junio de 2018 lanzó una operación denominada “Manos de metal” con el propósito de “atacar a las mafias del contrabando de extracción de metales”. El entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, fue el encargado de comunicar que habían sido detenidas siete personas presuntamente vinculadas con el tráfico ilegal y que se libraron órdenes de captura contra otras 28 personas.

Más de un año después de iniciada esta operación los resultados no han sido los prometidos. Pese a que se derrumbaron decenas de improvisados locales de compradores de oro en el sector Altavista de Puerto Ordaz, y se acabó con la vida de Phanor Vladimir San Clemente alias Capitán, cabecilla de una de las bandas más sanguinarias de Guayana, el tráfico ilegal del oro persiste y el poderío de las agrupaciones criminales sigue en aumento.

Sin ir muy lejos, en un concurrido centro comercial, ubicado en el sector Alta Vista de Ciudad Guayana, es fácil ver cómo han proliferado los locales de compraventa de oro que, escondidos bajo fachadas de joyerías y reparación de prendas, captan piedras brillantes que rara vez van a dar al BCV.

“Lamentablemente el escape del oro sigue ocurriendo y esos arrimes que se hacen al BCV son solo la punta del iceberg. Estudios realizados por CVG Minerven y por el Estado demuestran que 90% del oro extraído en estas tierras siguen saliendo de Venezuela por los caminos verdes”, explicó un trabajador de Minerven, que pidió no ser identificado.

Diversas fuentes consultadas para este trabajo coincidieron en que la operación “Manos de metal” no estuvo ni cerca de acabar con las mafias de la región y el contrabando de oro, aseguran que lo que buscaba era provocar un desplazamiento en el liderazgo de la cúpula que gobierna la región. Es decir, quitar unos que ya no eran aceptados para que emergieran otros, más afines.

El desvío ilegal

Un estudio realizado por la consultora Ecoanalítica publicado en el informe de corrupción de 2018 de Transparencia Venezuela destaca que la minería ilegal no es una novedad para Venezuela pues existía antes de que Chávez nacionalizara el sector estratégico en 2011. Sin embargo, asegura que la naturaleza del tráfico de oro fue alterada con la nacionalización, así como las prácticas, las rutas, y los grupos de poder que la controlan. 

Cálculos realizados por la consultora, basados en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela y contrastados con datos oficiales de cada gobierno perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permiten estimar que entre 1998 y 2016 se perdieron por tráfico ilegal de oro cerca de 3.008 millones de dólares. La mayor parte del contrabando se generó en 2016, cuando salieron 1.834 millones de dólares en oro contrabandeado del país (60,9% del total). El dato más actualizado de la firma de economía precisa que al cierre de 2018 Venezuela perdió 2.700 millones de dólares por el contrabando de oro.

De acuerdo con las leyes venezolanas todo el oro debe llegar al BCV a través de Minerven, o por medio de operadores privados que han sido autorizados para comprar el metal a pequeños mineros independientes o cooperativas mineras. Pero eso casi nunca ocurre.

Las vías de escape del oro venezolano son cada vez más variadas, e incluyen el uso de transporte aéreo, fluvial y terrestre. Fuentes entrevistadas coincidieron en que las distintas rutas de contrabando son conocidas por los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Afirman que los integrantes del cuerpo de seguridad no frenan el delito, en algunos casos porque les reporta ganancias a través del cobro de sobornos, y en otros porque se encuentran participando en el robo.

Las rutas más cortas, coinciden los entrevistados, son por Guyana y Brasil, países fronterizos con Venezuela. Una fuente aseguró que, en el caso del primero, se han abierto muchas vías de penetración por la zona de reclamación, El Candado, San Martín, Aroa y Barima.

“Otros se arriesgan más y salen por Colombia por tierra, pero la mayoría es oro propiedad de militares y funcionarios del gobierno. Los sindicatos, incluso, les recogen a ellos”, destacó.

Un comprador de oro de Guasipati entrevistado para este trabajo aseguró que sacar oro vía aérea no es para nada complicado, pero sí en extremo peligroso. Dijo que en su caso ha optado por camuflarlo haciendo relojes no funcionales -incluyendo su correa-, llaves y llaveros recubiertos con metales que no son llamativos. Una vez que las piezas llegan a su destino, son fundidas para separar el oro y convertidos en lingotes puros que posteriormente son comercializados a precios superiores a los del mercado venezolano. “Afuera, una onza troy (31,1 gramos de oro) la pagan hasta en 1.532 dólares, en Venezuela la pagan en menos de 962 dólares”, justifica.

Una investigación realizada por un grupo de periodistas especializados en el tema y titulada Venezuela, paraíso de contrabandistas, también detalla diferentes vías de escape del oro venezolano. Entre otras, menciona que algunos grupos delictivos organizados usan desde lanchas, hasta carros blindados y avionetas para evadir dispositivos de seguridad, incluso han optado por usar “mulas” humanas para sacar el oro en la frontera entre el estado Táchira y Colombia, a más de 1.500 kilómetros de distancia del sur de Bolívar.

Agregan que los traficantes llevan los minerales venezolanos a destinos como Aruba y Curazao donde, al igual que en Colombia, el origen real del oro es borrado. Cuando los metales preciosos llegan a los clientes internacionales, los documentos indican que se ha obtenido en alguna de las dos islas caribeñas.

El trabajo precisa que, sin ningún inconveniente, aerolíneas reconocidas transportan toneladas de oro desde el Caribe hacia los Países Bajos y luego es llevado a las refinerías a lo largo de Europa y Medio Oriente. 

Una fuga consentida

Los venezolanos no solo están perdiendo el oro del Arco Minero del Orinoco como consecuencia del contrabando, también han sido testigos de una extracción masiva y veloz a manos del propio BCV, como lo reveló una reciente investigación elaborada por Runrunes en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).

Del trabajo se desprende que el instituto emisor se ha valido de mecanismos legales y de sus competencias en la comercialización en el mercado aurífero para “lavar el oro sucio» que compra procedente del Arco Minero del Orinoco. Además, el organismo que en el papel es autónomo e independiente de las políticas del gobierno nacional, se ha vuelto una máquina exprimidora del oro monetario, el principal activo de las reservas internacionales con las que cuenta el país. Sus conclusiones han sido respaldadas por el Consejo Mundial del Oro (WGC), que muestra que el BCV fue la institución bancaria que más vendió oro monetario en el mundo por dos años consecutivos (2017-2018).

Una muestra de este desangre de las cuentas nacionales ocurrió en marzo de 2019, cuando 3.600 kilos en lingotes con etiquetas del BCV fueron retenidos en Entebbe, capital de Uganda, a unos 11.000 kilómetros de Caracas. Las barras doradas, fechadas en la década de los 40 del siglo pasado, formaban parte de las 7,4 toneladas de oro provenientes de Venezuela que aterrizaron en el país africano para ser procesadas en la refinería African Gold Refinery Limited y posteriormente enviadas a Turquía, su destino final. Tres semanas después los lingotes fueron liberados y se les perdió el rastro.

La venta inconsulta y en silencio del oro monetario y no monetario es lo que le ha permitido a Nicolás Maduro obtener euros en efectivo con los que está sorteando las sanciones impuestas por Estados Unidos y garantizando su estadía en el poder.