AN definirá pautas para la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Carta Magna
Para finales de esta semana la Cámara convocará a los diferentes sectores del país para un encuentro final, que dónde se pretende darle un sentido concreto a las actividades para la aplicación del artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional.
Este martes 28 de junio la plenaria de la Asamblea Nacional debatió la necesidad de poner en práctica la implementación de los artículos 333 y 350 del texto constitucional como respuesta a la avanzada de la iniciativa constituyente impulsada por el Gobierno Nacional. Entre las propuestas expuestas por las parlamentarios destacaron la de desconocer cualquier autoridad que este fuera del marco constitucional, ofrecer las garantías necesarias a los funcionarios públicos para el restablecimiento del orden democrático e impedir el uso de los centros educativos para la realización del denominado “fraude constituyente”.
En este sentido el debate fue iniciado por el diputado Omar Barboza (UNT-Zulia), quien aseguró que la intención del Gobierno es legalizar una hegemonía minoritaria, “Estamos ante la intención de imponer una maniobra que debe ser catalogada como un intento de usurpación golpista” afirmó Barboza.
“Si el presidente quiere la paz, tiene una vía, retirar el proyecto de constituyente para iniciar una diálogo serio” indicó Barboza quien advirtió que en caso de persistir la intención de aplicar el fraude constitucional se deberá acatar el artículo 350, “El 350 se refiere a desconocer cualquier institución o autoridad, el camino es organizar y exigir la retirada del proyecto, y en caso de no ser posible aplicar definitivamente el 350”.
Para la diputada María Beatríz Martínez (PJ-Portuguesa) la aplicación de los artículos constitucionales deben ir acompañado de toda la población y en especial de todos los funcionarios públicos, “todos los ciudadanos y sobre todo los funcionarios públicos deben desconocer las autoridades que tengan si estos están al margen de la Constitución”. Martínez emplazó a sus colegas a elevar las pautas necesarias para que la ciudadanía pueda aplicar a cabalidad el rescate de la Carta Magna. “Debemos ofrecer garantías a los funcionarios para que desobedezcan las órdenes que estén fuera del plano constitucional”.
Complicidad del CNE
El presidente de la Comisión de Ambiente, Simón Calzadilla (MPV-Aragua), advirtió la responsabilidad de las rectoras del Consejo Nacional Electoral al permitir las bases comiciales presentadas con la propuesta constituyente, asegurando que además de violar el principio de soberanía intransferible en el pueblo, viola incluso las normas aplicadas para la postulación de los candidatos ,“entre los candidatos territoriales y sectoriales requerían al menos la recolección de 8 millones de firmas para inscribirse, cómo se inscribieron, dónde están las colas para recoger las firmas de los candidatos, eso no es más que un fraude.” Afirmó.
Calzadilla advirtió que no se permitirá el uso de los centros de educación para legitimar el fraude constitucional que representa la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, a la vez que hizo un llamado a las fuerzas castrenses para tomar acciones, “llegó el momento que las Fuerzas Armadas tomen la decisión de unirse a la voluntad del pueblo”.
Para finalizar la discusión el diputado Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) precisó la necesidad de importancia de salir de la manera más rápida de este Gobierno, a la vez que advirtió su disconformidad con la aplicación de una ley de transición, “Yo no estoy de acuerdo con una ley de transición, una justicia donde tribunales especializados salvan a algunos pillos (…)” a la vez que cuestionó que un futuro Gobierno pueda calarse al actual mando militar y el actual TSJ, “hay quienes andan en la alcahuetería de que nadie pague por los delitos cometidos”.
El debate culminó con la decisión de convocar para finales de semana a todos los sectores del país para definir en lo concreto la activación de los artículos 333 y 350.
Constitución Nacional, artículo 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”
Constitución Nacional, artículo 350: “EL Pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la liberta, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”