La urgente necesidad de pasar de las palabras a la acción en la lucha contra la corrupción es el reto decisivo al que se enfrentan los 33 representantes de los Estados que se reunirán con motivo de la XL Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima del 6 al 8 de Junio. Un mayor esfuerzo por parte de los gobiernos de las Américas es el requisito para asegurar la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, según Transparency International (TI), la organización anticorrupción, que presentó una serie de recomendaciones ante la OEA.
“La persistente inequidad a la que está sometida nuestra gente y el crecimiento de la violencia, en un mundo donde la impunidad y la corrupción siguen sin ser contrarrestados, tienen que ser enfrentados por la OEA” dijo Delia Ferreira, miembro de la Junta Directiva de TI. “La OEA tiene la responsabilidad de asegurar que los estados cumplen con sus compromisos anticorrupción arriesgándose, sino, a perder legitimidad y relevancia”.
Mientras que la región ha experimentado crecimiento económico durante los últimos años, la corrupción sigue estando ligada a los niveles crecientes de inequidad, pobreza y violencia. América Latina y el Caribe tiene los mayores niveles de inequidad del mundo, estando cinco de los diez países más desiguales del mundo en la región.
A nivel global, la violencia y el crimen organizado amenazan las democracias en muchos países. Las tasas de asesinatos están entre las más altas del mundo, según las Naciones Unidas. En algunos países, son incluso diez veces más altos que en Europa Occidental.
La OEA fue la primera organización en adoptar una convención contra la corrupción en 1996, pero el seguimiento a la implementación de ésta que lleva a cabo TI muestra que todavía faltan medidas para ponerla en práctica. Para abordar esto y los principales temas de la Asamblea sobre Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas, TI presentó recomendaciones que buscan aumentar los esfuerzos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la región. Estas incluyen:
- No permitir que se limite la participación de la sociedad civil en el marco de la OEA.
- Mayor rol para la sociedad civil en el monitoreo de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Implementación de las visitas al país como parte del proceso de monitoreo.
- Mayor transparencia en la contratación de defensa y en sus presupuestos.
- Mejor comunicación y diseminación de mejores prácticas.
- Aprobación e implementación de leyes de Acceso a la Información en todos los países de la OEA.
- Transparencia en el financiamiento de partidos políticos.
“Los ciudadanos de las Américas tienen que poder confiar en sus gobiernos e instituciones, como la policía o el poder judicial. Pero sólo si estas instituciones se libran de la corrupción la gente confiará en ellas. Permitir que la sociedad civil monitoree a sus gobiernos y publique los resultados de estas acciones ayudará a generar confianza y a reforzar las democracias,” manifestó Ferreira.
Convenciones Anticorrupción en las Américas
Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción
Nota para los editores: TI tiene capítulos y grupos de contacto en 16 países de las Américas. En 2009, TI produjo una evaluación sobre la acción gubernamental contra la corrupción (http://www.transparency.org/content/download/42712/681795). También están disponibles informes de país sobre la implementación de la Convención Interamericana en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. [t1]
El gobierno de Venezuela ha vetado en varias ocasiones la participación de la sociedad civil en las actividades de monitoreo de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, siendo el único país que no ha contado con un informe de la sociedad civil como insumo para su evaluación. TI y otras organizaciones presentaron en Marzo informes independientes sobre cómo sus gobiernos están implementando la Convención. El Estado de Venezuela argumenta que el capítulo de TI, Transparencia Venezuela, no representa a la sociedad venezolana.