Casi la mitad de los alimentos en Venezuela se pierde por corrupción y falta de políticas eficientes

Carta a Bachelet, Derechos, Derechos Humanos

Expertos estiman que en el país existe un déficit de 60% en la disponibilidad de alimentos y advierten que, al mes, se desperdician 60 mil toneladas que permitirían suplir las necesidades nutricionales de un tercio de la población vulnerable 

Transparencia Venezuela, 4 de agosto de 2020. La pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) es un problema a escala global con impacto en la seguridad alimentaria y la economía de los países. Por tanto, la información y las estadísticas en estos renglones son fundamentales para el diseño de políticas públicas eficientes y para la toma de decisiones que permitan reducir el margen de pérdidas y optimizar el aprovechamiento de los recursos, en especial, en el actual contexto de pandemia por COVID-19. Y, es aún más necesario en un escenario de emergencia humanitaria compleja como el de Venezuela, donde -según recientes informes de organismos internacionales-, 9,3 millones de personas viven en situación de hambre. Sin embargo, al igual que en otras materias de la cotidianidad de los ciudadanos, las fuentes oficiales no publican datos y la opacidad se impone en un sector prioritario como el de los alimentos. Organizaciones de la sociedad civil han registrado y publicado cifras alarmantes que dan cuenta de la tragedia que representa la pérdida de alimentos en el país, realidad en la que inciden factores como deterioro de la flota de transporte, inseguridad en las vías, control de precios y escasez de gasolina.

Este problema y las herramientas para enfrentarlo fueron abordados en el foro Corrupción y desinformación sobre la situación alimentaria en Venezuela. Pérdidas y desperdicios de alimentos, que tuvo como ponentes a Marisol Tapia, profesora titular Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCV; Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga); y el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, fundador del Observatorio del Derecho a la Alimentación, capítulo Venezuela; junto a Desireé González, coordinadora del Observatorio Social de Transparencia Venezuela, como moderadora.

Panorama dramático 

Para Marisol Tapia, la pérdida y desperdicio de alimentos es un tema con profundas implicaciones éticas que está inscrito en la agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en la que se señala que su reducción es fundamental para crear un mundo de hambre cero. “El cumplimiento de esos objetivos estaba ya comprometido en 2019. Ahora, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, se presenta un panorama dramático. Venezuela está entre los 10 países con las peores crisis alimentarias del mundo, detrás de Yemen, Congo y Afganistán. Tenemos 9,3 millones de venezolanos en situación de inseguridad alimentaria de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el cual prevé que para 2020 habrá 130 millones más de personas en inseguridad alimentaria aguda”. 

Tapia destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que alrededor de 29 millones de personas engrosarán las cifras de nuevos pobres en la región. “Ambas instancias han generado orientaciones para que los países protejan y preserven las cadenas de suministros de alimentos y los sistemas alimentarios. En estos documentos está inscrita la prevención de pérdida de alimentos”. 

La experta destacó que mientras otros países crean políticas públicas para la reducción de pérdidas y desperdicios y, además, regulan la donación de alimentos, en Venezuela ocurren episodios como la reciente pérdida de tomates y berenjenas en los estados andinos por falta de gasolina y se registran casos de corrupción como el de Pdval, conocido como “Pudreval”, en el que se perdieron 138 millones de kilos de alimentos importados. 

Sobre el acceso a la información, Tapia recordó que las bases de datos de la FAO deben ser alimentadas por los gobiernos, pero eso no ocurre en Venezuela, donde “se está considerando que los datos sean suministrados por organizaciones no gubernamentales, universidades y gremios. De ahí la importancia de la asociatividad, que la industria genere sus propios datos de pérdidas y desperdicios”.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad personal, a crear una conciencia en los hogares sobre la conservación y de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, en especial en momentos de crisis. “En el contexto de pandemia ha aumentado el consumo de alimentos no perecederos, por tanto estas pérdidas tienen que haber aumentado. No botar comida es un tema de conciencia ciudadana y comunitaria”. 

Productores castigados 

Armando Chacín refirió que en el sector lácteo y el cárnico, que representa, en los últimos años se ha reducido cerca de 60% lo que se produce. “Teníamos alrededor de 125 litros de leche per cápita y 64 kilos de carnes, entre pescado, res, pollo y bovinos. De los 64 kilos de carne que disponía el venezolano para su consumo, tenemos que 97% era nacional. Hoy en día, cifras de la FAO y de la red de matanza arrojan 16 kilos de carne y, aproximadamente, 35 litros de leche per cápita”.

El dirigente ganadero afirmó que tras la aprobación de la Ley de Tierras y el inicio de las expropiaciones se desmontó lo alcanzado en el sector, pues en lugar de potenciar la producción en los 9 millones de hectáreas que eran aprovechadas y expandirla a las más de 22 millones de hectáreas hábiles que estaban sin producir, la agroindustria se contrajo y se deben superar muchas trabas para llevar los alimentos a la mesa del venezolano. “Pese al decreto de emergencia, hemos sido y somos humillados a lo largo del proceso, desde nuestras unidades de producción hasta los centros de consumo. Hoy pudiéramos estar supliendo las necesidades de alimentación del país, generando divisas y más de 8 millones de empleos directos e indirectos en la agricultura y la ganadería”.

Chacín abogó por la revisión de la Ley de Tierras y por políticas claras para recuperar la producción nacional y sacar provecho de ese potencial. “Lamentablemente, vemos los comercios repletos de productos importados. La caja social que llega con irregularidad a los venezolanos también trae productos de otros países que se pagan a precios internacionales e impulsan la industria de esos países en detrimento de la producción nacional de alimentos”. 

Alternativas sustentables

Saúl Elías López señaló que 300 millones de toneladas de alimentos se pierden y desperdician cada año en el mundo, de las cuales 127 millones de toneladas corresponden a América Latina. “En términos de la economía, equivale a cerca de un tercio de los alimentos producidos para consumo humano”. 

Aclaró que la pérdida ocurre en el sector primario de la producción, mientras que el desperdicio se da en la agroindustria, el transporte, el comercio y el consumo. De igual modo, refirió que la iniciativa  mundial encabezada por la FAO y las Naciones Unidas, basada en el principio de economía circular, busca disminuir las pérdidas y que todo lo que sean desperdicios vuelva a entrar al sistema para que sea aprovechable con enfoque de sostenibilidad.

“La Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos ha hecho esfuerzos por investigar temas en los cuales el Estado no ha generado información. Desde 2007, el INE no ha publicado estadísticas agrícolas y el anuario agropecuario tampoco se publica desde 2005. Entonces, hay una opacidad que impide la planificación, dentro de lo cual entra la estimación de los desperdicios de alimentos”, advirtió.

Sin embargo, una limitante son los problemas de asociatividad existentes en Venezuela. “Hay 434 mil productores, de acuerdo con el último censo, y solo 70.000 están asociados. Sin asociatividad es difícil generar estadísticas que permitan tomar decisiones y generar políticas en materia de infraestructura, monitoreo, innovación tecnológica, agregación de valor, apoyo técnico y la gestión agrícola empresarial”. 

No obstante, han estimado que la pérdida de alimentos  en Venezuela es de 60 mil toneladas mensuales, lo que representa 17% de alimentos disponibles, lo que a juicio de López permitiría suplir las necesidades nutricionales de, al menos, un tercio de la población vulnerable subalimentada. Para 2019, 34% del total de PDA ocurría en los niveles de producción primaria, 7% en la agroindustria, 28% en el comercio y el 31% en el consumo. “En 2020, los niveles de pérdidas y desperdicios de alimentos se han incrementado considerablemente en términos del comercio y el transporte con un 42%; 25% en producción, 26% en consumo y la agroindustria mantiene su eficiencia en un 7%”.

Sin embargo, aclaró que la cosecha que se pierde directamente en el campo se registra como parte del sector comercio, cuando en realidad ese 42% de la producción no llega a los centros de distribución por falta de gasolina. “Entre el sector primario y el sector terciario que es el comercio estamos hablando de más de 70% de las pérdidas de alimentos en Venezuela”.

López mencionó un estudio conjunto con la organización Ciudadanía en Acción que determinó que, de acuerdo con la dieta prototipo venezolana, la hoja de balance de alimentos promedio entre 1998 y 2014 fue de 34,7 kilos mensuales. “Necesitamos 1.102.000 toneladas de alimentos para cubrir las necesidades de los venezolanos, la última estimación no llega a 600 mil toneladas, el déficit es muy alto”.

Una de las propuestas para disminuir las cifras de PDA es la economía circular a través de los bancos de alimentos. “Son organizaciones benéficas que reciben grandes cantidades de mayoristas, fabricantes, fuentes gubernamentales e individuos, las cuales distribuyen estos recursos entre organizaciones más pequeñas como despensas de alimentos y comedores”.

Agregó que el modelo petrolero se agotó y, por tanto, hay que adaptarse a este nuevo modelo que se debe basar en la investigación, la tecnología, estructuras de costos con enfoque de productividad y en la economía circular. 

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