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Avanza denuncia por corrupción y extorsión en el SAIME

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La extracción de 4 pasaportes de una valija consular en el SAIME con destino a Arabia Saudita, generó una investigación por parte de la Fiscalía 47 del Área Metropolitana de Caracas y de la Oficina de la Función Pública del CICPC, luego de denuncia presentada por Transparencia Venezuela.

Transparencia Venezuela, 04 de agosto de 2020. La Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela recibió, el 28 de noviembre de 2019, una denuncia por parte de una ciudadana venezolana residenciada en Arabia Saudita, en la cual señaló estar siendo víctima de una mafia que opera en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La denunciante indicó que, durante el mes de agosto de ese año, ella y su esposo solicitaron citas para la renovación de los pasaportes de su grupo familiar, a través del sistema de la referida institución, asistiendo a las citas respectivas en la embajada de Venezuela en Arabia Saudita, ubicada en la capital de ese país, Riad. La ciudadana relató que contactó a un gestor el 02 de octubre de 2019, cuyos servicios habían sido utilizados por otros usuarios, pero al haber sido informada por la embajada de Venezuela en Arabia Saudita que los pasaportes serían impresos y enviados antes de finalizar el año, se comunicó con el gestor el 11 de octubre, para expresarle que ya no necesitaba sus servicios. A partir de ese momento, comenzó a recibir amenazas vía WhatsApp, en las que el gestor se negaba a parar el proceso, incluso mencionando que “el director del SAIME ya había dado la orden de imprimirlos y sacarlos del grupo consular”.  

El día 7 de noviembre de 2019, recibió un correo del SAIME informándole que ya los pasaportes habían sido impresos y embalados. Sin embargo, cuatro días después, volvió a ser contactada por el gestor, a través del servicio de mensajería Whatsapp, para decirle que los pasaportes estaban en su poder, le envió las fotos de estos, y le exigió el pago de USD 14.800 para entregarlos.  Dos días después, la denunciante le exigió al gestor que introdujera nuevamente los pasaportes al SAIME pues deberían salir en la valija con el resto de los pasaportes, a lo que el mediador le informó que no podía introducirlos de nuevo y que quería USD 1.200 para entregarlos a la persona que ella indicara. Luego de recibir una transferencia bancaria por ese monto, los entregó a la persona señalada por la denunciante.  Inmediatamente después, el gestor comenzó a exigir USD 1.300 más, los cuales se negó a pagar la denunciante. A partir de ese momento, comenzó nuevamente a amenazarla con anular los pasaportes y hasta con atentar contra la vida de algún familiar, exigiéndole el pago de USD 13.600.

La Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela brindó asesoría legal, gratuita, a la denunciante y, con su autorización, presentó el 30 de enero de 2020 la denuncia ante el SAIME. En fecha 04 de febrero de este año, se presentó denuncia ante la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas y el 11 de febrero se solicitó medida de protección a favor de testigo ante esta misma institución. La causa ha sido recibida y atendida por la Fiscalía 47 del Área Metropolitana de Caracas con competencia en secuestro y extorsión, apoyada por la Oficina de la Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

El pasado 21 de julio, el equipo de Asistencia Legal Anticorrupción compareció ante la Oficina de la Función Pública del Cicpc a brindar apoyo a la testigo del caso y a rendir declaraciones sobre la denuncia recibida.

Actualmente, la investigación penal se encuentra en curso y el presunto gestor está detenido.  La Fiscalía 47 del Área Metropolitana de Caracas con competencia en secuestro y extorsión y la Oficina de la Función Pública del Cicpc trabajan en conjunto con la Asistencia Legal Anticorrupción de Transparencia Venezuela en los hechos investigados, para determinar si existen elementos de convicción suficientes para acusar al presunto gestor e identificar a los funcionarios involucrados para su posterior imputación, cooperando así en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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