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ECONOMÍAS ILÍCITAS
E INDEFENSIÓN DE LOS CIUDADANOS

CAPÍTULO 8

Como resultado del círculo causal perverso entre corrupción sistémica y redes criminales complejas y resilientes, durante dos décadas Venezuela ha sido escenario de una permanente destrucción institucional.

Este deterioro se refleja principalmente en el sistema de justicia que, por omisión, no garantiza el estado de Derecho, no lleva a cabo procesos imparciales y transparentes y deja a la ciudadanía a merced de abusos, afectaciones o daños por parte de agentes internos y externos al Estado, sin posibilidad de proteger o restituir sus derechos básicos; mientras que, por acción, presenta instituciones parcializadas que obedecen a poderes económicos y políticos, lo que impide a la mayor parte de la ciudadanía acceder a recursos básicos para ejercer sus derechos de alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad social. En algunos casos, actores del sistema de justicia se han llegado a convertir en instrumentos de represión y cómplices de los grupos ilícitos y las redes corruptas.

La confluencia de actores que participan en alianzas cambiantes, con rivalidades mortales y empresas criminales a gran escala sirve como punto de partida para el contrabando de oro, lavado de dinero y otros delitos financieros, así como a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, explotación laboral infantil, trabajos forzados, crímenes ambientales y narcotráfico.

En este contexto, la mayor parte de la sociedad venezolana ha quedado sujeta a un proceso de victimización masiva doble: primero, por la vía de la violación sistemática de sus derechos básicos -económicos, sociales, culturales y ambientales-, y segundo, por la existencia de un sistema de justicia que en la práctica es ausente, impune, parcial, y discrecional.

Pero los sectores socioeconómicamente más vulnerables han sido los principales perjudicados.

En las zonas donde la economías ilícitas tienen mayor presencia y fuerza, la ciudadanía se enfrenta en simultáneo a las regulaciones oficiales del Estado, las reglas de los grupos ilícitos, los abusos de las redes de corrupción, la ausencia del sistema de justicia oficial y a su necesidad de sobrevivir. Esta compleja realidad se transforma en incredulidad y cinismo ante las promesas oficiales, mientras el pragmatismo que exige la supervivencia lleva a las personas a crear vínculos de lealtad y hasta admiración hacia los grupos ilícitos como los pranes, que tienen actividad regular y que ejercen autoridad inmediata por encima de los cuerpos de seguridad y defensa o de los representantes de los gobiernos locales. Por eso no es extraño escuchar a algunos trabajadores y vecinos del Arco Minero del Orinoco identificarse con las bandas criminales que operan allí y decir: “yo soy del sistema”.

La indefensión en la que se encuentran los ciudadanos queda reflejada en la realidad que afrontan muchos mineros artesanales en el Arco Minero del Orinoco y pequeños recolectores de chatarra, que operan tanto en el estado Bolívar como en otras entidades del país. Aunque su situación requiere un estudio más profundo, algunas de sus características indican que pudieran estar por convertirse en víctimas de esclavitud moderna, si no lo son ya. Ambos grupos realizan actividades que “se suponen” ilícitas, pero el producto de su esfuerzo es comprado por empresas donde el Estado es socio mayoritario (por lo menos formalmente). En buena medida, las alianzas estratégicas requieren de la explotación de los mineros y de la recolección de los chatarreros menores, para obtener los denominados materiales estratégicos para su funcionamiento.

EL ESTADO VENEZOLANO
CONSIDERA ILEGAL
LAS PRACTICAS DE ACTIVIDADES
AURÍFERAS O DE COMERCIO
DE CHATARRA SIN SU
CONSENTIMIENTO

En las últimas dos décadas, el gobierno venezolano ha ampliado la lista de materiales estratégicos, aquellos reservados al monopolio del Estado, como gasolina, diésel, gas y demás derivados de hidrocarburos. Con la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, de 2015 y la Creación del “Arco Minero del Orinoco”, en 2016, el Estado se reservó todo lo relativo al oro, diamante, cobre, plata, coltán, mercurio, etc. También lo hizo con el material susceptible de reciclaje. 

Por decreto presidencial, en febrero de 2021, se declararon de carácter estratégico para el desarrollo de la economía nacional los desechos y residuos metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier condición, así como los residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, producto del reciclaje de papel y cartón, en cualquier condición.

A partir de estas regulaciones, se considera ilegal a todo el que practica actividades auríferas o de comercio de chatarra sin la participación o el consentimiento del Estado. No obstante, instituciones del mismo Estado se alimentan de la producción de oro y de la recolección de chatarra que no se suscribe a las disposiciones de la ley.

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Esclavitud moderna en la explotación de oro

Para que los mineros artesanales operen de manera legal, éstos deben estar inscritos en el Registro Único Minero establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. Aunque este registro fue creado en un intento del gobierno por regularizar y proteger a los mineros artesanales, las investigaciones realizadas dejan en evidencia que la mayoría de los mineros no están inscritos en el RUM ni integran las nóminas de ninguna empresa, no cumplen con estándares de seguridad personal o ambiental y llegan a extraer oro en zonas que no han sido autorizadas para tal fin. 

No obstante, representan una pieza esencial en las primeras etapas de la producción minera y alimentan todo el proceso del que se beneficia el Estado. Esto evidencia que, a pesar del intento formal por proteger esta actividad, se incumplen las normas estatales y se sigue promoviendo la minería artesanal bajo condiciones que pueden considerarse esclavitud moderna, específicamente trabajo forzoso.

En el AMO, los mineros artesanales extraen el oro en condiciones infrahumanas y peligrosas que ponen en riesgo sus vidas, exponiéndoles a contaminación por mercurio y otras enfermedades. 

Para poder extraer el oro, los mineros artesanales están obligados a entregar porcentajes del mineral a los distintos actores que participan en la actividad. A las organizaciones criminales que controlan las minas deben dejarles desde 10% de la producción, mientras que a los dueños de los molinos en los que procesan el material les entregan entre 10% y 30% más. Al final, se quedan con tan solo unos gramos de oro al mes, teniendo que recurrir a otras actividades para poder sobrevivir.

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SACOS CON MATERIAL AURÍFERO

Algunos mineros y otras personas se llevan a Ciudad Guayana las gramas de oro que les quedan después de pagar al molino o al sistema, o lo que les queda como ganancia por la venta de productos o servicios, pues todo se tranza en efectivo o gramas de oro. Estas personas con frecuencia son requisadas en decenas de alcabalas de las policías regional y local, Guardia Nacional Bolivariana o puntos de patrullaje del Cicpc o Dgcim. En esos puntos, pueden quitarles parte de lo que llevan y ser castigados de diversas formas.

De acuerdo con los testimonios recabados al sur del estado Bolívar, en los puestos de control les han exigido a los mineros hasta guías de movilización para poder transportar mínimas porciones del material. Estas figuras las creó el gobierno en 2008, en medio de un férreo control de precios, para decidir sobre la distribución de alimentos, medicamentos, productos de limpieza y aseo personal que hacían empresas públicas y privadas. A través de la plataforma tecnológica (SICA) tenía control de inventarios, sabía a quién se les había despachado, cuánto y en qué fecha.

ORGANIZACIONES DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO BOLÍVAR RECIBEN
DENUNCIAS, DONDE LA CORRUPCIÓN
DE ALGUNOS FUNCIONARIOS
DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
LLEGA A GRADOS DE HUMILLACIÓN,
A VIOLENCIA SEXUAL
Y DESTRUCCIÓN FAMILIAR

Estas guías perdieron su razón de ser con la desaplicación del control de precios (aunque la ley sigue vigente) y la aparición de productos nacionales e importados de todo tipo en los mercados del país. Pero son usadas como excusa para abusos y violaciones por parte de algunos miembros de los órganos de seguridad del Estado presentes en zonas urbanas, rurales y mineras del estado Bolívar, que con discrecionalidad e impunidad interpretan a su conveniencia qué es material estratégico, cuál es la sanción por transportarlo y quién la debe aplicar. Es así como hay denuncias de desapariciones forzadas, castigos corporales, robos o cobro de peaje por parte de agentes por cosas tan pedestres como no tener una guía para transportar unas tortas de casabe, o leña para cocinar.

De la descripción de la actividad de los mineros artesanales se observa que existe un trabajo o servicio, primer elemento para identificar si hay o no trabajo forzoso; también se detecta que existe amenaza de una pena cualquiera, si no se someten a las condiciones impuestas y a entregar un porcentaje del material extraído, segundo elemento. En estos casos no puede hablarse de ausencia de consentimiento, que es otro de los elementos, pero aceptar trabajar en condiciones inseguras, contaminantes y expuestos a violación de derechos básicos es producto de una extrema necesidad. Esto además supone una violación al derecho fundamental de la libertad laboral y a la dignidad humana, convirtiéndose también en una situación análoga a la esclavitud.

Una de las peores consecuencias de esta estructura de producción de esclavitud moderna es la indefensión. Las víctimas no tienen donde denunciar, pues si se atreven a hacerlo, se encuentran con un sistema de justicia corrupto y debilitado que no tiene capacidad ni protección frente al crimen organizado. Además, no se atreven a denunciar, exigir respeto y justicia, porque la actividad que realizan es “ilegal”. Son víctimas de explotación y no tienen opciones. Con el tiempo, hay una aceptación de esa forma de vida.

Esclavitud moderna y contrabando de chatarra

Una situación similar a la descrita en líneas precedentes ocurre en el caso de la chatarra. Existe una prohibición legal de la comercialización de la chatarra que es monopolio del Estado. Muchos chatarreros, recogen y entregan la chatarra en los sitios de recepción de empresas aliadas del Estado, pero si son detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado los criminalizan e imputan por tráfico ilícito de material estratégico, delito tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En el estado Delta Amacuro, los caños fluviales del delta, rodeados de selva, han facilitado el transporte de drogas, armas y gasolina.  Los grupos irregulares que ahí operan han incorporado en sus delitos a los indios waraos que conocen bien el laberinto de caños existente. En cuanto el contrabando de chatarra, concretamente en el Caño Tucupita, se ha denunciado la presencia de chatarreros que participan en este negocio ilegal.

En este ilícito, los chatarreros venden el material a personas y empresas que se dedican a la compra de este metal lo llevan hasta otros estados de Venezuela y lo revenden en las empresas ferromineras, allí pagan hasta 40 dólares por una tonelada de hierro.

LA ESCLAVITUD MODERNA SE HACE
EVIDENTE A TRAVÉS DE BANDAS
CRIMINALES QUIENES EXPLOTAN
A NIÑOS 
EN EL NEGOCIO
DE LA CHATARRA

Debido a la emergencia humanitaria compleja que aqueja a Venezuela, personas en Anzoátegui se han dedicado al negocio de la venta de chatarra, llegando inclusive a desmantelar taladros de la industria petrolera para vender estas piezas como chatarra, actividad que a todas luces representa un delito y que, sin embargo, son compradas por empresas el Estado.

Los chatarreros representan el eslabón más bajo y débil de esta cadena de tráfico ilícito de chatarra. Son sancionados penalmente sin que se criminalice la acción de los centros de acopio, lugar donde el material es separado para la exportación, y de manera opaca. No hay rendición de cuentas de estas actividades.

Se ha denunciado la presencia de niños en el negocio del tráfico de chatarra, lo que origina una situación de esclavitud moderna. En mayo de 2021, se conoció el caso de un niño de 12 años que falleció aplastado mientras recogía chatarra para vender en Los Valles Del Tuy, mientras que, en Ciudad Guayana, se conoció el caso de bandas criminales que explotan a niños en el negocio de la chatarra. El trabajo infantil es considerado una forma de esclavitud moderna.

La infancia debe ser un momento para crecer, aprender, jugar y florecer con seguridad. Sin embargo, se estima que 10 millones de niños en todo el mundo no tienen esa oportunidad. En cambio, se despiertan cada día atrapados en la esclavitud moderna. Algunos se han visto obligados a realizar trabajos agotadores en minas, hornos de ladrillos, talleres clandestinos y casas particulares. Otros se ven obligados a la explotación sexual, la mendicidad o la venta de drogas.

En el caso venezolano, es evidente la explotación infantil en el negocio ilícito de la chatarra, de la cual participa el Estado a través de sus empresas ferromineras que compran este producto procedente de la esclavitud moderna.

Todo un tema que requerirá continuar investigando y generar sistemas de protección y superación de la crítica situación en la que viven miles de venezolanos en la tierra más rica del país.

TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022

ECONOMÍAS ILÍCITAS
AL AMPARO DE LA
CORRUPCIÓN