CAPÍTULO 2
NUEVAS ALIANZAS Y PLANTAS DE LIXIVIACIÓN,
LAS MISMAS IRREGULARIDADES
Nuevas alianzas artesanales, mecanizadas y opacas
El ecosistema de industrias y plantas recuperadoras de oro fue uno de los cambios destacados durante la pandemia de Covid-19 en el sur del estado Bolívar. La variación es evidente y se observa en la deteriorada troncal 10 que comunica Ciudad Guayana con Brasil, principalmente en el tramo que cruza los municipios Roscio, El Callao y Sifontes. A ambos lados de la carretera, hay movimiento de tierra para la construcción de plantas y se ha incrementado el tránsito de camiones de carga.
Hasta mayo de 2019 se habían instalado 60 plantas recuperadoras de oro en el sur de Bolívar, de acuerdo con las declaraciones que dio el entonces ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Víctor Cano, durante la inauguración de la planta de extracción de oro “Refimina” en el kilómetro 0 de El Dorado. Un año después, en septiembre de 2020, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de 21 plantas activas para “revisar la productividad” y con directivos de siete plantas que serían activadas a finales de ese mismo año.
Esa fue la última referencia oficial en torno al número de plantas procesadoras de oro. No obstante, tanto las enfocadas en la extracción de oro como las recuperadoras por medio de procesos de cianuración fueron construidas en zonas internas de los municipios mineros a las que un transeúnte no podía llegar fácilmente.
Ahora, el desarrollo minero está en plena troncal 10, a la vista de lugareños, así como de turistas que se mueven hacia el Parque Nacional Canaima o migrantes que aspiran cruzar la frontera con Brasil.
SOLO ENTRE GUASIPATI Y LA ENTRADA
DE EL CALLAO, HAY AL MENOS 10
NUEVAS OBRAS MINERAS CUYAS
PRIMERAS ESTRUCTURAS INDICAN
QUE SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN
DE MOLINOS Y PLANTAS
RECUPERADORAS DE ORO
Seis de los desarrollos están identificados en sus fachadas principales: Goldtex Venezuela C.A., JC Eminca, Santa Bárbara, Planta Rita, La Increíble y Agrominera Corminca, esta última con logos del Ministerio para el Servicio Penitenciario. A escasos kilómetros de la entrada a El Callao, hay otras tres plantas identificadas como Aurumin, Intac y Guayana Oro.
Más al sur, entre la localidad de El Dorado y Tumeremo (municipio Sifontes), el equipo contó una docena de molinos de material aurífero.
Además, en cada municipio fueron instalados locales de ventas de insumos mineros durante la pandemia. Los establecimientos, identificados con los logos de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), son operados por empresas privadas: Corporación Nara (en Sifontes), Corporación Estrellas del Oro (El Callao) y LT Import (Upata, Piar).
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Las empresas detrás
de las alianzas estratégicas
La ausencia de informes de gestión por parte de los entes encargados de la actividad en el Arco Minero del Orinoco, así como la falta de respuestas a las solicitudes de información pública de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, impiden conocer con exactitud datos de interés nacional sobre las empresas que empezaron a operar recientemente en la zona, así como aquellas que tienen más tiempo.
El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, precisó que hasta enero de 2022, solo en esa localidad operaban 39 plantas productoras de oro bajo las figuras de empresas mixtas y alianzas estratégicas, 1.200 pequeños molinos y 600 compras de oro, de acuerdo con el censo local realizado por su administración. El alcalde explicó que la CVM recibe 35% de impuesto de las alianzas estratégicas al mes. Pero los entes responsables de las actividades en todo el Arco Minero del Orinoco no han publicado datos completos y actualizados.
No se conoce cuál es el criterio del gobierno para escoger sus socios en las alianzas estratégicas, pues no hay reportes de convocatorias a un proceso abierto y competitivo. Tampoco hay datos oficiales sobre el nivel de producción de estas alianzas y los ingresos que obtiene el Estado a partir de ellas. Otro elemento oscuro es quiénes son los beneficiarios finales de las empresas privadas involucradas, de dónde provienen sus fondos, cuál es su experiencia en el área y si están libres de conflictos de interés. Toda esta opacidad constituye uno de los principales riesgos de corrupción en el sector.
No obstante, al rastrear las empresas que han sido identificadas hasta ahora, en bases de datos abiertas y cerradas, se evidencia la vinculación de algunos directivos con casos de presunto desfalco al patrimonio público venezolano, así como nexos con altos funcionarios. Estos son algunos de los casos que más destacan:
Las empresas Inversiones y Representaciones Glenduard, C.A. y Corporación Petroglobal, C.A., dueñas de dos de las seis plantas que integran el Complejo Industrial Domingo Sifontes, en El Callao, no han sido las únicas de este conglomerado que han levantado sospechas.
Otra de las empresas del complejo, llamada Invertrade, también tiene operaciones interesantes. Datos recogidos por Armando Info, revelan que la empresa se ha dedicado desde 2019 a la importación de cianuro de sodio. Además, en abril de 2019, importó 5.140 kilogramos de mercurio desde México hasta Cuba, en tres envíos que costaron 257.000 dólares.
“El destino de estos cargamentos de mercurio no está claro, pero no deja de ser llamativo que una empresa venezolana dedicada a la minería importe un elemento que desde agosto de 2016 tiene prohibición de uso, tenencia, almacenamiento y transporte con fines de obtención o tratamiento de oro”, refiere el medio.
Más plantas procesadoras que arenas auríferas
Mientras se instalan nuevas empresas procesadoras de oro en el estado Bolívar, otras que ya habían sido inauguradas operan a media máquina, como el Complejo Industrial Manuel Carlos Piar, que fue instalado por el gobierno en el año 2019 en el municipio Caroní, al norte de la entidad.
Al momento de su inauguración, se anunció que esa planta de lixiviación de oro, con tecnología nacional, tendría la capacidad de procesar 20 kilos de oro mensuales, mientras que cuando estuviera a pleno funcionamiento serían 200 kilos de oro mensuales. Pero, tres años después, la planta está paralizada, confirman fuentes internas. No entran ni salen camiones transportando material aurífero.
Las fuentes con conocimiento en el caso aseguran que la causa de la paralización de la planta es la escasez de arenas auríferas. No habría suficiente material para que la planta funcione con regularidad, por dos razones: primero porque se han instalado más plantas de las que se necesitan para el procesamiento de arenas; y segundo porque en la compra de esas arenas a los molinos, el Complejo Carlos Piar no ofrecería precios competitivos.
En el caso de la esta planta, el suministro de materia prima se complica aún más porque, aunque esté en el sector 3 del Arco Minero, requiere el traslado del material aurífero situado en puntos distantes. Unos 154 kilómetros separan a Ciudad Guayana de Guasipati, por ejemplo, lo que toma más de dos horas.
Un geólogo entrevistado para esta investigación asegura que lo que ha estado ocurriendo, tanto en este complejo como en otros, es producto del caos y la improvisación. “El gobierno de Nicolás Maduro montó el Complejo Industrial Domingo Sifontes en El Callao sin garantizar la producción de arenas auríferas que necesita ese tipo de planta cianuradora para funcionar. Detrás hay mucha ignorancia: es fundamental garantizar la cadena de producción, partiendo en primer lugar de una mina que produzca el suficiente material aurífero para alimentar la planta durante un largo tiempo. Es decir, contar con una mina que oportunamente suministre materia prima a la planta”.
El experto pudo visitar recientemente la Planta de Procesamiento de oro Sarrapia, puesta en marcha en el año 2018 en el sector Guacamayo del municipio Piar, y asegura que ya no quedaba material suficiente para procesar.
La hipotética escasez de materia prima entra en contradicción con los proyectos de instalación de plantas de lixiviación que están en marcha. ¿Por qué abrir nuevas concentradoras si no hay suficientes arenas auríferas para procesar? Esto obligaría a acelerar la primera etapa de la cadena de producción a cargo de la pequeña y mediana minería que operan en minas de aluvión (a cielo abierto y en cuerpos de aguas) y de veta (verticales), lo que implica remover tierra, talar árboles, erosionar suelos, destruir ecosistemas sin contar con estudios previos geológicos ni evaluaciones de impacto ambiental como corresponde por ley.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
