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Al menos 25 diputados fueron agredidos en manifestación del 4 de abril

Mientras que algunos parlamentarios acusaron los efectos del gas lacrimógeno, otros necesitaron asistencia médica producto de los golpes recibidos, otros dos dos fueron victimas de robo.

Durante la movilización opositora de este 4 abril que intentó trasladarse hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, en donde se tenía previsto iniciar el proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la ruptura del hilo constitucional, se registraron al menos 25 parlamentarios agredidos producto de la represión de los cuerpos policiales.

Por parte de la directiva del Parlamento el propio presidente de la Cámara Julio Borges (PJ-Miranda) en compañía del ex presidente de la instancia, Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) se vieron afectados por los gases lacrimógenos disparados por cuerpos policiales a la altura de la avenida libertador de Caracas.

Otros asambleístas que fueron víctimas de las bombas lacrimógenas fueron Milagros Valero (PJ-Mérida) Carlos Paparoni (PJ-Mérida), José Manuel Olivares (PJ-Vargas), Miguel Pizarro (PJ-Miranda), José Guerra (PJ-Dtto. Capital), Olivia Lozano (VP-Bolívar), Armando Armas (VP-Anzoátegui), Jorge Millán (PJ-Dtto. Capital), Carlos Michelangelli (AD-Anzoátegui), José Trujillo (AD-Aragua), Amelia Belisario (PJ-Aragua), entre otros. Sin embargo quien resultó más afectado de mayor gravedad producto de lo químicos, fue el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciarios, Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) quien tuvo que ser atendido de emergencia en un centro asistencial al presentar una grave afección respiratoria.

Entre los que recibieron golpes durante la jornada destaca el presidente de la Comisión de Contraloría, Juan Guaidó (VP-Vargas) quien terminó con un yeso en su brazo derecho, “me hirieron con los bastones en el brazo, tengo contusiones en el rostro, en la rodilla derecha, en el hombro, en el antebrazo, en la espalda y en la cabeza” aseguró el parlamentario en declaraciones ofrecidas a la prensa este miércoles en los jardines del Palacio Legislativo.

Dos diputados victimas de hurtos

La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, Melva Paredes (UNT-Aragua), denunció a través de su cuenta de twitter el robo de sus pertenencias por parte de grupos afectos al gobierno mientras era reprimida la movilización por los cuerpos policiales.

Situación similar denunció el diputado Piero Maroun (AD-Monagas), quien aseguró en su cuenta social de twitter que fue abordado durante la manifestación por presuntos funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN) quienes lo habrían agredido y robado el teléfono celular.

Abril de agresiones 

Tan solo entre el mes de enero al 31 de marzo del presente año desde Transparencia Venezuela contabilizamos 58 ataques recibidos por la Asamblea Nacional, entre las que se encuentran todas las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, la asfixia financiera y la anulación del pasaporte de tres legisladores, entre otras agresiones.

Pero el mes de abril parece agudizar las embestidas contra el Poder Legislativo, pasando del plano institucional al terreno físico, muestra de ello es el rostro del presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) quien tuvo que recibir 56 puntos de sutura en la parte superior del ojo izquierdo, luego de ser agredido por simpatizantes del gobierno durante una protesta registrada en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo el pasado 3 de abril. Durante el mismo hecho el diputado José Brito (PJ-Anzoátegui) terminó con dos costillas rotas.

Inmunidad parlamentaria

Según el artículo 200 de la Carta Magna, “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de sus mandato o de la renuncia del mismo (…)”. En la práctica, este mandato parece no tener ninguna validez, tanto es así que hasta la fecha el diputado Gilbe Caro (VP-Miranda) llegó a los 84 días privado de libertad sin que se iniciara el procedimiento para la solicitud de un antejuicio de mérito para determinar los presuntos delitos que por los que se acusa al legislador.

Ante las violaciones de la inmunidad parlamentaria, la Carta Magna detalla en su artículo 200 que “Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los integrante de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados y castigadas de conformidad con la ley”.

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