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Los 82 países evaluados en el Índice Anti-Corrupción del sector Defensa en Gobiernos representan el 94 por ciento del gasto militar mundial en 2011, equivalente a $ 1,6 billones.

 

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Transparencia Internacional Reino Unido, a través de su programa de seguridad y defensa, publicó este martes su Índice Anti-Corrupción del sector Defensa en Gobiernos, en el cual se evalúan los riesgos de corrupción y vulnerabilidad en establecimientos gubernamentales de Defensa (Ministerio, Fuerzas Armadas y otras instituciones involucradas) en 82 países, entre ellos Venezuela.

 

Según los resultados, las naciones son ubicadas en una escala de la A a la F, donde el primero indica bajo riesgo de corrupción y el último riesgo crítico, de acuerdo a la evaluación detallada de 77 indicadores que cubren cinco áreas de riesgo importantes en el sector: la política, las finanzas, personal, operaciones y adquisiciones.

 

Venezuela

 

Venezuela se encuentra dentro del rango E que implica un muy alto riesgo de corrupción, junto con otros 17 países. El país demuestra una grave falta de transparencia y escasa aplicación de la legislación vigente, lo que lleva a malos resultados en todas las categorías de riesgo. La investigación para la obtención de estos resultados  estuvo a cargo de Transparencia Venezuela.

 

En detalle, en el área de Política se encontró que en Venezuela existe un fuerte control desde el Ejecutivo pero con un comité de supervisión con un mínimo de derechos formales. Las situaciones en el área de Defensa son tratadas en secreto, por lo que no hay información disponible al público, no existe debate ni colaboración entre la defensa nacional y las organizaciones de la sociedad civil.

 

El presupuesto de defensa carece de detalles y transparencia, a menudo sin ninguna oportunidad para los desafíos o sugerencias del comité de supervisión correspondiente. Hay pruebas de la penetración de la delincuencia organizada en el sector, con la participación de funcionarios de alto rango del Ministerio de Defensa. Sin embargo, las investigaciones y seguimiento de las mismas dependen de los sistemas internos del Ministerio de Defensa y las Decisiones del Presidente.

 

Hay una extrema politización del servicio de inteligencia en términos de su supervisión y nombramientos de altos cargos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa no tienen control o participación financiera en empresas relacionadas con la explotación de los recursos naturales.

 

Con respecto a los riesgos de corrupción del área Financiera, no se conoce cuánto se destina a las partidas secretas, esta información al no ser pública, no es tomada en cuenta por la legislatura ni está sujeta a auditorías. Los gastos fuera del presupuesto están legalmente permitidos y han aumentado rápidamente en los últimos años, con la fácil aprobación de la AN donde el gobierno tiene mayoría. No existe un marco legal que regula la clasificación de información, sino que se han aprobado leyes que restringen aún más la información en relación con los asuntos militares. Además, se han recibido informes y denuncias de la participación del personal del Ministerio en la venta de armas ilegales.

 

En cuanto al Personal, no existen evidencias de compromiso en la lucha contra la corrupción en el Ministerio de Defensa, de hecho hay varias acusaciones de participación de oficiales de alto rango hechos de corrupción que siguen sin investigación No existe legislación para facilitar la denuncia de irregularidades o proteger a los denunciantes y hay poca o ninguna transparencia con respecto al número de personal y sus tasas de pago y prestaciones. Se evidencia la ausencia de procedimientos formales para facilitar los nombramientos y ascensos, los cuales dependen de la afiliación política y no por mérito. Sin embargo, hay un sistema de pago que ayuda a evitar la existencia de soldados fantasmas, lo cual es un punto positivo.

 

En el ámbito de las Operaciones, Venezuela no enfoca a la corrupción como un problema estratégico en las operaciones, no hay ningún tipo de formación o directrices para los comandantes sobre temas de corrupción en el campo.

 

Finalmente, en el área de las Adquisiciones, no hay evidencia de legislación relativa a las adquisiciones en defensa y seguridad, lo cual indica que están basadas en intereses políticos y no en una estrategia nacional. Las compras reales son selectivamente anunciadas al público. El nivel de competencia en las contrataciones es incierto y las juntas de licitaciones parecen no estar sujetas al código de conducta, reglamentos o auditorías.

 

No existe legislación formal para penalizar y disuadir la colusión existente, sin embargo hay algunas sanciones para castigar a los proveedores corruptos. Hay evidencia de que los agentes e intermediarios participan en el proceso de adquisición, aunque esto está prohibido oficialmente. Por último, las decisiones de compra de Venezuela están fuertemente influenciadas por la política de las naciones vendedoras.

 

De los siete países de América evaluados en este informe, Venezuela es el que tiene mayores riesgos de corrupción en el área de Defensa. El resto de las naciones de América Latina se ubican en su mayoría en la escala C, que significa riesgo moderado, a excepción de México que está en el rango D+ (Alto Riesgo).

 

Venezuela se encuentra dentro de los veinte más grandes importadores de armas por volumen, que invirtieron en compra de armamento un monto superior a los 500 millones de dólares en 2011.

 

Defensa en el mundo

 

Los 82 países evaluados en el Índice Anti-Corrupción del sector Defensa en Gobiernos representan el 94 por ciento del gasto militar mundial en 2011, equivalente a $ 1,6 billones.

 

Los resultados arrojaron que el setenta por ciento de los gobiernos carece de medidas para prevenir la corrupción en el sector defensa. Las naciones con escasos controles conforman dos tercios de los mayores importadores de armas y la mitad de los mayores exportadores de armas del mundo.

 

El índice muestra que sólo el 15 por ciento de los gobiernos evaluados supervisan que la política de defensa sea integral, responsable y eficaz. En el 45 por ciento de los países hay poca o ninguna supervisión de la política de defensa, y en la mitad de las naciones hay evidencia mínima de escrutinio de los contratos públicos.

 

El estudio también constata que a los ciudadanos se les niega frecuentemente conocimientos básicos sobre el sector. La mitad de los presupuestos de defensa de los países carecen de transparencia, o incluyen información muy limitada. En el 70 por ciento de los países, a los ciudadanos se les niega una simple indicación de cuánto gasta su gobierno sobre los puntos secretos.

 

Alemania y Australia son los únicos países que tienen fuertes mecanismos anticorrupción de acuerdo con el índice, ya que poseen una sólida supervisión parlamentaria de la política de defensa, las normas estrictas que se esperan de las empresas de defensa y los servicios responsables de inteligencia.

 

Nueve países: Argelia, Angola, Camerún, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Libia, Siria y Yemen muestran riesgo crítico, en vista de que carecen de medidas básicas como los controles que permitan la rendición de cuentas, por lo que la institucionalización de los mecanismos de lucha contra la corrupción en el sector, son casi imposibles.

 

América del Sur y Europa del Este, por el contrario, muestran un menor riesgo de corrupción gracias a fuertes controles técnicos en áreas como la aplicación de auditorías.

 

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