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(Caracas, 22.01.2016) Bajo desempeño en la reducción de la pobreza y uso político y electoral, fundamentalmente entre los sectores más vulnerables, es el resultado de doce años de implementación de las Misiones. En eso coincidieron los especialistas, defensores de derechos humanos y diputados que participaron como ponentes en el evento “Las Misiones socialas en la nueva agenda legislativa”, promovido por Transparencia Venezuela.

Para el Doctor en estudios de Desarrollo, Carlos Aponte, a pesar del elevado gasto destinado a los programas sociales el resultado ha sido poco efectivo y transparente. Consecuencia de ello es la crisis soterrada, encubierta de una visión de éxito, promovida principalmente a través del enorme aparato comunicacional que maneja el estado.

“De 35 misiones apenas tres podrían decirse que han tenido avances, por ejemplo, Barrio Adentro no ha logrado influir para reducir la tasa de mortalidad infantil, lo que representa una clara evidencia del bajo impacto en la incidencia. Ya en 2006 la periodista Vannesa Davis reportaba cierres de módulos de Barrio Adentro”.

Sobre ese tema Dinorah Figuera, destacó que, en su experiencia como médico, logró corroborar como la misión de Barrio Adentro en lugar de coadyuvar el sistema de atención medica vino a confrontar, “se inyectó mucho dinero y sirvió como instrumento político para que la gente en los barrios desarrollara sentido de pertenencia bajo un mandato de ideologizar”. Aseguró que Barrio Adentro desvirtuó su función en el tiempo, “sus aportes estadísticos era la cantidad de atención y no la calidad. Siempre el gobierno ha manifestado grandes atenciones en estadísticas pero que no obedece con calidad de la atención”.

Un elemento no menos preocupante es la reducción año a año del presupuesto destinado a la salud “en el presupuesto nacional del 2013 se destinó 1,4% del producto interno bruto, en el 2015 bajo a 0.9 y para éste año 2016 vuelve a bajar con una asignación de apenas 0.7% del producto interno bruto”.

Por su parte, la diputada Manuela Bolívar descartó la necesita de diseñar un nuevo presupuesto que se ajuste a la realidad “hoy la AN se confrontó con un presupuesto que es deficitario, los mecanismos de contraloría son prioridad en estos temas, aquí no se pueden dar cheques nunca más en blanco. Los programas sociales tienen que tener continuidad, no estar al servicio del gobierno. El dialogo es sentarnos a ver las cifras y sacar del poco presupuesto a las prioridades del país. Ningún programa social ni las misiones deben ser oscuras”, fustigó.

En cuanto a los programas sociales dirigidos a atender el gravísimo problema de inseguridad ciudadana, Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, explicó que la efectividad del plan denominado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), es bastante cuestionable, el resultado de su aplicación registró sobrados elementos que demuestran como la figura del enemigo interno y externo fomentó la violación de derechos humanos por parte del Estado Venezolano.

Explicó que la acción implementada desde el Estado evidenció como se está institucionalizando el uso excesivo de la fuerza a través de los planes de seguridad del Estado, abandonando el concepto de seguridad ciudadana por una nueva concepción de “mano dura”.

Rodríguez aseguró que la incursión militar en los barrios registró 219 ejecuciones, en cinco meses de OLP se superó el total de ejecuciones policiales de 2014, más de 8.000 detenciones arbitrarias. Por otro lado, destacó como se ha hecho uso de la vivienda como mecanismo de castigo presentando como prueba la impactante cifra de 17.000 allanamientos ilegales, 1.490 desahucios y 976 desalojos forzosos y demoliciones de vivienda.

Necesario transformar las misiones

Para Marino Alvarado, ex coordinador general de la ONG Provea, si bien las Misiones desde un principio han recibido muchas críticas, aseguró que hoy día hay consenso de aceptación “nadie quiere que se eliminen”. Sin embargo, recalcó que su efectivo funcionamiento está sujeto a la aprobación e implementación de la Ley de las Misiones, “porque hasta el momento no había un sistema que permita evaluar los avances”.

Rescató algunos elementos de la propuesta inicial que nació del propio Gobierno ante la crisis de las Misiones registrada el pasado año, y uno de ellos es que “para crear una misión debe primero presentarse un análisis social de la problemática que se va atacar, justificando la creación de la misión”.

Otro elemento que tiene la propuesta es la creación de un consejo nacional de información social, que concentrará la información precisa sobre la inversión, resultados, impacto en la reducción de pobreza., donde se señala que Instituto Nacional de Estadística (INE) y el sistema trabajarían coordinadamente para ofrecer cifras oficiales.

Contraloría es fundamental

Un aspecto en el que todos los asistentes coincidieron es en el obligatorio cumplimiento de la función contralora de la nueva Asamblea Nacional. Rafael Uzcategui, coordinador general de la ONG Provea, recordó que durante los primeros 60 días del legislativo los Ministros y miembros de los demás poderes públicos deben entregar sus memorias y cuenta.

Uzcategui enumeró algunas preguntas importantes que bien valdría la pena que los Ministros y órganos ejecutores de las misiones den respuesta como parte del ejercicio de rendición de cuenta, ejemplo de ellas: ¿cuál es la ubicación de las casas de la GMVV?, ¿Cuántas viviendas has sido construidas por el sector público y privado?, ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del censo de la GMVV?, ¿Cuándo serán conocidos los resultados?, ¿Por qué las contratistas de la GMVV se escogen sin una licitación pública?, ¿Cuál es la cifra de refugiados y refugios en el país?, entre muchas otras.

Finalmente, Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que después de 12 años y de acuerdo a cifras oficiales en las Misiones se invirtió 401 mil millones de dólares, “a pesar de esta exorbitante cifra todos coinciden en señalar que no hay una misión que tenga resultados más o menos decentes”.

Para que las Misiones logren efectividad se debe disminuir los riegos de corrupción estableciendo una normativa para transparentar los procesos, publicar la información, hacer monitoreo y seguimiento. Desde las organizaciones de la sociedad civil se presentará una propuesta formal a la Asamblea Nacional con los resultados y propuestas presentadas durante el evento.

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