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Asamblea Nacional desconoce a Reinaldo Muñoz como Procurador General

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La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde reiteran que Reinaldo Muñoz no es considerado como Procurador General de la República porque no fue designado mediante decreto con el control previo del Poder Legislativo.

En el acuerdo se señala que de conformidad con el artículo 138 de la constitución,  deben considerarse inexistentes todos los actos y contratos adoptados o suscritos por Reinaldo Muños en su condición de Procurador General, los cuales no serán oponibles al Estado. También pide el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad política y penal de todos los involucrados en esta usurpación de funciones.

El diputado Juan Miguel Matheus manifestó que en Venezuela no hay Procurador General ya que Reinaldo Muñoz está usurpando el cargo porque fue designado de manera ilegítima por el gobierno de Nicolás Maduro. Destacó que  es necesario restablecer el orden constitucional porque  en Venezuela  hay un Estado fallido y  la institucionalidad republicana,  entre ellos, la Procuraduría y todo el Poder Ejecutivo.

“Nicolás Maduro no puede hacer lo que le dé la gana respecto de los intereses patrimoniales de la República y en materia contractual, especialmente en lo atinente a contratos internacionales que comprometan a Venezuela”, afirmó.

Matheus señaló que  todos los contratos suscritos por Muñoz son nulos. Recalcó que esto también incluye los contratos con China, Rusia, Cuba y Turquía, que también deben ser tenidos como nulos y no comprometen la responsabilidad patrimonial de la República.

Nuevo apoyo financiero no cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional

El Parlamento Nacional también rechazó el nuevo apoyo financiero que dará la República Popular de China al gobierno venezolano por no conocer bajo qué condiciones fue otorgado y cuál es el destino del dinero. Acordaron ir a la embajada china para advertir el riesgo que se corre con esta transacción pues no fue autorizada por la AN tal cual lo establece la Constitución Nacional.

El diputado Alfonso Marquina señaló que se confirmó que China decidió seguir financiando al gobierno de Maduro. Recordó que este financiamiento es un contrato de interés público el cual requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, según lo establece el artículo 180 de la Constitución de Venezuela para conocer las condiciones y el objeto del mismo y “especialmente para acabar con la poca transparencia que caracteriza la administración pública durante los últimos 20 años”.

Marquina indicó que estos recursos pueden ser malgastados como se hizo con los ingresos petroleros, por lo que solicitó a la Comisión de Finanzas que investigue y haga seguimiento al monto, alcance y condiciones de este endeudamiento y comunicar a la Embajada de China que están incurriendo en un acto inconstitucional, recordándoles que ante un nuevo financiamiento ellos deben exigirle al gobierno la autorización de la AN porque de lo contrario sería nulo y la República de Venezuela estaría imposibilitada de pagar.

 

 

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