CIDH insta a los países americanos a hacer más transparentes sus administraciones para combatir la corrupción

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Así como la oscuridad facilita los robos, violaciones, secuestros y demás delitos, la opacidad y el secretismo facilitan la corrupción. Y para ponerle freno a este fenómeno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a los gobiernos americanos que aprueben leyes que permitan a los ciudadanos “el acceso efectivo a la información pública” para hacer más transparentes sus administraciones y así evitar que los fondos públicos desaparezcan, en detrimento de la protección de derechos fundamentales como la educación, salud o alimentación.

La solicitud figura en la resolución número 1-18 “Corrupción y Derechos Humanos”, que la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó en marzo pasado, en vísperas de la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Lima (Perú) y la cual tenía por tema central, precisamente, el combate de los delitos contra las arcas públicas.

Tras afirmar que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los Derechos Humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”, la CIDH formuló 21 recomendaciones a los distintos gobiernos de la región para afrontar el complejo problema y entre ellas destacan algunas que buscan modificar la cultura del “secretismo” reinante en las distintas instituciones públicas.

El organismo pidió “capacitar a los funcionarios y formar a la ciudadanía en aras de erradicar la cultura del secretismo y con la finalidad de otorgar a las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y la lucha contra la corrupción”, al tiempo que llamó a que se les facilite a éstos últimos el acceso a “los sistema de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos, a los mecanismos para prevenir conflictos de interés, a la contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura, a las actividades de lobby, a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado; y al financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos”.

También llamó a las autoridades a garantizar a los periodistas y medios de comunicación la posibilidad de desarrollar su trabajo sin presiones y en libertad, por considerarlos fundamentales para la lucha contra la corrupción. En este reglón instó a que se deroguen las leyes de desacato y difamación criminal.

Las sucesivas reformas que ha sufrido el Código Penal en los últimos años lejos de tender a eliminar estos tipos penales que protegen a los funcionarios, los han endurecido.

Más justicia

El fortalecimiento de los poderes judiciales es para la CIDH otra área en la que los estados americanos deben trabajar para luchar contra los delitos contra la cosa pública y por ello demandó la adopción de medidas para reforzar “la independencia, imparcialidad y autonomía de los sistemas de justicia, mediante el establecimiento normativo de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con criterios objetivos de selección y designación; requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que desee participar; y mecanismos de  transparencia en los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia, incluyendo las Altas Cortes”.

Pese a que la Constitución establece que el ingreso de los jueces y fiscales, así como su ascenso, será mediante concursos de oposición públicos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene más de diez años sin celebrar uno solo.

En la actualidad 62% de los jueces son provisorios, temporales o accidentales, es decir que en cualquier momento pueden ser removidos de su cargo por la Comisión Judicial del TSJ sin explicación ni procedimiento alguno.

El Ministerio Público bajo la gestión de Luisa Ortega Díaz reconoció que la llamada “provisionalidad” representaba un riesgo para la independencia de la justicia y en 2012 comenzó a celebrar algunos concursos para asignar los cargos de fiscales, pero tras su remoción por parte de la Constituyente del asunto no se ha vuelto a hablar.

La CIDH abogó por fortalecer instituciones como las contralorías y además organismos administrativos encargados de velar por el buen uso de los fondos públicos, al tiempo solicitó “generar controles más eficientes y transparentes en instituciones donde la corrupción se desarrolla de manera más frecuente, tales como gendarmerías, policías, agentes de inmigración, entidades que proveen servicios públicos, y aquellas que supervisan los proyectos de infraestructuras”.

Más cooperación

La Comisión también pidió a los estados estrechar sus lazos a la hora de combatir los delitos contra la cosa pública, mediante la adopción de “medidas que hagan efectiva la cooperación internacional, incluyendo la creación de unidades de investigación multilaterales que pudiesen fomentar una política coordinada de identificación de flujos de activos destinados a corrupción, y de recuperación de activos”.

Por último, propuso la creación de un fondo para la reparación de las víctimas de la corrupción; es decir los sectores más desfavorecidos, los cuales se ven impedidos de sus derechos básicos por la falta de fondos.

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