Asedio a medios digitales aumenta los riesgos para enfrentar la pandemia
Según la ONG Espacio Público, en 2020 los bloqueos a portales web se incrementaron en 133%. A la persecución, la desinformación y la censura, se suman los racionamientos eléctricos y fallas de conexión como obstáculos para la libertad de expresión y el acceso a la información
Transparencia Venezuela, 12 de marzo de 2021. La censura y la persecución hacia la prensa en Venezuela, que han llevado al cierre de más de 200 medios de comunicación tradicionales -entre televisoras, emisoras de radio y diarios impresos-, durante las últimas dos décadas, se han extendido a los portales digitales de noticias. Esta realidad ha impactado a periodistas, medios independientes y ciudadanos que ejercen en la red su derecho a informar y a estar informados. El fenómeno ha tenido un repunte en años recientes, pero alcanzó niveles desproporcionados en tiempos de pandemia, cuando las sociedades dependen, en gran medida, del acceso a la tecnología y las telecomunicaciones para funcionar en medio de la “nueva realidad” que ha dejado la cuarentena.
Alrededor del mundo, especialmente en aquellos Estados considerados como regímenes autoritarios, la emergencia sanitaria provocada por la propagación del brote de COVID-19 ha servido de excusa para justificar un mayor control sobre la población y para poner límites a la libertad en la web. En su informe anual, publicado en octubre de 2020, Freedom House determinó que China es la nación del mundo que más ha limitado la libertad en Internet a escala global. En Latinoamérica, Venezuela y Cuba lideran el ranking de los 10 países con mayores restricciones en el ciberespacio. Para ese momento, la organización advertía sobre los riesgos que representan estos obstáculos para los derechos humanos y para hacer frente a la crisis global de salud. Según el estudio, en 2020, en plena pandemia, Venezuela retrocedió 12 puntos en materia de libertad digital con respecto a 2016.
Estos resultados coinciden con lo señalado por la ONG venezolana Espacio Público, que en un informe reciente reveló que el año pasado el bloqueo de medios digitales aumentó en 133%. Consultado para ese estudio, Andrés Azpúrua, director de la organización Venezuela Inteligente, creadora de Venezuela sin Filtro, un proyecto que desde 2014 identifica, documenta y ayuda a luchar contra la censura digital, advirtió que cada año aumenta el interés en censurar Internet y limitar su uso. Afirmaba que, en 2020, las plataformas de streaming y redes sociales con capacidad de transmitir en vivo fueron objeto de “bloqueos tácticos”. “Se trata de bloquear la menor cantidad de tiempo necesaria para silenciar una noticia mientras está saliendo en vivo, minimizando el impacto”. Estas acciones afectaron a unos 20 portales nacionales e internacionales, según Azpúrua.
Estos indicadores vienen a confirmar los hallazgos del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) en su investigación Intercortados 2019: Censura masiva en Venezuela, publicado en diciembre de 2020, que documentó amplios controles en el flujo informativo en Internet, los cuales “incumplen principios constitucionales y estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información”. De acuerdo con el estudio, las prácticas de censura a medios propiamente digitales como VPItv, VivoPlay, Armando.Info, Efecto Cocuyo, La Patilla, Caraota Digital y El Pitazo, entre otros, se ejercieron desde la estatal de telecomunicaciones Cantv, y las empresas Movistar y Digitel, principales proveedores del servicio.
Cerco digital y legal
A casi un año del decreto de Estado de Alarma y la posterior cuarentena nacional en Venezuela, el cerco digital impuesto con los bloqueos ha ido en ascenso. De igual modo, existen en el país otros obstáculos que deben enfrentar los periodistas y medios independientes que tienen en la web su plataforma, así como los ciudadanos que hacen uso de la red para expresarse e informarse. Entre estos están el asedio a través de instituciones como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En enero de 2021, el canal web VPItv, denunció el proceso administrativo por el cual se ordenó el cierre de la emisora, se incautaron equipos y por supuesto se impidió sus transmisiones. Las acciones estuvieron acompañadas de amedrentamiento y agresiones a los trabajadores, según sus testimonios.
Por otra parte, organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) han manifestado su preocupación ante el uso de la llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para la persecución, las amenazas y detenciones arbitrarias ocurridas antes y durante la pandemia, para silenciar tanto a periodistas y medios incómodos como a usuarios de redes sociales y plataformas digitales.
La censura y la represión arreciaron apenas se decretó el estado de alarma nacional. El 13 de marzo de 2020, el líder indígena y periodista de Delta Amacuro, Melquiades Ávila, fue detenido por criticar en Facebook la infraestructura de salud en el país frente a la llegada del virus. Igual suerte corrió el líder del gremio médico Julio Molinos, quien el 15 de marzo publicó un video en el que pedía transparencia al gobierno de Nicolás Maduro sobre las condiciones de los hospitales públicos. Fue sentenciado a arresto domiciliario por acusaciones de incitación al odio.
La Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó también fue objeto de ataques en la red. El Parlamento lanzó una página web para proporcionar información y recomendaciones de salud sobre COVID-19, pero el acceso fue bloqueado por Cantv, tal como documentaron los observatorios de Netblocks y Venezuela sin Filtro. También fue víctima de “phishing” el portal creado para la asignación de un bono de 100 dólares por mes, para apoyar a los trabajadores de la salud durante la pandemia.
Otro caso notorio fue el del periodista Darvinson Rojas, arrestado el 21 de marzo en su casa. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), la detención estuvo relacionada con sus reportes sobre la pandemia a través de la red social Twitter. Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de Rojas, quien fue liberado el 3 de abril bajo medidas cautelares.
Una nueva amenaza
A lo largo de los 10 meses de pandemia en 2020, se repitieron los casos de hostigamiento, detenciones y procesos judiciales a periodistas que publicaban información crítica, trabajadores de la salud que cuestionaron el manejo de la pandemia por las autoridades, y manifestantes que protestaban contra la falta de agua, combustible o medicamentos. Human Rights Watch documentó que agentes de las fuerzas de seguridad también habían confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de comunicadores, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.
A los bloqueos y ataques a las plataformas informativas, trabajadores de la prensa y los llamados “infociudadanos”, se suma también el aumento de las restricciones al acceso a la red por la precariedad en los servicios y los apagones diarios que ocurren en todas las regiones. Es un problema que desde hace varios años ha causado preocupación en organismos internacionales, como la Relatoría para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de la Alta Comisionada para DDHH de la ONU. “La velocidad del Internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo la falta de inversión en infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el gobierno ha bloqueado sitios digitales de noticias independientes y las principales redes sociales”, señaló un reciente informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
Lejos de mejorar, el escenario para 2021 se ha vuelto aún más desalentador. Con la entrada de Cantv en el mercado de Internet residencial por fibra, el país se prepara para entrar -con al menos cinco años de retraso- en la era de Internet de alta velocidad. Sin embargo, el mercado será liderado por empresas privadas a las que se suman proveedores del llamado “Internet satelital”, cuyos costos hacen inaccesible el servicio para la mayoría de la población que padece los efectos de la emergencia humanitaria compleja, causada por la gran corrupción. “Debemos estar pendientes de las enormes desigualdades de conectividad que habrá en Venezuela. Mejorarán las conexiones con la fibra óptica y servicios asociados, pero para aquellos usuarios que puedan pagarlos y que estén al alcance de las empresas proveedoras. Los demás usuarios quedarán a la deriva con servicios empobrecidos en calidad, atención y capacidad de reparar fallas”, advirtió Luis Carlos Díaz, presidente de Internet Society, capítulo Venezuela.
Por otra parte, se habla de que la agenda legislativa de la Asamblea Nacional electa en el cuestionado proceso de diciembre de 2020, incluye un anteproyecto de ley para regular el uso de la telefonía celular y el Internet en Venezuela. Este anuncio ha encendido las alarmas en la sociedad civil y en la comunidad internacional.
Frente a esta realidad, y en el marco del Día Mundial contra la Cibercensura, Transparencia Venezuela se suma a los llamados de organismos internacionales a respetar la libertad de expresión y el acceso a la información como derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta fecha, que fue instaurada en 2008 a petición de Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional, debe llamar a la reflexión en un momento crítico para la Humanidad, cuando la comunicación en línea se ha hecho más esencial que nunca para enfrentar la pandemia. Los Estados deben hacer esfuerzos no solo por evitar la censura, la persecución y el hostigamiento, sino también para crear nuevos espacios para el libre intercambio de información e ideas. Esos esfuerzos deben apuntar, además, a la disminución de la brecha digital para que todos por igual tengan acceso a Internet.