La concentración de economías ilícitas y violaciones de derechos humanos en el denominado Arco Minero del Orinoco, creado por Nicolás Maduro en 2016, ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por organismos nacionales e internacionales, pero en la narrativa oficial estos temas son prácticamente inexistentes. Igual sucede con las alertas sobre la venta de las reservas internacionales de oro que ha estado haciendo el Banco Central de Venezuela en medio de una opacidad absoluta.

Sobre el Arco Minero, el gobierno se limita a asegurar que es un proyecto para “poner orden en la actividad minera y minimizar la explotación ilegal” y, cuando va más allá, solo lo hace para rechazar las críticas y negar las denuncias.

Muestra de esto es lo sucedido el 15 julio de 2020, después de que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicara un informe sobre Venezuela en el que se detalla cómo los grupos criminales en el Arco Minero del Orinoco mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a comandantes militares. Según Michelle Bachelet, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en incidentes como explotación laboral, sexual e infantil, daño ambiental y presencia de grupos delictivos que controlan las minas.

Ese mismo día, el gobierno venezolano emitió un comunicado a través de las redes sociales del entonces canciller Jorge Arreaza, en el cual rechazó el contenido, conclusiones y recomendaciones del informe. Aseguró que se trató de un documento “tendencioso” que constituye una “muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales”.