La justicia venezolana no es ciega a la ahora de sentenciar, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno no pierda un caso desde 2003 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino también a la hora de contratar. Pese a que el artículo 145 de la Constitución es claro al señalar que “los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna” y que “su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”, en la práctica los nexos sanguíneos y afectivos con ciertos funcionarios parecen ser más apreciados por los organismos del sistema de administración de justicia que los títulos y especializaciones.
Una revisión realizada a documentos como la Gaceta Oficial, notas de prensa, denuncias o información disponible en los sitios web de los distintos organismos arrojó que 45 parientes de 14 altos funcionarios o exaltos funcionarios ocupan u ocuparon puestos claves en organismos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública o la Defensoría del Pueblo.
Entre los parientes de altas autoridades que se desempeñan en puestos claves en la administración judicial destaca María Adelaida Maduro, hermana del presidente Nicolás Maduro y quien se desempeña como directora de la Defensa Pública. La pariente presidencial estuvo vinculada sentimentalmente con Ciro Araujo, quien se desempeñó como defensor público general desde 2011 hasta el año pasado, cuando la anterior Asamblea Nacional lo removió en un extraño procedimiento, bajo el alegato de que “abandonó el cargo” al irse de viaje sin permiso de ese organismo.
La primera dama Cilia Flores tuvo a un hermano, Rogers Flores, al frente del departamento de Recursos Humanos de la Defensa Pública, pero él se retiró antes de la remoción de Araujo. La actual diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela por Cojedes tiene desde diciembre de 2014 a Edgar Gavidia, hermano de su primer marido, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como magistrado de la Sala Social.
Pero antes llegó a tener a un hijo, Walter Gavidia Flores; y a un sobrino, Irvin Molina Flores, como jueces, aunque ambos pidieron un permiso al TSJ en 2014.
En el máximo juzgado no son pocos los magistrados han conseguido que parientes fueran contratados por ese organismo. La expresidenta del TSJ y ahora magistrada emérita Luisa Estella Morales, colocó a sus tres hijas en distintos puestos, siendo Leticia Acosta Morales la que posiciones de mayor relevancia ocupó, pues durante los once año que su madre estuvo en el máximo juzgado fue magistrada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y coordinadora de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM); y por último una de las asistentes.
De la sucesora de Morales en el TSJ, la magistrada Gladys Gutiérrez, hasta el momento no se conoce que haya favorecido a parientes propios, pero sí a los de otros funcionarios como los del fallecido Hugo Chávez, pues en 2013 fue la principal promotora de la designación del hermano del desaparecido mandatario y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Argenis Chávez, como director de la Magistratura, desde donde administró el 85% de los fondos del Poder Judicial.
Sin embargo, los ahora jubilados Marco Tulio Dugarte y Luis Franceschi son con casi toda seguridad los que lideran la lista de familiares y amigos contratados. Dugarte, a su paso por la DEM, colocó al menos siete parientes, entre los que destacaban su esposa Subgey Saab; mientras que Franceschi aprovechó su puesto de magistrado de la Sala Social para hacer lo propio con 14 familiares y amigos a los que ubicó en los tribunales de Bolívar, algunos de los cuales como su hermana Haydee Franceschi aún continúan, según los registros del TSJ.
En 2007 al ser consultado sobre las acusaciones de neopotismo, Dugarte afirmó: “El ataque es porque mi esposa, que es abogada, trabaja aquí en la DEM como asesora mía (…) Cuando llegas a una institución donde tienes que hacer profundos cambios y no conoces en los empleados, en quién más puedes confiar sino en tu esposa para que te ayude. Si no fuera esposa mía nadie diría nada (…) Si me dijeran que tengo a 20 familiares lo entiendo, pero eso no es así, sólo son casos puntuales”.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también ha colocado a tres sobrinas en distintas posiciones, mientras que la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, nombró a su hermano Daniel como director de Atención al Ciudadano y a su hermana Yannelis como defensora delegada en Puerto Ordaz. En la actualidad el hermano de Ramírez labora en el TSJ.