El salvavidas económico en manos de bandas criminales

Si existe un pueblo en Venezuela cuyo nombre se asocie automáticamente al oro ese es El Callao. Fue allí, en el estado Bolívar, donde a mediados del siglo XIX indígenas encontraron oro y nació una tradición de exploración y explotación que décadas más tarde lo llevó a convertirse en el primer productor mundial del metal precioso.

El Callao ha ocupado varias veces los titulares de la prensa nacional, no solo por sus grandes yacimientos o por sus carnavales, también por los episodios sangrientos que se han registrado en la localidad. Los últimos días del mes de octubre de 2019, su nombre volvió a resonar en medios de comunicación cuando en la plaza Bolívar fue hallada una cabeza de un hombre acuchillada y envuelta en un saco, poco después apareció otra cabeza y posteriormente fue arrojado un artefacto explosivo que dejó dos heridos.

Los habitantes de El Callao prefieren no hablar abiertamente sobre lo que ocurre porque temen por sus vidas, pero fuera de los micrófonos o las grabadoras se sabe que lo que pasa es que están en medio de una guerra por el dominio de las zonas mineras que llevó al municipio a situarse como el más violento del país en 2018, con una tasa de 620 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Violencia.

En El Callao, Tumeremo, El Dorado y en los demás pueblos mineros adyacentes a la Troncal 10, vía de más de 700 kilómetros que comunica Venezuela con Brasil, se creó una estructura delincuencial que se dedica a controlar el negocio de la explotación ilegal del oro, cobra vacunas, decide quién entra y sale en cada una de las minas, quién y cómo se trabaja, a dónde se lleva lo que produce, cuánto se vende, a qué precio, con quién se puede hablar, quién puede vivir… Todo impuesto con sangre y fuego.

Habitantes de los pueblos mineros de Bolívar entrevistados para esta investigación coinciden en que la historia de la explotación aurífera en la entidad ha tenido muchos períodos crueles, pero aseguran que el más despiadado fue el que inició hace diez años y se ha extendido hasta ahora.

Afirman que el surgimiento y fortalecimiento de las bandas, autodenominadas sindicatos mineros, fue posible gracias al respaldo y participación de algunos funcionarios con altos cargos en el gobierno, y al beneplácito de los responsables de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacados en la zona.

El respaldo oficial

Un informe enviado el 26 de enero de 2016 a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), respalda las acusaciones que se han hecho contra los integrantes del gobierno regional.

José Gregorio Lezama, ex comisario jefe del Sebin y autor del documento, aseguró que aunque su intención no era investigar al gobierno regional, le fue imposible combatir la delincuencia en la zona sin conseguir los tentáculos de altos funcionarios de la gobernación en la organización y perpetración de hechos punibles. Lezama fue detenido por volverse incómodo para la gestión del entonces gobernador de Bolívar, general de división Francisco Rangel Gómez.

El ex comisario de inteligencia aseguró que el promotor de las bandas criminales autodenominadas “sindicatos” al sur del país fue el general Julio César Fuentes Manzulli, secretario de Seguridad Ciudadana, comandante de la Policía del estado Bolívar (PEB) entre 2006 y 2014 y mano derecha de Rangel Gómez.

Fuentes Manzulli también fue acusado por el primer teniente del Ejército Nacional, Jesús Leonardo Curvelo, quien durante 14 años se desempeñó como su asistente personal.

Curvelo fue detenido el 24 de octubre de 2015 cuando transitaba por la Troncal 10 con más de 33 millones de bolívares en efectivo, guardados en 31 cajas. La Fiscalía lo acusó de pertenecer a una amplia red criminal y lo tuvo tras las rejas por 106 días, hasta que se le otorgó casa por cárcel. El primer teniente aprovechó la oportunidad para huir del país y pedir asilo en Portugal.

Desde el exilio Curvelo redactó un documento con fecha 28 de septiembre de 2016 en el que narró parte de los supuestos actos de corrupción cometidos por su ex jefe, Fuentes Manzulli, que lograron posicionar a las bandas criminales en Bolívar. El informe fue presentado por Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, como prueba de los vínculos del gobierno regional con las mafias.

Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico

El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico fue creado el 9 de junio de 2016, según el Decreto N° 2.350, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.922. Es el ente rector de toda la actividad minera en el país, encargado del desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables. Desde su creación ha tenido cuatro ministros:

Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela es el ente encargado de regular y efectuar operaciones en el mercado del oro, que incluyen su compra en el mercado interno, su resguardo y su eventual comercialización. Desde que se creó el Arco Minero del Orinoco el BCV ha tenido cuatro presidentes:

Corporación Venezolana de Minería

La Corporación Venezolana de Minería es un ente encargado de ejercer actividades primarias de exploración y explotación de oro y demás minerales estratégicos. Representa al Estado en tres de las cuatro empresas mixtas creadas para explotar oro. Desde la creación del Arco Minero del Orinoco, en febrero de 2016, ha tenido cuatro presidentes:

Minerven

La CVG Minerven es una empresa encargada de desarrollar la industria minera nacional. Su labor es efectuar labores de exploración y explotación, procesamiento e industrialización. Está facultada para establecer alianzas con pequeños mineros para el aprovechamiento del oro. Desde el lanzamiento del Arco Minero del Orinoco ha tenido cuatro presidentes.

Ministerio de Industrias y Producción Nacional

El Ministerio de Industrias y Producción Nacional tiene como propósito el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y proyectos para el fomento y desarrollo de las industrias y el comercio, la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria, entre otros. En junio de 2018 se adscribieron a este despacho las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, entre ellas Minerven.

Una prueba exitosa

De acuerdo con las investigaciones de las bandas criminales, su nacimiento se sitúa en Las Claritas y Km 88 del municipio Sifontes. Allí, Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho; Humberto Martes, conocido como El Viejo Humberto; y su hijo, quien lleva el mismo nombre y apellido y a quien apodan Humbertico, comenzaron a imponer el control a fuerza de fuego y sangre.

El dominio de minas como Cuatro muertos, La Leona, El Mecate, Caolín, Las Cristinas, Morichalito, San Isidro, Morrocoy, Potazo y cuanto yacimiento aurífero surgiera al margen del río Cuyuní (dentro del perímetro de la parroquia San Isidro) fue logrado gracias a las dotaciones de armas, municiones y dinero que hicieron representantes del gobierno regional, según refiere el primer teniente del Ejército Nacional, Jesús Leonardo Curvelo.

“Otra de las instrucciones recibidas del G/B Julio César Fuentes Manzulli fue el retiro de armamentos provenientes del Plan Desarme que se encontraban en el Parque Nacional de Armas de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) para trasladarlos a las poblaciones del sur del Estado Bolívar, instrucción conocida por el G/D Francisco Rangel Gómez”, dice Curvelo.

También afirma que Fuentes Manzulli logró que se eliminaran los registros policiales que el hombre conocido como Juancho poseía en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) por homicidios cometidos en el estado Aragua. Agrega que este sujeto posee una segunda identidad gracias a la gobernación de Bolívar: Wilson Starling Aponte Rodríguez.

Más allá de estos informes, pocos hablan de cómo, cuándo y dónde se conocieron el entonces comandante de la Policía del estado Bolívar y el hombre a quien entregaría el poder absoluto sobre uno de los yacimientos de oro más ricos de Venezuela.

Lo cierto es que fue vista como exitosa la prueba de dotar de armamento y cooperar sin restricción con un grupo que controlara todo un pueblo minero, pues reportaba semanalmente coimas en el precioso y codiciado metal a altos funcionarios del gobierno regional. Por lógica, y por ambición, el plan se replicó a otras localidades.

Cambio de rubro

Tanto en el informe de Lezama como en la denuncia de Curvelo destacan dos nombres que son reconocidos y mencionados con naturalidad en las comisarías y en los pueblos mineros, el de Yorman Pedro Márquez Rodríguez, mejor conocido como Gordo Bayón y el de Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, bautizado como Capitán. Los hombres figuraban como cabecillas de una de las bandas que supuestamente recibió más apoyo de parte de la gobernación de Bolívar.

Al dúo se le atribuyen decenas de delitos ocurridos desde 2009 en la parroquia Vista al Sol de Ciudad Guayana, sin embargo hubo un caso por el que fueron solicitados, detenidos, imputados y misteriosamente dejados en libertad con medidas cautelares: un triple homicidio en Vista Alegre, ocurrido el 29 de febrero de 2011 en el que ejecutaron a José Jaime, Richard Carvajal y Maikel Sánchez.

El Ministerio Público acusó a Capitán, a Gordo Bayón y a Rony Yackson Colomé Cruz, alias Ronny Matón, mano derecha de Capitán, de ser los ejecutores del crimen, junto a 2 policías municipales cómplices. Fueron detenidos y se les fijó sitio de reclusión en el internado judicial de Maturín, conocido como La Pica. Pero rápidamente obtuvieron medidas cautelares. 

Pese a su actividad criminal, Gordo Bayón incursionó en la movida sindical de las empresas básicas de Ciudad Guayana, incluso el 7 de mayo de 2012 ingresó a la nómina de Sidor, mientras todavía pesaba en su contra una orden de arresto por el triple homicidio. 

Para 2013 la banda tenía una gran organización logística y de combate, la cual fue financiada por los ingresos de sus actividades criminales en San Félix y en Puerto Ordaz como la venta de drogas y armas y el robo de carros y bancos. Estos movimientos los realizaban apadrinados por funcionarios de rangos altos, medios y bajos. “(…) no hay cartuchos para los funcionarios policiales, pero existe un grupo dentro del gobierno regional que está armando a los delincuentes entregándoles zonas de responsabilidad en los sectores populares”, denunció el comisario Lezama, en su informe. 

Una situación similar describió el primer teniente del Ejército Nacional, Curvelo. Afirmó que a raíz de ese apoyo fue que Gordo Bayón y Capitán lograron hacerse con importantes minas en cuestión de meses: Las Vainitas, en Guasipati; y ocho más en El Callao.

Gordo Bayón fue asesinado en Caracas el 2 de junio de 2014 cuando salía del Palacio de Miraflores después de participar en una reunión que el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) sostenía con el Ejecutivo para discutir incumplimientos de la contratación colectiva de Sidor.

Tras la muerte de Gordo Bayón, el mando recayó en Capitán. Este último llevó las riendas de la banda los siguientes cuatro años, hasta que el 27 de octubre de 2018 fue abatido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Miranda. El antisocial, quien estaba solicitado tras la Operación Manos de Metal –realizada este 2018 contra las mafias dedicadas a la extracción y comercialización ilegal del oro–, recién regresaba al país después de hacer viajes de negocios a España y Guatemala. A su muerte, alias Ronny Matón, quedó encargado de la banda.

La venia gubernamental denunciada en este caso también ha sido clave para que Fabio Enrique González Isaza, mejor conocido como El Negro Fabio opere a sus anchas en El Dorado pese a tener orden de captura por la misma Operación Manos de Metal. Es el segundo pran más antiguo del sur de Bolívar y controla grandes minas como San Luis de Morichal, El Chivato, La Pelota, La Pelotica, y cuanto pequeño yacimiento sea explotado en los ríos Cuyuní y Yuruari.

Sin aprobación

Si bien Gordo Bayón y Capitán se hicieron con gran parte de las minas de El Callao, no pudieron tener el control total del municipio porque encontraron la resistencia de otras bandas, que también han sido identificadas. Al llegar a la zona se toparon con que había al menos otras 3 organizaciones distribuidas en la localidad: alias El Toto en el sector El Perú; alias El Chingo en Caratal y Remington; y los alias Angelo y Ruqui en La Ramona. A su vez, cada grupo controlaba un número considerable de minas que les permitían financiar la compra de armamentos.

En El Perú, El Toto tenía bajo su dominio nueve minas, entre ellas la Yin-Yan, La Janza y El Encanto; en Remington y Caratal, El Chingo tenía el poder sobre antiguas plantas de la empresa estatal Minerven, conocidas como mina Remington, mina Caratal y La Calicata; mientras que en La Ramona, Angelo y Ruqui dirigían cuatro minas más: La Iguana, La Culebra, La Ramona y Virgen del Valle.

Estos grupos no contaban con la venia del gobierno regional -a diferencia de la banda foránea- y ello les costó un sinfín de bajas a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Ejército, Guardia Nacional, Sebin, Dgcim y Policía del estado Bolívar.

La primera banda en desaparecer fue la de El Chingo; su captura en Ciudad Guayana a mediados de septiembre de 2014 significó la desaparición del grupo y la muerte –a manos rivales– de la mayoría de sus integrantes. Su terreno pasó 50% a Capitán y 50% a El Toto.

Los siguientes en ser sacados de la jugada fueron Angelo y Ruqui, quienes terminaron de ser asesinados a finales de 2015 a manos de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía del estado Bolívar (Diepeb); las minas ahora son administradas por concejos comunales. 

Respecto al sector El Perú, en agosto de 2018 el Ejército y la Dgcim intentaron penetrar los dominios de El Toto; según los locales, la medida se tomó a raíz del nombramiento de Tareck El Aissami como ministro de Industrias y Producción Nacional. “No fue una incursión netamente militar. Primero mandaron al ELN y luego fue que entraron los francotiradores”, denunció para ese entonces Josué Brito, representante del Frente Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería y Actividades Conexas (Futtmac); apenas un mes después de esta declaración fue asesinado por soldados de la 51 Brigada de Infantería de Selva.

Pero El Toto resistió y su nombre volvió a relucir a comienzos de noviembre de 2019, cuando se le atribuyeron dos comunicados que circularon en El Callao con graves acusaciones. Una, que el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, les abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y dos, que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral. Meses antes, Hurtado también fue vinculado con la banda criminal pero negó que eso fuera cierto.

Pueblo chico, infierno grande

Después de El Callao, Tumeremo es uno de los poblados que más oro tiene, con minas como Botanamo, El Limón, El Peregrino, Hoja de Lata I y Hoja de Lata II, Vuelvan Caras, San Martín de Turumbán, Anacoco, El Frío y Nuevo Callao.

Fuentes de la región, que prefieren mantener sus nombres en reserva, por temor a represalias, coinciden en que ese pueblo es el claro ejemplo de lo que ocurre cuando las bandas criminales comienzan a tomar decisiones propias. 

La primera advertencia de lo que se vive hoy en día en este poblado minero ocurrió el 4 de marzo de 2016, cuando la banda de El Topo –sobrenombre por el que era conocido el ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez– asesinó a 21 personas. Aunque se alega que el hecho ocurrió por los presuntos vínculos de las víctimas con su rival, Alexandro Lisandro González Montilla, conocido como El Gordo Lisandro, algunas fuentes coinciden en que la causa de la masacre fue el Arco Minero del Orinoco, el proyecto con el que el chavismo avaló la explotación de 111.843 kilómetros cuadrados en conjunto con empresas nacionales y extranjeras que se anunció pocos meses antes.

La magnitud del hecho trascendió las fronteras de Bolívar, escandalizó al país y convirtió a El Topo en el hombre más buscado de Venezuela. El Topo fue abatido por fuerzas especiales del SEBIN exactamente 3 meses después de la denominada Masacre de Tumeremo o Masacre de Atena.

Sin embargo, su muerte solo sirvió de caldo de cultivo para crear las condiciones perfectas de la zozobra que hoy en día se vive en cada casa, calle, mina, escuela y establecimiento de la localidad por el surgimiento de otros grupos armados y el respectivo reacomodo de poderes. 

La caída de El Topo dejó el camino libre para El Gordo Lisandro, quien comandó las minas tumeremenses hasta que su mano derecha lo traicionó a principios de julio de 2018. Su muerte provocó el ascenso de Josué Enrique Zurita Arévalo, mejor conocido como El Coporo, y el surgimiento de una banda paralela que busca vengar a su líder traicionado y hacerse con las mieles que brinda el poder: Los leales a Lisandro.

Además de las bandas, en Tumeremo así como en Guasipati se ha registrado la presencia del ELN, quienes también se disputan el poder. Entre los golpes dados por los guerrilleros colombianos, destaca el ocurrido la mañana del 14 de octubre de 2018 cuando interceptaron a un grupo de personas que se dirigían a la mina Corre Gente y asesinaron a 7 personas, 6 de ellas cercanas a la banda. 

Una semana después, comisiones mixtas del Estado incursionaron en el barrio La Caratica y mataron a 7 integrantes de la banda dirigida por El Coporo y su mano derecha, un lugareño conocido como El Talao.

En la disputa por apoderarse del control de las minas, la guerrilla colombiana se sigue abriendo terreno. El espacio en el que opera el ELN es vasto: Desde los límites del municipio Piar con Roscio hasta la frontera entre Sifontes y Gran Sabana. 

Pese a que los denominados sindicatos le han impedido ingresar a más minas, monte y río adentro, hacia las comunidades indígenas de San Luis del Morichal, San Antonio y San Francisco de Paruruwaka, los guerrilleros han encontrado apoyo por parte de algunos locales. Más que apoyo, alianzas.

“Los guerrilleros brindan seguridad a los indígenas contra otras bandas armadas y los pemones les permiten lucrarse con actividades mineras. Es normal llegar a estos sitios y encontrarse con muchachos y muchachas vestidos de camuflaje o de negro, con sus distintivos rojo con negro y un fusil más grande que ellos”, denuncia una persona cercana a esta situación que prefiere mantener su nombre en reserva. 

Además de los homicidios, la minería y la extorsión a ganaderos, hay otra actividad del ELN que causa suma preocupación a quienes trabajan con las comunidades -indígenas o criollas- del sur del estado Bolívar y es el reclutamiento de jóvenes para integrar las filas del grupo guerrillero. “Les ofrecen hasta 300 dólares mensuales para unírseles”, revelan. El monto resulta sumamente atractivo si se contrasta con los escasos 10 dólares que puede percibir una persona que gana salario mínimo en Venezuela.

Mientras esto pasa, las autoridades nacionales y regionales insisten en que en Venezuela no hay presencia de ningún tipo de guerrilla y le restan importancia a todas las denuncias, muestra de ello son las declaraciones que en octubre de 2018 dio el mayor general Jesús Mantilla, entonces comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana. Al referirse a la denominada Masacre de El Candado aseguró que en Bolívar “no hay grupos subversivos, grupos guerrilleros como tal, simplemente son algunos muchachos que se colocan alguna prenda”.

Los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no solo son acusados por su presunta inacción frente a los grupos guerrilleros colombianos, también han sido señalados de contribuir con ellos en el reclutamiento de jóvenes. Un enfrentamiento ocurrido entre integrantes de la FANB e insurgentes al sur de Bolívar el 1 de marzo de 2019 despertó esas alarmas. 

La versión oficial se conoció  por un parte informativo que la REDI Guayana envió por Whatsapp, en el que informaban que comisiones del Destacamento 624 de la GN y del 512 Batallón de Infantería de Selva del Ejército fueron emboscadas en el sector Pariche de Tumeremo, en el municipio Sifontes.

Junto al “parte” llegaron las fotos de los cadáveres, cuatro hombres y una mujer, todos semidesnudos, a quienes señalaban de portar armas de guerra, municiones de alto calibre y explosivos. Obviaron que vestían indumentaria militar la cual les fue retirada antes de las fotografías. Sin embargo, después se colaron las fotos de los abatidos antes de ser desvestidos.

Cuatro días después del hecho se reveló uno de los abatidos, Francisco Javier Solórzano Colmenares, había sido captado por oficiales del Ejército en Elorza, el pueblo apureño, y posteriormente entregado al ELN en Tumeremo tras una serie de engaños.

Un militar que hizo amistad con el abatido aseguró que Solórzano Colmenares fue contactado a principios de noviembre de 2018 por los oficiales del Ejército quienes le ofrecieron trabajo como escolta en Fuerte Tiuna, Caracas, pese a no tener experiencia en el manejo de armas el hombre aceptó por el pago. 

«Él vino a Caracas y estuvo varios días haciendo diligencias para obtener el cargo. Se quedaba acá en Fuerte Tiuna y fue cuando comenzamos a hablar. Me contó que era Técnico Superior Universitario (TSU) en Tecnologías de Producción Agroalimentaria, que estaba casado y que tenía dos chamitos. Aunque no tenía entrenamiento con armas, aceptaba por el pago», relató el funcionario tras enterarse de la muerte del joven.

Terminado el papeleo, Solórzano Colmenares regresó a Elorza para esperar el siguiente contacto. Empezando 2019 lo llamaron y le dijeron que debía presentarse el 13 de enero para iniciar su trabajo. El muchacho cumplió y ese día estaba en Caracas, sin embargo no comenzó a trabajar allí, le plantearon una nueva propuesta, esta vez en Bolívar. 

“Hablamos sobre eso y al final decidió aceptar por el pago, porque era mejor que el de Caracas. Francisco creía que por ser selva, todo era más tranquilo. Salió el 14 por tierra junto a otras personas a quienes habían contactado bajo la misma modalidad, eran de Barinas, Apure y Táchira”, recuerda el militar sobre la última vez que vio vivo a su amigo. 

El siguiente contacto que tuvieron, fue la noche del 15 de enero, cuando Francisco lo llamó y le comentó que el trabajo no era en Fuerte Tarabay de Tumeremo, sino que era con el ELN. “El comandante de ese fuerte los amenazó con hacer daño a sus familias si decían algo”, agrega. 

Pasó un mes hasta que Francisco volvió a contactar a su amigo. Le dijo que la paga era directamente en oro y que era más de lo ofrecido por el Ejército venezolano, lo convidó a unirse al grupo y luego se cayó la llamada. Desde ese entonces no hubo más comunicación… hasta que el 1 de marzo se enteró por Twitter del destino de su amigo apureño.