Coyuntura por COVID-19 exige garantizar acceso a internet
Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo 34,2% de los hogares tiene conexión fija a la red en tiempos de pandemia, cuando el uso de nuevas tecnologías y las telecomunicaciones es clave para proteger otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la educación, la salud y el trabajo
Transparencia Venezuela, 17 de mayo de 2021. El uso de internet ha cambiado la forma como se relacionan las personas alrededor del mundo. Sectores esenciales de la sociedad actual como la educación o la medicina han registrado grandes avances en la era digital. Los esfuerzos por incrementar la conectividad y garantizar el acceso a nuevas tecnologías han tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de muchos países y en la lucha contra la corrupción y la pobreza. No obstante, aún persisten la brecha digital y una marcada desigualdad. En medio de la pandemia por COVID-19, el uso de las redes de información es clave para garantizar derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la educación, la atención a la salud y el trabajo.
Para Venezuela, país que enfrenta los devastadores efectos de una Emergencia Humanitaria Compleja causada por la Gran Corrupción, superar las diferencias resulta mucho más desafiante. De acuerdo con la reciente medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp), solo 34,2% de los hogares tiene conexión fija a la red. Mientras que 54,8% de los encuestados en diferentes regiones del país, dijo tener fallas de servicio todos los días. La desinversión y la falta de mantenimiento en el sector telecomunicaciones han llevado al país a tener los peores indicadores de cobertura o velocidad de América Latina. A esta realidad se suman la hiperinflación y los bajos ingresos de la mayoría de la población que depende de la red pública, pues limitan su acceso a dispositivos tecnológicos y le impiden costear el servicio satelital que ofrecen operadoras privadas.
Las telecomunicaciones son consideradas como un servicio esencial y el acceso a internet ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental de las personas, vinculado a la libertad de expresión. En Venezuela, se consideran actividades de servicio e interés público, con rango constitucional. De manera que, en el contexto de la emergencia sanitaria, es urgente que se promuevan políticas públicas para reducir la brecha digital, garantizar a los ciudadanos estos derechos y aplicar soluciones digitales para disminuir el impacto de las medidas de cuarentena y distanciamiento social.
Pandemia y datos abiertos
Disponer de datos abiertos es uno de los pilares del Gobierno Abierto como modelo de relación, multidireccional y colaborativa, de los ciudadanos con sus autoridades que impulsan Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción. Este nuevo paradigma, que contempla la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información como requisitos indispensables en todos los actos y decisiones públicas, cobra relevancia en el actual contexto de la pandemia.
Miembros de la Academia Nacional de Medicina han alertado que desde 2016 no se publican en el país datos epidemiológicos sobre enfermedades endémicas. Mucho menos existe un registro o un microsite que recoja información confiable y datos sobre el avance y manejo de la COVID-19 en Venezuela. La opacidad también ha caracterizado los acuerdos para la adquisición de vacunas y el programa de inmunización contra la enfermedad, iniciado en febrero con las 830.000 dosis disponibles en el país.
Los expertos han señalado que contar con información actualizada y confiable sobre la pandemia, ayudaría no solo a orientar el diseño de las políticas públicas dirigidas a enfrentar la crisis, sino que las personas podrían tomar decisiones informadas acerca de los riesgos para su salud. Disponer de estos datos depende en buena medida de la voluntad de las autoridades, pero también de que los ciudadanos cuenten con las herramientas tecnológicas y con el acceso a las plataformas digitales creadas para tal fin como páginas web, servicios de mensajería y aplicaciones móviles.
Ciberespacio censurado
También son obstáculos para el acceso a internet el aumento de la censura, bloqueos y ataques técnicos contra medios y organizaciones no gubernamentales en el país, según Freedom House. En el informe anual de la organización, Venezuela y Cuba lideran el ranking de los 10 países con mayores restricciones en el ciberespacio. Mientras que la ONG venezolana Espacio Público, en un informe reciente, reveló que en 2020 el bloqueo de medios digitales aumentó en 133%.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicó en diciembre de 2020 un informe que documentó amplios controles el flujo informativo en la web, los cuales “incumplen principios constitucionales y estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información”. De acuerdo con el estudio, las prácticas de censura a medios digitales como VPItv, VivoPlay, Armando.Info, Efecto Cocuyo, La Patilla, Caraota Digital y El Pitazo, entre otros, se ejercieron desde la estatal Cantv y las empresas Movistar y Digitel, principales proveedores del servicio.
La persecución hacia la prensa, que ha llevado al cierre de más de 200 medios de comunicación tradicionales -entre televisoras, emisoras de radio y diarios impresos-durante las últimas dos décadas, se ha extendido a los portales digitales de noticias.
Este 17 de mayo, cuando se celebran el Día Mundial de Internet y el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, es oportuno reflexionar sobre el rol de las plataformas digitales para favorecer el intercambio de información, la atención a la salud, el trabajo y la educación a distancia en medio de la coyuntura por la pandemia. De igual modo, se deben promover acciones para “garantizar la conectividad y el acceso universal a la infraestructura de internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación de manera equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada”, tal como lo recomendó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).