El pasado mes de agosto del año 2015, un grupo de 40 ciudadanos colombianos, muchos de ellos con más de 10 años residenciados en el país, fueron deportados desde Paraguachón, municipio Guajira, en el estado Zulia, por una comisión especial conformada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la Guardia Nacional Bolivariana. Marcos Amaya, coordinador regional del Saime, condujo la entrega del grupo de deportados en el puesto militar fronterizo, donde las autoridades migratorias de Colombia los recibieron e hicieron la revisión del registro domiciliario de estos ciudadanos en Venezuela.

Es la primera deportación de colombianos con salida desde la zona fronteriza del Zulia, desde que fue cerrado el paso a Colombia por el estado Táchira el miércoles 19 de agosto por órdenes expresas del presidente Nicolás Maduro.

Aunque la frontera en el puesto de control de Paraguachón sigue abierta, la población del teme un inminente cierre como consecuencia de las tensiones que en la zona causan las operaciones militares venezolanas en persecución del contrabando de gasolina y productos regulados hacia territorio colombiano.

Los familiares de los deportados denuncian que los deportados han sido víctimas de agresiones durante el procedimiento que está enmarcado en la Operación Liberación del Pueblo, nuevo mecanismo de seguridad implementado por el Gobierno a través de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMATVV) que desde el pasado 13 de julio se vienen realizando en diferentes regiones del país, tal como ha ocurrido en Táchira.  Además se conoció que los comerciantes de la zona muestran preocupación y rechazan las medidas asumidas por el gobierno venezolano, lo que puede afectar gravemente las condiciones de vida de los habitantes de esa región fronteriza.

Ante esta situación, Transparencia Venezuela alza su voz para denunciar la actuación “inhumana” que han tenido los organismos de seguridad y solidarizarse con los más de mil colombianos que han sido deportados al vecino país, los cuales en su mayoría han sido víctimas de atropellos y maltratos físicos y verbales.