Derrames petroleros ¿Son o no un delito ambiental en Venezuela?

Transparencia Venezuela, diciembre 2021. Los oídos sordos del sistema de justicia venezolano ante denuncias por derrames de crudo, provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, están provocando un grave daño ambiental y comprometiendo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 6, sobre agua y saneamiento, y número 14, sobre vida submarina, disponen que los Estados deben reducir la contaminación de sus aguas. En Venezuela, la Ley Penal del Ambiente tipifica los daños al ecosistema y establece penas para los funcionarios y empresas que cometan estas faltas. Sin embargo, en el país aumentan las fugas desde la actividad industrial petrolera hacia la naturaleza y las demandas por estos daños quedan en el limbo.

La indiferencia institucional dicta, en la práctica, una sentencia de impunidad para los delitos ambientales de contaminación por crudo, así como también para los delitos de corrupción asociados a los derrames y a las debilidades tecnológicas y operativas para contener y remediar sus consecuencias. Transparencia Venezuela identificó hasta 2021, a través de su plataforma Corruptómetro, al menos 42.742 millones de dólares de Pdvsa involucrados en hechos de corrupción, la mayoría de los cuales permanecen impunes.

Suben los derrames, bajan los protocolos

El alcance de la contaminación por crudo se ha ocultado en el último lustro. Desde el año 2017 Pdvsa no publica el Balance de Gestión Social y Ambiental, informe que la compañía está obligada a difundir cada año.

Las cifras de los documentos disponibles ya mostraban una tendencia de aumento de derrames. Pdvsa registró 2.393 derrames de petróleo en 2010, cifra que ascendió a 8.250 derrames en 2016. En el año 2013 hubo un pico con 10.722 eventos. En siete años, la compañía notificó 46.820 vertidos de hidrocarburos y otras sustancias.

Sobre el volumen de los derrames, los datos disponibles en los balances ambientales de Pdvsa suman 856.722,85 barriles de crudo derramados entre 2010 y 2016. De éstos, 236.286 barriles (más de 37 millones de litros) cayeron en cuerpos de agua, con su efecto perjudicial sobre las especies marinas y sobre la flora, así como también con afectación directa en las actividades económicas como la pesca, y en la salud de los pobladores más cercanos.

 

Como parte de su seguimiento de conflictos socioambientales, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela elabora un informe quincenal con el reporte de los derrames. Tiene como referencia los datos aportados por el biólogo y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, quien hace un monitoreo de los derrames en el Laboratorio de Sensores Remotos de la universidad, por medio de imágenes satelitales. Este recuento de los datos, que el profesor Klein publica en su cuenta de Twitter, permite conocer que entre los meses de enero y noviembre de 2021 se han reportado al menos 64 derrames de petróleo, con Falcón como la entidad que acumula más eventos (35). Las cifras revelan que en el país se producen, en promedio, cinco vertidos de crudo cada mes.

La revisión de reseñas periodísticas e informes de especialistas, como los de Klein y los del oceanógrafo Klaus Eassig, permiten calcular que en 2020 se registraron al menos 27 derrames petroleros, ocurridos en Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Monagas y Zulia.

Un informe elaborado por la Sociedad Venezolana de Ecología, publicado por la ONG Aula Abierta, señala que la contaminación por los derrames está relacionada con la implementación ineficiente de medidas para contener los vertidos en agua, lo cual a su vez está vinculado a la escasez de personal calificado para atender los derrames y a rezagos en el mantenimiento y actualización de los equipos de las plantas refinadoras y sistemas de almacenamientos.

Los últimos reportes públicos de Pdvsa, del año 2016, reconocían limitaciones de equipos y herramientas para actuar de forma más eficiente en la contención de los derrames. Y como acción para mejorar esta gestión, la compañía ofreció el empleo de un Sistema Automatizado de Prevención y Control de Derrames (Sapcod).

Actualmente, la página web de Pdvsa asegura un seguimiento a través del Sapcod de los derrames de hidrocarburos a nivel nacional.

Este sistema fue puesto en marcha en 2015. El balance oficial ambiental de ese año expone: “A través del Sapcod se logra establecer acciones predictivas, preventivas y correctivas en esta materia y controlar de manera efectiva la gestión de las unidades responsables de la atención de derrames en Pdvsa”.

Desde su implementación, no ha habido publicaciones oficiales sobre su desempeño. El biólogo Eduardo Klein asegura que este monitoreo automatizado ha dado pocos resultados.

Pánfilo Masciangioli, ingeniero y experto en el área de seguridad petrolera, explica que Sapcod es un sistema que contiene fichas con datos de cada derrame ocurrido. «Con este sistema se pueden establecer puntos de control y calcular los recursos necesarios para atender los derrames de hidrocarburos en tierra», dice. Afirma que el Sapcod aún funciona para hacer registros, pero que se dejó de actualizar porque gran parte de los técnicos encargados del desarrollo de software se fueron de Pdvsa.

Masciangioli explica que, más allá del registro, la falla que agrava los derrames recae en que el “Plan Nacional de Contingencia” no sea activado de manera oportuna para contener el vertido. Dice que un accidente en la industria petrolera que implique el derramamiento de crudo no determina que se produzca un impacto ambiental. Pero recalca que, en cambio, la aplicación inadecuada de este plan sí puede generar serios daños al ecosistema.

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos destaca el “Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos” entre sus planes de contingencia ambiental. La actualización del plan es una responsabilidad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). Pero ni el INEA ni Pdvsa presentan información reciente sobre su contenido o aplicación.

El desarrollo en Venezuela de un plan nacional para contener los derrames nació en 1986, con el objetivo de contrarrestar los daños que causan los vertidos de petróleo a los ecosistemas.

Masciangioli indica que el plan no se ejecuta correctamente porque faltan equipos de contención, recolección, limpieza, barcos, lanchas y vehículos; así como suficiente personal técnico y gerencial preparado en el INEA y Pdvsa para afrontar este tipo de eventos críticos, que implican el manejo de productos inflamables, explosivos, tóxicos, adherentes e infiltrantes.

El especialista Klein cuestiona que el Estado no ofrezca una respuesta contundente ante los derrames y que, por el contrario, desestime los eventos. Pone como ejemplo las declaraciones del ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, quien declaró en junio de 2021 que los derrames de petróleo «no son nada del otro mundo» porque, a su juicio, siempre han ocurrido.

Ausberto Quero es presidente de la Comisión de Ambiente del Centro de Ingenieros del estado Zulia, entidad con una histórica e intensa explotación petrolera. Sostiene que los derrames ocurren con frecuencia, pero que no deben desestimarse debido a su impacto en el medio ambiente.

Quero asegura que las autoridades suelen ignorar un derrame porque consideran que ocurrió de forma accidental. Y en ese sentido recalca que, aunque sea accidental o no, el evento acarrea consecuencias penales para Pdvsa y los funcionarios responsables de evitar los vertidos de crudo.

El equipo de Transparencia Venezuela envió cuatro solicitudes de entrevista al Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab; al Ministerio de Ecosocialismo, encabezado por Josué Lorca; al Ministerio de Petróleo, representado por Tareck El Aissami; y a Pdvsa, presidida por Asdrúbal Chávez, pero únicamente se ha recibido una respuesta del Ministerio de Ecosocialismo, encargado de la gestión del Estado en materia ambiental.

El área de comunicaciones del Ministerio de Ecosocialismo informó que esta institución suele trabajar con sanciones administrativas, y no con procesos de tipo penal. La respuesta del Ministerio precisó que este ente no tiene conocimiento sobre los casos penales por derrames de hidrocarburos, y que esta información está en manos del Departamento Jurídico de Pdvsa.

 

Un camino incierto para la justicia ambiental

La Comisión de Ambiente del Centro de Ingenieros de Zulia consignó denuncias por los derrames de crudo ocurridos en el Lago de Maracaibo entre 2014 y 2015. Quero afirma que las autoridades jamás respondieron a ninguno de los recursos.

El ingeniero considera que el Estado debe investigar a profundidad el impacto sobre el medioambiente de los vertidos denunciados en los últimos años, especialmente por la comunidad ambientalista y las universidades. Pero advierte: “En los últimos diez años, las denuncias por delitos ambientales se han reducido porque hay un desestímulo en el ciudadano y en las organizaciones para consignarlas”.

Aunque el artículo 3 de la Ley Penal del Ambiente tipifica los daños al ecosistema y establece penas para los funcionarios y empresas que cometan estas faltas, el especialista afirma que las personas activistas que vigilan la contaminación por crudo han quedado desmotivadas cuando las direcciones encargadas de investigar delitos ambientales, adscritas al Ministerio Público, no emprenden las averiguaciones.

Quero añade que las denuncias son “engavetadas” porque la Fiscalía tampoco cuenta con los recursos ni funcionarios especializados para hacer inspecciones. Dice que el personal calificado y formado en el área se ha ido del país por la situación económica, y que los pocos que hoy están en funciones carecen de entrenamiento.

Los balances ambientales de Pdvsa disponibles, desde 2010 hasta 2016, permiten calcular que los fiscales abrieron 77 expedientes sancionatorios contra la empresa por daños ambientales durante esos años. Los informes de 2012 y 2013 precisan que los casos más recurrentes fueron por derrames de crudo. Ninguno de los balances, sin embargo, registró el cierre oficial de alguno de los procedimientos penales. Solo se reportaron 2 casos concluidos (uno en 2011 y otro en 2012), de carácter administrativo, llevados por el Ministerio de Ambiente.

“Nunca hemos visto que se determine un culpable sobre los derrames petroleros, ni se establezcan penas para Pdvsa ni ningún otro funcionario”, asegura Quero, también comisionado de Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat.

Una revisión realizada por el equipo de Transparencia Venezuela a la página web del Ministerio Público y en distintos portales informativos permitió corroborar que son pocas las informaciones en las que la Fiscalía comunica sobre el inicio de una investigación por daños ambientales causados por derrames petroleros. Apenas dos noticias sobre este tema están disponibles en el repositorio de notas de prensa del Ministerio Público.

La primera hace mención al derrame de petróleo ocurrido en 2016 por la ruptura de una tubería de un oleoducto que transporta petróleo desde la Faja Petrolífera del Orinoco hacia el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. La segunda se trata de una investigación que pretendía determinar el daño ambiental en las costas de los estados Sucre y Nueva Esparta, producido por un vertido de crudo que provino de la refinería Pointe a Pierre de la empresa Petrotrin de Trinidad y Tobago en 2017. Sobre los resultados de estas averiguaciones, no se consigue más información pública ni se conoce una posición oficial sobre las conclusiones y medidas tomadas a raíz de las investigaciones.

En la indagación hemerográfica también se halló una denuncia formulada el 21 de agosto de 2020 por la Dirección Estadal del Ministerio de Ecosocialismo en el estado Anzoátegui. El ente informó, a través de una publicación en su cuenta en Twitter, que impulsaría un procedimiento penal ante la Fiscalía Ambiental de la entidad, tras verificar el incumplimiento de planes ambientales en el Campo Operacional Dación de Pdvsa. Hasta la fecha, no hay más datos públicos al respecto.

El informe de gestión 2020 de la Comisión Permanente de Ambiente del Parlamento Nacional señala que se atendieron denuncias de tres derrames ocurridos en Zulia, Falcón y Sucre. La comisión legislativa reportó el envío de 18 comunicaciones a diferentes entes públicos para solicitar información sobre esos derrames. Una de las cartas estaba dirigida a la fiscalía nacional del Ministerio Público con competencia en Defensa Ambiental. Hasta la fecha ninguna de las comunicaciones obtuvo una respuesta.

Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, señala que la falta de independencia e imparcialidad que caracteriza al Poder Judicial venezolano supone una gran traba. «El Gobierno ha violado sistemáticamente, por ejemplo, la normativa ambiental en el Arco Minero y aún no ha habido responsables por los delitos cometidos. El Estado contamina el ecosistema, pero los jueces y fiscales, elegidos en procesos irregulares, no se atreven a condenar al Ejecutivo».

 

Desafíos de la contraloría científica

La Sociedad Venezolana de Ecología no ha presentado denuncias ante el Ministerio Público, señala Vilisa Morón, presidenta de la institución. Aclara que el gremio ha solicitado apoyo a miembros especializados en legislación ambiental para hacerlas efectivas, pero solo la Comisión de Ambiente del Colegio de Ingenieros del Zulia ha logrado consignar demandas ante la Fiscalía. “El resto de las organizaciones declinó al no obtener los permisos para investigar”, dice.

Ecologistas venezolanos, al advertir en distintas oportunidades los impactos de los derramamientos de petróleo sobre la flora y fauna del mar, han insistido al Estado investigar las secuelas a largo plazo. Los activistas y académicos se han puesto a la orden para tomar muestras del crudo y analizar el potencial peligro para las especies del mar y las plantas, especialmente aquellas que están en riesgo de extinción.

El Estado, sin embargo, ha puesto muros a las iniciativas de los investigadores. Tras el derrame de crudo en las costas de Falcón y Carabobo en 2020, la Sociedad Venezolana de Ecología denunció que el Instituto Nacional de Parques (Inparques) no autorizaba los permisos para acudir a las zonas afectadas a hacer una inspección y recolectar muestras de petróleo, y así poder determinar el tipo y el volumen de hidrocarburo, y la extensión de crudo derramado sobre el mar. Fue el caso de la ONG ambientalista Fudena, liderada por el biólogo Samuel Narciso, cuando el 9 de agosto de 2020 pretendía ir al Cayo Borracho y a otros islotes del Parque Nacional Morrocoy para investigar el derrame.

La Sociedad Venezolana de Ecología ha exhortado desde entonces que se permita el ingreso de la comunidad científica a la zona.

La bióloga Morón relata que la Sociedad Venezolana de Ecología conformó un grupo ad hoc que estaba disponible para investigar el derrame en Morrocoy. Organizaron una propuesta para ir al campo a levantar un diagnóstico. Presentaron el plan en agosto de 2020 al Ministerio de Ecosocialismo y a Inparques, pero a pesar de las distintas reuniones, presenciales y en línea, las autoridades no les otorgaron los permisos para investigar.

En esos encuentros, los especialistas fueron informados de que el Ministerio Público ya había tomado muestras de crudo en la costa de Falcón para analizar el vertido. Morón expresa que no han conocido más avances sobre esa investigación.

Un informe preliminar sobre los derrames petroleros, auspiciado por la ONG Aula Abierta, exigió al Estado respetar y acatar las disposiciones sobre libertad académica contenidas en la Observación General N°13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la Educación. El documento también pide respeto a lo establecido en el Protocolo de San Salvador, sobre el derecho a un medio ambiente sano; y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), referente al derecho a la información sobre el impacto de los derrames petroleros en las costas.

 

Vías alternativas: presión pública y denuncia internacional

Tras un mes del derrame de petróleo en la costa noroeste venezolana, la organización Fundaredes exigió formalmente una investigación. El 4 de septiembre de 2020, un equipo de la ONG coordinado por Omar García introdujo una demanda por escrito ante la Fiscalía de Coro, capital de Falcón. Su objetivo era establecer la responsabilidad ambiental de Pdvsa. Pero a un año de la denuncia, no han recibido respuestas, ni saben si se designó un fiscal para investigar, confirma la abogada Carmen Julia Bracho, miembro de la ONG.

Tampoco ha habido explicación pública de Pdvsa, del Ministerio de Ecosocialismo, ni de autoridades locales sobre el impacto y “serio daño ambiental” —como lo señaló Fundaredes en el escrito— provocado en el Parque Nacional Morrocoy. El Estado únicamente informó sobre la recolección de restos de crudo que llegaron a la arena de las playas.

Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, aclara una limitación para la contraloría social cuando las instituciones ignoran sus denuncias. El abogado explica que la más reciente reforma al Código Orgánico Procesal Penal no reconoce que una ONG acompañe un proceso legal en tribunales cuando se trata de casos que implican una afectación colectiva, como los daños ambientales. «En ese caso, la titularidad de la acción recae en la Fiscalía o en la Defensoría del Pueblo. Si estos organismos no se pronuncian, no habrá forma de accionar ante un tribunal».

Frente a este panorama de opacidad e impunidad, las organizaciones independientes dedicadas a la protección del ambiente y la Academia se inclinan por la alternativa comunicacional: aglutinan esfuerzos por recabar toda la información posible de los vertidos de crudo, para difundirla ampliamente hasta que las autoridades ofrezcan soluciones.

La gestión social de las organizaciones ambientalistas y las universidades tiene como actividades pilares: el registro, la denuncia pública y la elaboración de comunicados para informar y educar a la ciudadanía sobre el impacto en los recursos naturales de los derrames de hidrocarburos, principalmente en los cuerpos de agua.

Son esas sus estrategias, convencidos de que el sistema de justicia no es una opción.

Un ejemplo claro de ello es el derrame en las costas de Falcón y Carabobo, que alertó a la comunidad ambientalista y científica nacional en plena emergencia sanitaria por Covid-19. Diversas organizaciones se pronunciaron entonces sobre el vertido que afectó a cayos e islotes del Parque Nacional Morrocoy, un área bajo un régimen de preservación especial por su riqueza biológica. Pero la búsqueda de justicia frente al daño ambiental se mostró cohibida. Una revisión hemerográfica y consultas directas con ONG ambientalistas permitieron identificar que solo Fundaredes presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Ante la poca atención de la justicia interna, algunas organizaciones se inclinan por denunciar y dar a conocer el problema ante organismos internacionales. Es el caso de la Asociación de Ecologistas para la Preservación del Ambiente (AEPA) de Falcón, la cual calificó de “ecocidio” el derrame de 2020 en ese estado y redactó un documento titulado “Manifiesto de Morrocoy”. Lograron recoger más de 100.000 firmas de particulares y ONG ambientales, con el objetivo de presentar una denuncia en el extranjero.

“Nosotros nunca hemos hecho una denuncia formal ante la justicia del país, porque no la reconocemos. No creemos en las instituciones del país, ni en un Estado que criminaliza la lucha ambiental y persigue a las organizaciones ambientales”, dice Henderson Colina, coordinador de AEPA Falcón.

A nivel internacional, se puede denunciar el daño ambiental de derrames de petróleo ante instancias de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. El abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a Justicia, aclara, sin embargo, que estos espacios no podrán generar una decisión que condene al Estado venezolano ni a los principales responsables de los posibles delitos ambientales.

Daniels explica que el único instrumento internacional que contempla una acción penal es el Estatuto de Roma. Y para que estos casos sean considerados en ese nivel, el ‘ecocidio’ debe estar clasificado como un crimen de lesa humanidad. La solicitud está en marcha: desde junio de 2021 algunas organizaciones impulsan una campaña para que lograr ese reconocimiento.

En vista de que la incorporación de los temas ambientales en la justicia internacional aún es incipiente, el abogado sugiere: “Lo que se les recomienda a las organizaciones ambientalistas es que, cuando acudan al sistema universal, no solo denuncien la violación por el daño ambiental, sino también la transgresión de otros Derechos Humanos a partir de ese hecho; como el derecho a la salud, a la vida y al trabajo, para que pueda haber una amplia respuesta”.

Investigación y redacción: Armando Altuve

Edición: Cristina González

Este reportaje fue actualizado en enero de 2022.

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