Las denuncias sobre manipulación del voto asistido, predominaron durante las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, además de otras irregularidades que sumaron 224 quejas de los electores en el marco de la jornada comicial. Todas estas fallas representan violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley contra la Corrupción.

Los datos se desprenden del monitoreo realizado por la Red Elección Ciudadana, conformada por las organizaciones Venezuela Inteligente, Transparencia Venezuela, Espacio Público, Visión Democrática, Voto Joven, e Ipys Venezuela.

La mayoría de los casos se presentaron en escuelas del municipio Mara en el estado Zulia. Los ciudadanos denunciaron que el alcalde de esa localidad, Luis Caldera, envió un mensaje a los trabajadores de la jurisdicción a través de un canal de televisión, diciéndoles que debían votar asistido y que de lo contrario serían despedidos de sus puestos de trabajo.

Asimismo, los denunciantes explicaron que con anterioridad los buscaron en sus casas y les asignaron una persona que debía llevarlos hasta el centro de votación y acompañarlos hasta el momento del sufragio.

“Las denuncias han sido recibidas desde los sectores Punta Elefante, El Mojan, y en la parroquia La Serrita. Hay fotos y videos en los cuales se demuestran estas irregularidades”, indica el informe presentado por las organizaciones.

Otras de las denuncias recabadas tienen que ver con colocación de propaganda indebida (108), irregularidades en las mesas de votación, relacionadas con falta de material, ausencia de los miembros de mesa y problemas con la tinta indeleble. A esto se suman las denuncias por apertura tardía de las mesas de votación, fallas con las máquinas, coacción o compra del voto y negación del derecho al voto.

Las denuncias fueron recibidas a través de las redes sociales, habilitadas por las organizaciones que realizaron el monitoreo al proceso de votación. Los electores hicieron llegar sus quejas y además presentaron fotos y videos como evidencia de las fallas registradas.

Toda esta información fue remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que el organismo se aboque a dar respuesta y a establecer las sanciones pertinentes en cada caso.

De igual forma, se envió el informe a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil con acreditaciones de observación.

En el documento se le exige al CNE atender estas denuncias con prioridad, a través de un equipo eficiente a fin de que se tomen las medidas requeridas en cada uno de los casos.

“Mantendremos el recibimiento a los casos recibidos hasta su resolución comunicándonos con los denunciantes y con las autoridades”, señala el documento.