Conflictos que provocaron el éxodo de más de 5 millones de venezolanos siguen vigentes

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Aunque más de 70 mil personas han reingresado al territorio por el impacto de la pandemia en las naciones receptoras, de no mejorar la situación en Venezuela, la OIM estima que en 2020 la cifra de desplazados supere los 6,5 millones

Transparencia Venezuela, 20 de junio de 2020. Según el informe presentado este jueves por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el marco del Día Mundial del Refugiado, Venezuela es el primer país de América Latina y el segundo del mundo en número de desplazados contabilizados por ese organismo. Con más de 5,1 millones de migrantes, el país está solo por debajo de los 6,6 millones de Siria y por encima de naciones como Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones). Sin embargo, expertos han afirmado que de no mejorar las condiciones que motivaron el éxodo (conflictividad político-social, colapso de servicios, vulneración del derecho a la salud y a la alimentación, entre otros), esa cifra, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), podría incrementarse a más de 6,5 millones en 2020. La emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 ha planteado nuevos retos a los países receptores y a los organismos multilaterales, cuyos esfuerzos se han visto superados por la tragedia humana que se esconde detrás de las cifras la diáspora. 

El tema, que fue analizado recientemente en el foro Migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19. Soluciones duraderas, de Transparencia Venezuela, se complica aún más por el retorno voluntario de más de 70 mil migrantes a través de la frontera con Colombia como consecuencia del impacto de la pandemia en los países de acogida. La mayoría perdió su fuente de ingreso y se quedó sin acceso a salud, alimentación, educación y vivienda. Quienes decidieron retornar son golpeados de nuevo por la Crisis Humanitaria Compleja que los empujó a abandonar su terruño, ahora agudizada por la pandemia.

Hospitales con un déficit de casi 90% en insumos médicos y menos de 100 camas UCI para atender a los contagiados; manifestaciones diarias por falta de agua, cortes eléctricos y fallas en el suministro de gas doméstico, además de la escasez de combustible y la venta bajo un esquema dolarizado que mantiene prácticamente paralizado el transporte; junto a una hiperinflación expresada en el exorbitante costo de la  canasta alimentaria, que en abril se ubicó en US$250 frente a un salario básico de menos de $4, configuran el panorama desolador que los espera a su retorno.

Voces expertas

Durante el encuentro virtual de Transparencia Venezuela, la directora ejecutiva de la organización, Mercedes De Freitas, destacó que muchas de las situaciones que enfrentan los migrantes y refugiados en otros países, mayoritariamente en la región, dan cuenta de que la violación de los derechos de los venezolanos se ha extendido más allá de nuestras fronteras. En ello coincidió Ligia Bolívar, investigadora del Área de Derechos de Migrantes y Refugiados del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien aseguró que más de 50% de los venezolanos salieron del país de forma forzosa por temor a afectaciones contra su vida, su libertad o su integridad. “Pese a que muchos tienen estudios superiores, la mayoría trabaja en el sector informal y vive del día a día. Con la pandemia muchos perdieron su fuente de ingreso y, al no poder pagar arriendo, fueron desalojados y quedaron prácticamente en situación de indigencia, durmiendo en plazas”. 

Bolívar ofreció un informe preliminar de una encuesta que el Centro de DDHH envió a más de 50 organizaciones de la región que trabajan directamente en el terreno con migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. En el sondeo se evaluaron temas como alimentación, salud, vivienda, albergues de tránsito, transferencias monetarias, personas en situación de calle y protección del estatus migratorio. De las respuestas ofrecidas por 16 países se desprende que los programas para atender a los migrantes y refugiados venezolanos son insuficientes. 

Al momento, la experta aseguró que la cifra de retornado representaba menos del 1% de los más de cinco millones que han emigrado. No obstante, aseguró que tras los números, el reingreso al país en las actuales condiciones supone un drama humano para quien lo padece. Destacó que en los espacios de alojamiento temporal habilitados por el gobierno de Nicolás Maduro, hasta el 18 de abril había cupo para 9.615 personas y para ese día había 6.539. Es decir, que esos espacios están casi al tope. Asimismo, señaló que esos recintos carecen de las condiciones de higiene mínimas para cumplir la cuarentena y no brindan alimentos. “Ante las quejas, la respuesta ha sido la represión. Esto significa que se les presenta una situación de revictimización. Es decir, son personas que salieron de Venezuela huyendo de una situación de catástrofe y ahora regresan a una situación todavía más catastrófica y, encima, enfrentando un discurso de odio y exclusión”, expresó Bolívar.

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Derechos humanos y COVID-19

Por su parte, Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), habló sobre las medidas y programas adoptados por la comunidad internacional para atender a los migrantes y desplazados venezolanos en el marco de la pandemia.  Al respecto dijo que el organismo preparó en abril una guía rápida de respuestas inclusivas y con enfoque en derechos humanos, con el objetivo principal de orientar a los países miembros en cuanto a las políticas públicas ante el COVID-19, teniendo en cuenta las afectaciones particulares que sufren las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Precisó que las recomendaciones están enfocadas en integrar a los venezolanos a los planes nacionales creados para prevenir y combatir el COVID-19; garantizar el acceso a la información, el acceso equitativo a las pruebas del virus y a la atención médica, independientemente de su situación migratoria; además de frenar las detenciones migratorias, combatir los discursos discriminatorios y xenófobos, flexibilización de pagos de renta, bolsas de alimentos y albergues, “con los retos que plantea su situación de irregularidad”.

No obstante, reconoció que en el ámbito multilateral los esfuerzos son insuficientes comparados  con la demandas y necesidades de los afectados. “Desde la OEA siempre tratamos de incidir en las respuestas de los estados a través del diálogo político y la cooperación técnica de la organización hacia y entre los países. También es clave el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur, que tienen una ventaja de presencia territorial en los países receptores y lideran el llamado Proceso de Quito, en donde se reúnen representantes de diferentes  países para consensar propuestas y respuestas para integrar a los venezolanos”.

Triste récord

Acnur reportó que el desplazamiento mundial de población para 2019 se ubicó en 79,5 millones de personas, de las cuales 10 millones son solo del año pasado. La cifra establece un récord, después de varios años de aumento constante. Frente a esta realidad, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, recordó que los países tienen la obligación fundamental de proteger a quienes han debido abandonar sus hogares debido a los conflictos, la persecución y otras crisis. 

“En el Día Mundial del Refugiado, nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ponerle fin a los conflictos y la persecución que ocasionan estos números tan desastrosos”, apuntó Guterres, quien exhortó a la población de todo el mundo a tener empatía con los refugiados. 

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