Lunes 13.09.2010 – El 6 de mayo pasado la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 15.831.601,25 bolívares, el destino de este dinero es «Donaciones a unas ONG de Asia, Medio Oriente y Oceanía», pero los parlamentarios que aprobaron esos recursos no se molestaron en preguntar cuáles organizaciones no gubernamentales serían las beneficiarias ni para qué se emplearían los recursos, no obstante, un bosque de brazos rojos dio el visto bueno a la operación propuesta por el Ejecutivo.

Para Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, la aprobación de ese crédito adicional es un claro ejemplo de la manera discrecional como se envían recursos de los venezolanos a los lugares más recónditos del mundo sin ningún tipo de control de las finanzas.

Indica que para el gasto en el exterior, algunas veces el Parlamento aprueba los créditos adicionales sin manejar ni publicar detalles sobre el destino de los recursos, otras veces, los recursos salen de fuentes extrapresupuestarias.

Durante un evento sobre el lavado de dinero, José Manuel Puente, con estudios de PhD en Economía Política en la Universidad de Oxford y profesor titular del IESA, explicó que el presupuesto nacional se calcula basado en las expectativas sobre los precios del petróleo y que el excedente de ingresos -debido a un precio mayor- va a un fondo cuasifiscal.

«Lo que se busca es tener grandes cantidades de dinero disponibles, que se puedan usar de manera discrecional, con menores controles y menor rendición de cuentas», aseguró.

Reveló Puente que «desde el año 2005 hasta 2010, esos fondos cuasifiscales han acumulado 63.000 millones de dólares, que han sido ejecutados de manera discrecional, sin control ni transparencia».

Al respecto, Mercedes De Freitas destaca que «en muy pocos sitios los fondos extrapresupuestarios son tan altos, como aquí».

Monto del gasto

La Ley de Presupuesto de 2010, al igual que las anteriores de los últimos once años, no prevé donaciones en el exterior, solo especifica el pago de algunos compromisos del Estado en el exterior. No obstante, según un informe de la Unidad de Análisis e Investigación de Primero Justicia, desde 2005 el Gobierno venezolano ha destinado 61.500 millones de dólares en donaciones a 38 países.

La lista de los donativos provenientes de Venezuela la encabeza Cuba, con 20.462 millones de dólares, le sigue Argentina con 8.567 millones y Nicaragua con 7.103 millones. La casi totalidad de esos recursos provienen de fondos extrapresupuestarios, es decir, sin ningún tipo de control.

De Freitas considera que debería haber unas políticas claras y conocidas acerca de qué se da en el exterior, cuáles son las razones para dar ese dinero, quién aprueba la partida y cómo se distribuye.

Asegura que la forma como se envían los recursos, demuestra una gran debilidad de las instituciones, que no son capaces de ejercer la función contralora de acuerdo a las responsabilidades que les asigna la Constitución de la República.

Dice la Ley

El ordenamiento jurídico venezolano procura el control sobre los recursos y la unidad del tesoro nacional.

En el artículo 143 de la Constitución se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que estén interesados, no obstante, ni siquiera el balance de gestión anual de los ministerios, que entregan sus titulares ante la Asamblea Nacional, son dados a conocer a la colectividad.

La Carta Magna también establece en el artículo 150 que la celebración de contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional y que no podrá celebrarse contrato con entidades extranjeras sin la aprobación de la AN. Sin embargo, el exorbitante monto del gasto en el exterior que no pasa por el control legislativo demuestra el incumplimiento.

Por otra parte, la Constitución, en su artículo 314, señala que no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto y hace la salvedad, que solo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos cuyas partidas resulten insuficientes.

Sobre este aspecto, la cifra de 63.000 millones de dólares manejados de forma extrapresupuestaria demuestra el incumplimiento del dispositivo legal y habría que determinar si algunas erogaciones, como las donaciones a las ONG de Asia, Medio Oriente y Oceanía, son considerados por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo, un «gasto necesario no previsto».

Mientras esto ocurre con las finanzas en Venezuela, a la Contraloría General de la República le fue reducido en 2010 el presupuesto en 43%, sin que se escucharan muchos cuestionamientos, de su titular, Clodosbaldo Russián, por el recorte financiero y la actual Asamblea Nacional, continúa aprobando créditos adicionales sin indagar mucho en el destino de los fondos.

Fuente: Diario El Universal

rtheis@eluniversal.com

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