Ascienden a 905 las Empresas Propiedad del Estado identificadas por Transparencia Venezuela

La actualización de la base de datos de las EPE en la plataforma de datos abiertos, Vendata, incluye información sobre las negociaciones que ha estado realizando el Gobierno venezolano con el sector privado, que ya han alcanzado a 30 compañías   

Transparencia Venezuela, 19 de agosto 2021. Transparencia Venezuela actualizó el registro de Empresas Propiedad del Estado, EPE, disponibles en la plataforma de datos abiertos Vendata, y ahora ascienden a 905 entidades. La revisión permitió la incorporación de compañías dependientes de las gobernaciones, empresas domiciliadas fuera de Venezuela y aquellas en las que el Estado venezolano participa aún sin tener mayoría accionaria.

La información indica que de las 905 EPE identificadas, 595 están en manos del Ejecutivo nacional con sede en Venezuela, 89 se encuentran fuera del país y 218 en poder de las gobernaciones. Asimismo, el registro apuntó que hay, al menos, 23 empresas en las que el Estado venezolano tiene una participación minoritaria.

A pesar de que en los últimos años algunas Empresas Propiedad del Estado han sido vendidas o liquidadas, como el caso de la Red de Abastos Bicentenario, estas EPE permanecen en la base de datos a modo de registro histórico. Sus fichas fueron actualizadas, aunque ya no se contabilizan en el total de las EPE. Tampoco se incluyen en la suma total los casos de las empresas ocupadas por el Estado cuya propiedad sigue siendo privada, de las que se identificaron 11. 

En la actualización de la base de datos de las EPE también se incorporó información relacionada con los procesos de negociación que se han realizado en los últimos años con el sector privado. Estos datos están disponibles en las categorías “Estatus de operación” y “Situación actual”. Hasta ahora se comprobó que hay 30 empresas en las que participan privados, mientras que otras 60 son posibles candidatas a negociación.

El seguimiento a las EPE permitió advertir que, del total de las empresas registradas, 53% tiene denuncias públicas de corrupción, malas prácticas y/o manejos ineficientes. Ningún sector escapa a la problemática. En el sector agroalimentario, resaltan los escándalos recientes en Lácteos Los Andes, las denuncias de manejos irregulares en los centrales azucareros, como el Pio Tamayo; y las compras con sobreprecio de productos para los CLAP. 

Los casos de corrupción en las empresas hidrológicas y en Corpoelec explican los graves déficits en los servicios de agua y electricidad en muchos estados del país, problemas a los que se suma la falta de combustible y gas por la corrupción en Petróleos de Venezuela. Las EPE del sector salud como Farmapatria, Quimbiotec, Espromed Bio y Profármacos han tenido señalamientos de abusos de poder, así como las de transporte terrestre, marítimo y Ventel. 

Las empresas básicas que otrora abastecían completamente el mercado interno y exportaban derivados de la producción metalúrgica, están vinculadas a casos de malversación, clientelismo, peculado y compras y ventas irregulares. Las fuentes de estos y otros señalamientos están en la categoría “Denuncias públicas de corrupción, malas prácticas y manejos ineficientes” de la base de datos.

En detalle

Del total de Empresas Propiedad del Estado identificadas hasta ahora, destaca la cantidad que se encuentra en manos de los gobernantes regionales. Pese a la crítica situación financiera de algunas gobernaciones, éstas tienen en su poder al menos 218 empresas, de las cuales 26 se crearon entre 2015 y 2020.

La gobernación del estado Sucre es la que tiene la mayor cantidad de empresas (17), seguida de Barinas que posee 16 y Portuguesa con 15. Táchira se quedó con solo 2 empresas, pues antes de que asumiera el poder su gobernadora actual, el mando de muchas empresas fue trasladado al poder nacional, situación que se repitió en los casos de los estados Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta. El sector predominante en las EPE regionales es el agroalimentario (27%), le sigue el sector construcción (16%) y los sectores de gas, financiero, minero y transporte. 

Entre los hallazgos de esta nueva revisión de la base de datos de las EPE, también destaca la identificación de 19 empresas vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A., que fueron mencionadas en el documento de propuesta de reestructuración de la empresa (10 empresas de Pdvsa Agrícola, la Empresa Nacional de Transporte, Pdvsa Servicios Inmobiliarios, S.A., Pdvsa Servicios, S.A., Servicios Unidos Petroleros, S.A. PPM Ltda, Cinco S.A., CV Shipping Pte. Ltd, Panavenflot Corp. y Venfleet  Ltd). 

Según el registro, son 179 empresas adscritas a Pdvsa en las que el Estado venezolano tiene mayoría accionaria, y 20 en las que participa sin mayoría. Es de resaltar que las domiciliadas fuera de Venezuela tienen presencia en 36 países.

Este entramado empresarial, gestionado sin cumplir las disposiciones de control previstas en las normativas para los entes descentralizados con fines empresariales, tiene grandes riesgos de corrupción que se han materializado. Según el Corruptómetro, 92 de 236 casos de irregularidades administrativas corresponden a la gestión del petróleo en Venezuela, lo que representa 81% (USD 42.321 millones) de un total de USD 52.098 millones envueltos en malos manejos de fondos públicos.

Las investigaciones por corrupción con la principal estatal de Venezuela han traspasado fronteras. En tribunales de Florida, Estados Unidos, por ejemplo, se investiga un contrato amañado de préstamo para Pdvsa que dejó pérdidas por más de USD 1.200 millones. En El Salvador, se abrió una investigación por lavado de dinero contra Alba Petróleos (Albapes), en la que tiene mayoría PDV Caribe, filial de Pdvsa. Igualmente, la Audiencia Nacional de España abrió una macrocausa judicial para tratar de esclarecer al menos tres tramas de corrupción con la estatal venezolana.

A la espera

Todas las EPE deben publicar proactivamente sus presupuestos, ejecuciones trimestrales, informes de gestión, cumplimiento de metas, composición accionarial, autoridades e información de sus procesos de compras y adquisiciones, entre otras obligaciones (art 9 y 10 de Lay contra la Corrupción). Pero nada de esto se cumple en Venezuela. 

La base de datos presentada sigue en construcción, no puede considerarse definitiva en un país en el que impera el secretismo, se toman decisiones según coyunturas político electorales y el contexto económico está presionando a cambios respecto a la participación privada en sectores que se consideraron antes estratégicos.