Desinformación, opacidad y manejo de datos con fines políticos han sido la norma durante la pandemia
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Cidh, Edison Lanza, afirmó que Venezuela es uno de los países de América Latina con el peor manejo informativo de la emergencia sanitaria, tema central del foro “Acceso a la información durante la pandemia: qué debe ser público y qué sabemos”
Transparencia Venezuela, 15 de mayo de 2020. La vulneración del derecho a la información y a la libertad de expresión, preexistentes en Venezuela, se han profundizado durante la emergencia sanitaria por la pandemia global del COVID-19, lo que se traduce en la incapacidad de los ciudadanos para reconocer los riesgos reales de la enfermedad y, en consecuencia, tomar las mejores decisiones para su protección. La afirmación se desprende del análisis de los especialistas que participaron en el foro Acceso a la información durante la pandemia: Qué debe ser público y qué sabemos, primer evento virtual del ciclo “Espacios de transparencia” que inició este jueves 14 de mayo la organización Transparencia Venezuela, a través de la plataforma Zoom.
El encuentro virtual tuvo como ponentes a la periodista Patricia Marcano, especialista en el área de salud y coordinadora del portal Armando.Info; al médico Julio Castro, infectólogo y experto en visualización de datos científicos; y al abogado y comunicador uruguayo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), con el periodista y coordinador de Transparencia Venezuela Jesús Urbina como moderador.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la organización, explicó que esta iniciativa responde a la preocupación de los capítulos regionales de Transparencia Internacional, entre ellos Transparencia Venezuela, por la opacidad y el limitado acceso a la información existente en los países de América Latina con respecto a la pandemia. “En el momento en que más información se necesita para salvar vidas, no se sabe exactamente qué pasa en muchos de nuestros países. Por el contrario, la opacidad y el secreto son la norma. No hay canales de comunicación sobre las compras, contrataciones e insumos del sector sanitario, sobre la realidad del personal de salud. Además, la opacidad se ha convertido en la excusa perfecta para limitar otros derechos fundamentales”.
En esto coincidió el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza, quien recordó que ese organismo ya había advertido en dos oportunidades sobre el problema que existía en Venezuela respecto al acceso a la información y la transparencia del gobierno, “que se vuelve más problemática al momento de enfrentar la pandemia”. Sin embargo, aclaró que la falta de información veraz e información desagregada, el manejo de la información manipulado para fines políticos que se observa en el país se vio también al inicio de la pandemia en regímenes democráticos del continente. “Una primera reacción generalizada en los Estados ante la situación de catástrofe, fue dictar medidas de emergencia que muchas veces no son para situaciones sanitarias sino de orden público o seguridad nacional. Sin embargo, establecieron una serie de restricciones a los derechos como el de la circulación y asociación, tratando de frenar la dispersión del virus, algunas de las cuales afectaron el derecho a la información”, señaló.
Precisó que entre las medidas adoptadas en primera instancia está la suspensión de los plazos para responder solicitudes de acceso a la información pública. “En una declaración conjunta, los relatores para la libertad de expresión advertimos que este derecho tiene un vínculo estrecho con el goce y la garantía del acceso a la salud. Sin información clara de los riesgos que existen, de la forma de enfrentarlos, es muy difícil que los ciudadanos puedan calibrar y tomar medidas para proteger su salud y la de los demás”.
Según dijo, la mayoría de los países levantaron estas restricciones y adoptaron una transparencia proactiva para informar sobre el tema epidemiológico y la evolución de la pandemia, a excepción de Nicaragua y Venezuela, que presentan el peor desempeño en el manejo de la emergencia sanitaria. “Nicaragua ha sido paradigma de secretismo y manipulación de la información, el caso más grave de la región, pues llegó incluso a negar la existencia del virus. Hoy se ven las consecuencias”.
Vacío informativo y desconfianza
La periodista Patricia Marcano y el doctor Julio Castro coincidieron en que la información epidemiológica en Venezuela se ha deteriorado y que el bloqueo a los datos ha generado desconfianza en la población. “Hay informaciones diferentes de varios voceros oficiales y eso limita no solo el ejercicio periodístico, sino también al gremio de salud que es el que está en la primera línea de atención y necesita información real para prepararse, esto se traduce en que el ciudadano entienda en su dimensión justa los riesgos que tiene frente a un virus como este”, destacó Marcano. Instó a proporcionar información sobre la capacidad real del Instituto Nacional de Higiene y de la unidad móvil que llevaron al Táchira para procesar a diario pruebas PCR. “Se necesita información disgregada, es decir, casos sospechosos, confirmados y negativos e incluso explicación sobre las pruebas rápidas; pero no hay trasparencia para que en el ámbito de la salud pública y cada ciudadano tomen las mejores decisiones”.
Para Castro, la explicación a que las cifras se oculten solo puede ser la intención de hacer daño. Recordó que pese a que Venezuela es signataria del Reglamento Sanitario Internacional que lo establece como un compromiso obligatorio, el Boletín Epidemiológico lleva casi cuatro años sin publicarse. “La información se produce, pero está bloqueada, lo cual es mucho peor. El ciudadano tiene derecho a saber o a percibir de alguna manera cuán alto o cuán bajo es su riesgo en enfermedades transmisibles. Hoy en día se pudiera saber cuál es el municipio con más casos y eso implicaría para los habitantes de esa localidad mayores medidas de protección que aquellos lugares donde hay menos casos”.
Bajo riesgo
El docente e investigador considera también grave las presiones que ejercen las autoridades sobre quienes administran los datos (médicos) con la intención de tergiversar los certificados de defunción y enmascarar los registros de morbilidad, “Hay un caso en el estado Nueva Esparta donde los médicos pensaban que, por las características, pudiese ser un deceso por COVID-19, pero el director del hospital no les permitió llenar el certificado cerrándolo él con otro diagnóstico. En este caso el manejo de los datos tiene connotaciones de vicios legales. De igual modo, se refirió a las acciones de amedrentamiento de que han sido víctimas activistas y ONG de la salud, siendo el caso más notorio el de los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que recibieron amenazas a raíz del informe técnico que presentaron para evaluar los posibles escenarios que pueden presentarse en Venezuela ante la pandemia.
Al respecto también se pronunció el Relator Especial de la CIDH, quien se solidarizó con “los científicos atacados por Diosdado Cabello, por el solo hecho de emitir una opinión técnica. Lo que debía hacer la autoridad es contrastar y crear un debate público y no amenazarlos. No están diseminando desinformación, sino que están haciendo un aporte y eventualmente habrá una discusión sobre estos informes, pero no debe ser una respuesta agresiva”.
Agregó que los gobiernos, en vez de dedicarse a perseguir a quienes producen alguna información exacta o reproducir una desinformación, deben generar un discurso de confianza y para que ello ocurra debe haber un estado de derecho que funcione, que respete la libertad de expresión y permita el funcionamiento del estado democrático. “Hacia el futuro debemos trabajar para tener categorías para atender este tipo de emergencias o pandemias, en el que se prevea el acceso a la información pública, es algo que la sociedad civil debe encarar. Es obligación del gobierno respetar el trabajo del periodismo, es saludable desde el punto de vista democrático”, dijo.
El moderador Jesús Urbina anunció que la segunda entrega del ciclo “Espacios de transparencia” será el próximo miércoles 20 de mayo, a las 4 pm, con el tema “Transparencia fiscal: ¿Cómo hacer que los recursos públicos estén al alcance de los ciudadanos y no solo de quienes gobiernan?”