CAPÍTULO 4

ECONOMÍAS ILÍCITAS YARACUY

Tipos de ilícitos y actores

En el estado Yaracuy se reportan varias economías ilícitas como la venta de combustible en el mercado negro (especialmente gasoil), el tráfico ilegal de oro, el tráfico de drogas y el contrabando de chatarra. Además, hay múltiples denuncias de extorsión a comerciantes y productores agrícolas.

Los principales responsables de estos delitos son los aliados de las megabandas, bandas locales criminales, pranes, carteles, los llamados colectivos y los sindicatos mineros. Estas organizaciones son consideradas poderosas y peligrosas por las relaciones que establecen con otros grupos delictivos y la protección con la presuntamente cuentan por parte de efectivos inescrupulosos de cuerpos de seguridad del Estado.

Una de las bandas de Yaracuy, que ha establecido alianzas con megabandas para ampliar sus actividades delictivas, es la de alias “Wilmer Bachiller”. Esta organización presuntamente se alió con Josué Ángel Santana Peña alias “Santanita”, un líder criminal de Lara que opera en conjunto con el Tren de Aragua.

La banda de alias “Wilmer Bachiller” existe al menos desde 2017 y participa en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, hurto, secuestro, estafa, extorsión, abigeato, cobro de vacuna y robos.

En Yaracuy, nacieron las llamadas Cuadrillas de Paz (Cupaz), colectivo creado como organizaciones sociales, comunitarias o estudiantiles por el poder Ejecutivo. Sin embargo, el grupo participa en la movilización de votantes oficialistas, en la represión en protestas antigubernamentales y ejercen control social mediante la distribución de alimentos subsidiados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Están dirigidas por Edgar Zavarce, funcionario de la Alcaldía de San Felipe.

Según las fuentes consultadas, en el estado Yaracuy los colectivos y los pranes de la cárcel de San Felipe se habrían aliado en bandas armadas que controlan actividades de explotación ilegal de oro. Se indica que hay participación de mujeres a diferentes niveles, como proveedoras de bienes, cocineras o dedicadas a la prostitución.

Los sindicatos mineros mantienen el control de zonas de extracción de oro en Yumare, Nirgua y Veroes. No hay un cabecilla que se conozca, pero realizan operaciones de extracción y comercialización del oro de manera ilegal al menos desde el año 2020.

En la entidad también se ha reportado la presencia de miembros del llamado Cartel de la Sabana, que opera en Colombia, pero tiene “puertos secos” en Venezuela. Según las personas consultadas, este grupo apareció en Yaracuy en 2020 y está en proceso de posicionamiento del territorio. Estarían en zonas de los municipios Veroes y Manuel Monge, que geográficamente están cerca del estado Falcón y realizan actividades de narcotráfico.

En Yaracuy también operan otras bandas territoriales que participan en actividades de microtráfico de drogas, hurtos, robos, secuestros y extorsiones. Entre estos grupos se encuentran «Los Caraqueños de Agua Negra», en el municipio Veroes, que iniciaron sus operaciones en el año 2000 y hacen alianzas ocasionales con otros grupos delictivos; «Los Market Place», en los municipios Urachiche, Yaritagua, Nirgua; «Los Parceleros», que también actúan en Urachiche, por órdenes de su cabecilla César Conde, alias “el Cesita” y «Los Botello», ubicados en Nirgua y dirigidos por Edwin Botello.

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Impacto de los grupos irregulares
y la economía sumergida

Las economías ilícitas que se desarrollan en Yaracuy y el control de los grupos armados en la entidad han provocado un alto impacto en las comunidades, específicamente en las mujeres y niñas que en ocasiones son obligadas a unirse a las bandas sin su consentimiento, usando el miedo como elemento de disuasión.

Entre los factores que facilitan la existencia de actividades de economía negra en el estado se encuentran la corrupción, que ha penetrado a los cuerpos de seguridad estatales y las instituciones públicas, la impunidad frente a los delitos y el miedo de sectores de la sociedad a denunciar por temor a represalias

Las férreas regulaciones y el mantenimiento de subsidios por parte de los entes gubernamentales en las actividades económicas como la distribución y venta de combustible y la comercialización de chatarra, generaron incentivos a la corrupción y aparición de mafias que, en paralelo, comenzaron a ejercer el control: militares corruptos, sindicatos, colectivos.

Además, es necesario que desde instancias como el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Guardia Nacional Bolivariana se apliquen medidas para evitar que, en recintos como la cárcel de San Felipe, denominada La Cuarta, se lleven a cabo negocios ilícitos por parte de los pranes, como robos, secuestros y extorsiones.

La gobernación del estado, la policía estadal, la PNB, la GNB y grupos de la ZODI, son las instituciones públicas percibidas como las más corruptas en la entidad, según testimonios recabados.

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