Seleccionar página

ass-n

Este lunes 07.04.2014 pacientes, gremios médicos, sindicatos del sector salud, organizaciones sociales y ONG´s de derechos humanos, se concentraron, junto al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en la sede de la Defensoria del Pueblo, ubicada en la Avenida Urdaneta, para consignar un documento ante el Despacho de la Defensora Gabriela del Mar Ramírez, en el que expresaron su preocupación por el gravísimo estado de precariedad en el que se encuentra el sistema nacional público de salud en Venezuela, como consecuencia de las condiciones de deterioro, a las que han estado sometidos la mayoría de los centros asistenciales y los programas de salud pública, durante un prolongado período de tiempo.

Conoce el documento presentado ante la Defensoría del Pueblo este 07.04.14

Ya durante el año 2013 diversas organizaciones y personas, en atención a lo dispuesto en los artículos 51, 62 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), 2,4 y 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y 25, 26, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica de Salud, dirigimos una comunicación a la Defensora del Pueblo, con competencia para actuar en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos constitucionalmente y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas, a fin de obtener oportuna y adecuada respuesta, a diversos hechos que afectan el derecho a la salud de los venezolanos, como la denuncia relacionada con la epidemia de influenza AH1N1 que afectó a nuestra población durante el año 2012, solicitando la apertura de una averiguación que restituyera las garantías necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la salud de los venezolanos ante las contingencias causadas por esa epidemia.

La ausencia o el retraso imprudente de medidas efectivas, adecuadas y sostenibles para solventar estas fallas, constituyen violaciones del derecho a la salud, generando que la población sea privada de tratamientos y servicios de atención esenciales

Cabe destacar que en marzo de 2013, el Presidente Nicolás Maduro –quien para ese entonces desempeñaba el cargo de vicepresidente- calificó de “indolente” la “situación bastante deplorable” de muchos hospitales públicos en el país.

Nueve meses más tarde, enfatizó en la necesidad apremiante de recuperar los hospitales púbicos, afirmando que su estado era “una vergüenza para la Revolución” y que ello era lamentable por la magnitud de las inversiones hechas en materia de salud. En enero de 2014, el Ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, identificó la persistencia de deficiencias estructurales como “la falta de integración” del sistema público de salud y su “inviabilidad” debido al insuficiente número de trabajadores de salud que ahora existía en los centros asistenciales, aún cuando resolver estos problemas fue objeto de obligaciones del Estado en 1999 por mandato de la Constitución, lo que constituye un incumplimiento sistemático de dichas obligaciones para lograr la plena efectividad del derecho a la salud.

Pese a estas declaraciones, las medidas anunciadas por las autoridades del Ejecutivo no han conducido a cambios de política que puedan superar responsablemente la gravedad de las dificultades que presenta la salud pública ni ha llevado a la aplicación de correctivos con la debida urgencia y transparencia para solucionar los siguientes problemas:

a) El severo desabastecimiento de insumos y medicamentos, que induce a criterios restrictivos y arbitrarios de suministro;

b) El cierre de laboratorios públicos y privados, por la escasez de suministros y reactivos para procesar muestras;

c) El hacinamiento dentro de los hospitales y la suspensión de servicios por el déficit de camas. la falta de equipos operativos y la precariedad de la infraestrcutura; incluyendo las remodelaciones iniciadas y no terminadas de varios hospitales públicos, entre los que se encuentran: Hospital General y Materno Infantil de Apure (San Fernando), Hospital General y Toxicológico de Barinas, en la capital del estado; Hospital General y Gastroenterológico de Mérida (El Vigía), Hospital General y Urológico de Guárico (Valle de la Pascua), Hospital Cardiológico de Adultos y el Centro Nacional del Cáncer -pertenecientes todos a la Primera Fase de Barrio Adentro IV-; y el Hospital General con especialización en Caumatologia, Centro Nacional de Atención a las Adicciones, Hospital General con especialización en Oftalmología, Hospital General con especialización en Ortopedia, Hospital General y Neumonológico, Hospital General con especialización en Neurocirugía y Hospital General con especialización en Infectología y Medicina Tradicional Venezolana, pertenecientes a la segunda fase de Barrio Adentro IV.

d) La permanente pérdida de profesionales y trabajadores de la salud debido a la merma y hostilidad de los ambientes de trabajo y las violaciones de los derechos laborales;

e) Las amplias deficiencias técnicas y presupuestarias de todos los programas de salud;

f) La discrecionalidad en la asignación y distribución de los recursos públicos en materia sanitaria, cuyas constantes insuficiencias han acentuado la privatización del acceso a servicios y cuidados de salud fundamentales.

La ausencia o el retraso imprudente de medidas efectivas, adecuadas y sostenibles para solventar estas fallas, constituyen violaciones del derecho a la salud, generando que la población sea privada de tratamientos y servicios de atención esenciales, con lamentables consecuencias de daños o lesiones irreversibles y de personas fallecidas en determinados grupos de población.

En tal sentido, en virtud que el Estado venezolano está incurriendo en graves violaciones de la Constitución y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin que valgan excusas basadas en la insuficiencia de recursos o en cualquier otro factor o dificultad; las organizaciones convocantes a la actividad, agrupadas en torno a la Alianza Social por la Salud, solicitaron la intervención de la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, para promover acciones concretas, inmediatas, impostergables y basadas en la exigencia a todas las autoridades responsables su obligación de garantizar el derecho a la salud y el resguardo de la vida de todos los venezolanos y venezolanas.

Con información de Provea

Share This