La delicada situación de los pacientes con cáncer en el país, debido a las fallas de atención en el sistema de salud pública, fue la motivación inicial del reportaje, que se propuso indagar en las condiciones de los equipos técnicos que brindan tratamiento oncológico en hospitales estatales.
La pesquisa periodística de El Nacional tomó varios meses del año 2012 y recurrió a una red de corresponsales del interior del país.
En el camino, se encontró que las salas de radioterapia y de medicina nuclear acondicionadas en 19 centros a través de un convenio bilateral con Argentina carecían de contrato de mantenimiento preventivo. Esta labor es vital para los equipos, pues permiten tenerlos en buen estado para que médicos y técnicos brinden tratamiento preciso y oportuno a los pacientes que padecen la enfermedad.
La falta de mantenimiento se había originado porque el Ministerio de Salud, institución responsable de los servicios, había dejado vencer durante más de un año el contrato sin preveer alternativa alguna.
El deterioro de los aparatos y las salas, la suspensión de tratamientos a pacientes y el deterioro de la salud de miles de venezolanos – hechos reflejados en la prensa a lo largo de los años 2011 y 2012- podían ser consecuencia directa de una omisión gubernamental que no había sido explicada.
Hasta los momentos, septiembre de 2012, ni la ministra de Salud, Eugenia Sader, ni la coordinadora del Programa Nacional de Oncología de esa institución, Morella Rebolledo, habían informado a la opinión pública sobre la situación. Tampoco hablaron al respecto otros responsables de la salud pública, como el vicepresidente para el Área Social del gabinete, Héctor Rodríguez. El silencio oficial se remontaba desde el año anterior, cuando se empezaron a vencer en sucesión las garantías de los contratos de mantenimiento para cada hospital. La empresa venezolana contratada por Argentina para realizar el mantenimiento, la privada Meditron, tampoco había hablado al respecto, pero cuando fue interrogada, ofreció sus explicaciones.
De esa forma se retrató parte del destino de un contrato con Argentina que supuso la erogación de 83 millones de dólares al Estado venezolano, parte del cual fue puesto en riesgo por la falta de mantenimiento (52 millones de dólares por la suscripción del acuerdo de provisión de equipos argentinos y 31 por la venta de equipos de la empresa Phillips de Argentina),
El reportaje se basó en entrevistas a actores del sector oncológico -tanto privado como público-, documentos oficiales, y visitas a los principales centros de atención del país.
El impacto de los hallazgos fue amplio. En enero de 2013 una comisión de la Asamblea Nacional inició una gira por el país para indagar sobre el tema. Luego emitió un informe que ratificó los señalamientos periodísticos. Por otra parte, las peticiones que ya se habían acumulado para que la ministra de Salud, Eugenia Sader, renunciara, aumentaron. En abril fue destituida. Al poco tiempo la Fiscalía le abrió una averiguación por malversación de fondos estatales durante su gestión. Poco se informó al respecto y no está claro si el precario manejo de la atención oncológica incidió para que el Ministerio Público le abriera una investigación por corrupción.
Su sucesora, Isabel Iturriza, prometió la renovación del contrato de mantenimiento de manera centralizada, pero no abundó sobre el tema. Sin embargo, no ocurrió así. El efecto fue que muchos pacientes interrumpieron sus tratamientos, o debieron costearlos con recursos propios. Algunas gobernaciones debieron sufragar directamente los programas de mantenimiento de los equipos en los hospitales con servicios oncológicos que habían sido dotados por el convenio con Argentina.
La primera admisión del Ejecutivo sobre los hechos ocurrió, casi un año después de la publicación del reportaje. En agosto, la viceministra de Recursos para la Salud, Nuramy Gutiérrez, confirmó que hubo fallas de mantenimiento en los equipos de radioterapia por la falta del contrato. Al mismo tiempo, el Presidente Nicolás Maduro ordenó la creación de una corporación para el mantenimiento de equipos médicos para lo cual encargó a los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Salud.
Mientras tanto, los familiares de pacientes, las sociedades médicas, algunos diputados y la ONG Provea concretaron sus esfuerzos en una denuncia pública. En septiembre, la Fiscalía recibió de ellos un escrito exigiendo la investigación de Sader, Iturriza y otros funcionarios públicos por la violación del artículo 83 de la Constitución, que garantiza la salud a los ciudadanos, y los números 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica de Salud. Asimismo, se denunció al Estado venezolano de incumplir las normas Covenin para los aparatos radiológicos, con el evidente riesgo para la saludo de los pacientes tratados. El trabajo de El Nacional, así como el de otros medios de comunicación, sustentó la denuncia.
Hasta la fecha, la Fiscalía no ha actuado en el caso. Sin embargo, en junio de 2014, Sader fue imputada por la Fiscalía peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir. Además, sus bienes fueron congelados. Durante su gestión ocurrió el vencimiento del contrato de mantenimiento de las radioterapias de los hospitales públicos venezolanos.
Revelaciones de la investigación
1.- Se confirmó que estaban vencidos los contratos de mantenimiento preventivo de un conjunto de 53 equipos claves –entre ellos los de radioterapia– para la atención gratuita del cáncer en Venezuela. Los aparatos, como se ha señalado, están desplegados en hospitales públicos.
2.- Se estableció que la falta de mantenimiento preventivo era uno de los factores cruciales que provocaba las fallas recurrentes de los equipos en los distintos hospitales públicos venezolanos. Esto crea una situación compleja para los pacientes con cáncer del país, que se ven forzados a peregrinar por distintos hospitales de la nación para hallar servicios de radioterapia aptos –sin carencia de mantenimiento- para la atención a sus males de salud.
3.- Se estableció que el Ministerio de Salud recibió una propuesta de renovación de los contratos antes de que vencieran. Esta fue rechazada por motivos que, sin embargo, no pudieron ser establecidos en el trabajo.
4.- Se dieron a conocer detalles de la contratación que eran desconocidos para el país. Dos ejemplos se citarán a continuación:
- a) Los equipos tenían garantías para su mantenimiento preventivo por cinco años. Algunos de los aparatos habían pasado más de ese tiempo en aduana, con lo cual, al momento de ser instalados ya tenían las referidas garantías vencidas.
- b) Se reveló que la empresa pública argentina Invap aportó la mayor parte de los equipos del contrato a través de otros proveedores europeos. Es decir: fue parte de una triangulación. Sólo una parte de los equipos suministrados fue marca Invap. Además, se estableció que el acuerdo implicó una negociación con la filial argentina de Philips, a pesar de que la multinacional tiene oficinas igualmente en Caracas.
5.- Se demostró que el Gobierno no decía la verdad cuando afirmaba que gracias al convenio con las empresas argentinas se habían concluido 19 nuevos centros de radioterapia: algunos de ellos estaban retrasados y otros, a la fecha de publicación de los trabajos, no habían sido culminados.
6.- Se demostró que el gobierno incumple regulaciones nacionales e internacionales de radioterapia al fallar en su obligación de garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos. Se revelaron detalles sobre los temores de técnicos de un hospital del estado Portuguesa donde sus especialistas expresaron oficialmente al gobierno temor ante un eventual accidente radiológico por la falta de mantenimiento del equipo enviado a su hospital.
7.- Se demostró que la contratación incluía cláusulas de formación de recursos humanos en Venezuela que no fueron cumplidas.