Seleccionar página

Agua: materia pendiente del Estado e imperativo ante el COVID-19

Noticias, Slider Home

En el marco de la emergencia sanitaria, el Estado venezolano no garantiza el suministro del servicio a la población. El agua, como derecho humano, requiere que el líquido deba ser suficiente, accesible y asequible, todas características diferidas e incumplidas a causa de la gran corrupción practicada en la gestión del recurso

Transparencia Venezuela, 04 de mayo de 2020. El Agua fue establecido como derecho humano y aprobado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2002, y posteriormente, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, Venezuela dista mucho de garantizar este derecho, entendiendo que el agua es un elemento esencial para hacer efectivas otras prerrogativas como la salud y la alimentación. Esto obliga a que se cumplan ciertos criterios, para que todas las personas puedan disponer del agua: debe ser suficiente, accesible y asequible, saludable, y poseer propiedades físicas propias inalterables, incolora, inolora e insípida.

Actualmente, en Venezuela no se encuentran ninguno de estos elementos. El manejo del servicio del agua potable y el saneamiento está a cargo de empresas del Estado, cuya fundamentación responde a políticas populistas que han destruido las cadenas productivas y han llevado la calidad del servicio fuera de las normas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las legislaciones como Ley Penal del Ambiente y Ley Orgánica para la Protección de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. De acuerdo con el informe Rehenes de la Gran Corrupción de Transparencia Venezuela, “la gestión de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de aguas residuales depende en gran medida de la calidad de las infraestructuras y su equipamiento, del servicio eléctrico que se reciba y de la adecuada operación de la infraestructura asociada a la prestación del servicio”. 

Con base en esto, el problema de abastecimiento y calidad de agua en el país se ha venido extendiendo. Las causas provienen de la ausencia de planificación y políticas en recursos hídricos, obras inconclusas, corrupción, falta de talento humano capacitado, entre otros factores. Todos han desencadenado en el crítico escenario que padecen los venezolanos en estos momentos de emergencia humanitaria compleja, al que se ha sumado la pandemia provocada por el COVID-19.

En tanto, el estudio de percepción ciudadana realizado en 10 de las principales ciudades del país, por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, señala que solo 16,7% de los hogares recibe agua de manera continua. La ciudad de Punto Fijo  (municipios Los Taques y Carirubana), registran los valores de mayor deficiencia en el servicio

Con la pandemia por el Covid-19, se agudiza la crisis. La ciudadanía necesita un flujo continuo del servicio para prevenir el contagio por el virus. El suministro de agua potable, en esta época del año, es mucho más acuciante en las poblaciones del interior del país, zonas rurales, personas con discapacidad, privados de libertad, centros de salud y demás grupos vulnerables a los efectos de la emergencia sanitaria.

Recientemente, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que “la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable”.

Por otra parte, las enfermedades de transmisión hídrica son causadas por un saneamiento inadecuado, lo cual supone un coste económico en medicinas y cuidados que afectan a los sectores más desprotegidos y, por consiguiente, al Estado. Desde Transparencia Venezuela, preocupa la inacción del gobierno nacional ante esta problemática que ha originado precarias condiciones en la ciudadanía, vulnerándose sus derechos humanos fundamentales y no teniendo acceso a un nivel de vida digno. 

El diseño, planificación y ejecución de una política pública en materia de recursos hídricos, que tenga como enfoque los criterios normativos del derecho humano al agua y al saneamiento, y que contenga principios de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, es responsabilidad del gobierno en funciones. Debe atenderse, en un primer momento, la asignación de recursos humanos, técnicos y científicos para la evaluación de los recursos hídricos y reorientar las capacidades financieras y operativas de los organismos competentes, para priorizar procesos claves como la infraestructura de bombeo y transporte de agua, de manera de poder prestar la atención necesaria a la población y garantizar su derecho al agua, la salud y la alimentación. El derecho al agua es una deuda pendiente con los venezolanos, y un imperativo ante la pandemia.

Share This