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Crisis humanitaria compleja aumenta la vulnerabilidad de los venezolanos ante la trata de personas

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De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la trata de personas es el negocio ilícito más lucrativo en el mundo, generando más de 32.000 millones de dólares al año.

Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2020. La trata de personas es uno de los crímenes que atenta, de manera inequívoca, contra la dignidad e integridad de los seres humanos. Alrededor del mundo se calcula que más de 40,3 millones de personas han sido engañadas y sometidas a condiciones de explotación. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, es el negocio ilícito más lucrativo en el mundo, generando más de 32.000 millones de dólares al año. En 2016, la oficina  detectó 26.750 víctimas de trata en 110 países. La trata de personas es un delito complejo que comprende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación. Esta situación incluirá, como mínimo, prostitución ajena u otras formas de utilización sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas, servidumbre o extracción de órganos.

La trata de personas con fines de explotación sexual afecta a 4,8 millones de personas globalmente, 72% de las víctimas son de sexo femenino, discriminándose esta cifra en 49% mujeres y 23% niñas. Por otra parte, si bien la forma de trata de personas más conocida es la que tiene fines de explotación sexual, no deja de ser cierto que el mayor número de víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral son hombres, incluyendo los que son inducidos a formar parte de fuerzas paramilitares y guerrilleras, por lo que no debe perderse de foco el delito contra el género masculino.  Vale aclarar que la trata es un delito que no es solo cometido transnacionalmente, existe el tráfico que se da dentro de las fronteras de un mismo territorio.

Los conflictos armados y las emergencias humanitarias aumentan las condiciones de vulnerabilidad de las personas a ser víctimas de trata de personas. Las condiciones actuales de Venezuela hacen que los ciudadanos fuera y dentro de nuestras fronteras enfrenten esta realidad. En el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas, de este año, se señala que existen víctimas venezolanas de trata de personas en Tunicia, provenientes de Trinidad y Tobago. El dato no resulta sorprendente luego de conocer sobre las embarcaciones que naufragaron tras salir del puerto de Güiria con destino a Trinidad y Tobago, en la cual se transportaban víctimas de trata de personas. Igualmente, exponen el reclutamiento forzado de jóvenes y niños por parte de las guerrillas FARC y ELN, modalidad utilizada para incrementar sus miembros. 

Debe señalarse que el Estado venezolano no ha publicado cifras o reportes oficiales sobre víctimas de trata de personas, ni de procesados por este delito. Sin embargo, de acuerdo con los medios de comunicación, en 2019 se registraron 17 personas detenidas o imputadas por trata de personas. La cifra representa un descenso, con respecto al número de imputados en 2018. Llama la atención este dato, ya que en 2019 fue creada la Fiscalía 95 con competencia especializada en el delito de trata de mujeres. No obstante, la creación de esta fiscalía hace énfasis, una vez más, en el delito de trata de personas en la legislación venezolana como un hecho de violencia basada en género, excluyendo los casos donde las víctimas sean niños, niñas, adolescentes y hombres, víctimas que no deben dejarse de lado. 

Crimen organizado y corrupción

En el ámbito del crimen organizado se ha estudiado la trata de personas, pues estas redes suelen ser parte de él. No es usual que los tratantes actúen por sí solos. Transparencia Venezuela ha llegado a la conclusión, en varios estudios, que para que exista el crimen organizado es necesaria la corrupción, por lo que se entiende la necesidad de relacionar la trata de personas con la corrupción. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha señalado que la trata de personas transnacional, al contrario de lo que se creía, pasa por los puntos de entrada oficiales de los países, por lo que aun cuando puede que esto se deba a falta de reconocimiento del delito por parte de los funcionarios, también puede existir complicidad. 

Según la UNODC, la investigación de casos de trata de personas, mediante denuncias de víctimas y perpetradores, indican inequívocamente que el comportamiento corrupto de los agentes encargados de hacer cumplir la ley puede ayudar a los tratantes a reclutar, transportar y explotar a sus víctimas.  Existen oportunidades para la comisión de actos de corrupción en la cadena de trata, la cadena de justicia penal y la cadena de asistencia y protección a las víctimas. En las primeras etapas del proceso de trata de personas, como la transferencia y el transporte, los sobornos y el abuso de poder son las formas más comunes de corrupción. Puede verse en el cruce de fronteras sin controles o en la cooperación del personal de aerolíneas y oficiales de visas. La corrupción en las instituciones encargadas de emitir documentos de viaje también ayuda a que la trata de personas se cometa. En el ámbito de la justicia penal, un sistema de justicia corrupto y debilitado puede dejar de procesar y sancionar a los culpables, e incluso dejar de prestar la protección debida a los sobrevivientes de este delito. 

Mayor vulnerabilidad frente al COVID-19

Por otra parte, en el contexto actual, ante la pandemia por COVID-19, se han realizado estudios a nivel global del impacto de la emergencia sanitaria en las vulnerabilidades de las personas. Al respecto el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que “la pandemia por COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es más que eso, es una crisis económica, es una crisis social y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”. 

La organización Walk Free Foundation mencionó riesgos claves en la fragilidad de las personas ante la trata de personas debido a la pandemia por COVID-19. Explicó que la vulnerabilidad a la esclavitud moderna es afectada por una interacción compleja de factores relacionadas a la protección y respeto de los derechos, seguridad e integridad física, acceso a servicios básicos y patrones de migración, por lo que los impactos sociales y económicos del COVID-19 exacerbará los factores que llevan al incremento de la migración, pobreza, desigualdad y falta de acceso a trabajos decentes.

La UNODC, teme que el COVID-19 esté haciendo aún más difícil la tarea de identificar a las víctimas de trata de personas. Señala que las víctimas también están más expuestas a contraer el virus, menos equipadas para prevenirlo y pueden tener menos acceso a la asistencia sanitaria para garantizar su recuperación, y las operaciones para apoyarlas se han convertido en un desafío debido a que los países se encuentran ajustando sus prioridades durante la pandemia. El incremento dramático de desempleos y reducciones de ingresos, especialmente por bajos salarios y trabajadores del sector informal, significan que un número significativo de personas, quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad, se encuentran en circunstancias aún más precarias

Todo este escenario hace necesario que las organizaciones sociales pongan su atención al estudio, defensa y exigencia contra la trata de personas en Venezuela, donde los ciudadanos ya se encontraban expuestos a condiciones de vulnerabilidad debido a la emergencia humanitaria compleja existente, la devenida migración forzada de millones de venezolanos y el impacto que está generando la pandemia por COVID-19.

Desde Transparencia Venezuela, llamamos a seguir vigilando el comportamiento de este delito en el país, a estudiar la trata de personas y su relación con la corrupción, a evaluar las respuestas dadas por el Estado, y a exigir que se tomen medidas adecuadas para la prevención de este delito, la prosecución y juzgamiento de los perpetradores, así como los esfuerzos para desmantelar las redes de trata, y la protección de los sobrevivientes de trata de personas. 

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