El Plan de Paz necesita transparencia
A un año de que el Presidente desplegara un nuevo programa para combatir la delincuencia, los venezolanos desconocen su desarrollo y siguen padeciendo los embates de la violencia
En el mensaje a la nación del presidente Nicolás Maduro el pasado 21 de enero, hubo un gran ausente. En todo su discurso, el Jefe de Estado jamás mencionó la palabra “inseguridad”. De hecho, en cuanto a asesinatos, solo se refirió al perpetrado contra el diputado oficialista Robert Serra y a los sufridos por “más de un millón de iraquíes” en el marco del conflicto que sacude a aquel país del Medio Oriente.
Sin embargo, en su memoria y cuenta, el presidente Maduro jamás ofreció detalles sobre el Plan Nacional de Paz y Convivencia, parte de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, que el pasado 14 de febrero cumplió un año. La ausencia de información oficial sobre este programa impide evaluar su efectividad en el combate contra la criminalidad, pero la realidad dice mucho.
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) indicó que 2014 cerró con 24.980 homicidios, dejando una tasa equivalente a 82 por cada 100 mil habitantes. Esta dramática estadística pone en entredicho las políticas gubernamentales para frenar la delincuencia.
Con motivo del primer aniversario del Plan Nacional de Paz y Convivencia, que fue lanzado tras el asesinato de la actriz Mónica Spear y su pareja Thomas Henry Berry, el Gobierno debería ofrecer un balance y responder una serie de inquietudes a la población.
El presidente Maduro debería explicar qué pasó con la “brigada especial policial-militar para el combate al narcotráfico”, que ordenó crear para enfrentar la supuesta incursión de paramilitares colombianos en los barrios de Caracas y otros centros urbanos del país. En principio, esa brigada sería dirigida por el mayor general Miguel Rodríguez Torres, en su condición de Ministro de Relaciones Interiores. Tras la salida de Rodríguez Torres y la llegada de la almiranta en jefa Carmen Meléndez a ese despacho, cómo funciona este cuerpo especial y cuál es el registro de sus actuaciones.
Otro punto que merece especial atención por parte de la ciudadanía es el referido a la “desmovilización de bandas violentas”. El responsable de conversar con estos grupos delictivos ha sido el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica y secretario de la Comisión Presidencial por la Paz y la Vida, José Vicente Rangel Ávalos. Hasta la fecha, los venezolanos desconocen con cuántas bandas ha tratado Rangel Ávalos, los detalles de esos acercamientos y, sobre todo, qué estaría dispuesto a ceder el Estado venezolano para lograr la “pacificación” de personas que están acusadas por crímenes como homicidios, secuestros y tráfico de drogas. Además, ¿qué respuesta y garantías ofrece el Ejecutivo nacional a las víctimas de esos delincuentes con los que hoy dialoga?
Asimismo, las autoridades no han precisado cómo avanza el plan desarme. ¿Cuántas armas han recuperado y destruido? ¿Cuántas siguen en la calle? ¿Cómo explican los responsables de esta materia que bandas criminales tengan en su poder armas de guerra y granadas con las que atacan a las fuerzas del orden público?
El Gobierno tampoco ha informado al país sobre la situación de las llamadas “zonas de paz” que, de acuerdo con denuncias publicadas en medios de comunicación, se han convertido en territorios sin ley y en refugio de bandas criminales.
La inseguridad es un problema que afecta a todos los venezolanos. La opacidad en el manejo de los programas para disminuir la criminalidad, no ayuda a generar un ambiente de confianza y tranquilidad en la población. El Gobierno de Nacional está obligado a rendir cuentas sobre el desarrollo del Plan Nacional de Paz y Convivencia, teniendo claro que la impunidad solo sirve para alentar el delito y la violencia.