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El Ministerio Público debe investigar las denuncias presentadas contra Cabello

 

Transparencia Venezuela rechaza la negativa de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de investigar las presuntas denuncias que ante las autoridades de Estados Unidos habría presentado el capitán de corbeta Leamsy Salazar contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

 

Antes de despachar una denuncia porque la misma salió publicada en medios de comunicación social, el Ministerio Público debe llevar adelante las diligencias pertinentes para conocer el caso y solicitar las pruebas que lo sustentarían, sobre todo cuando en este hecho posiblemente está involucrado una personalidad con responsabilidades de Estado.

 

Lejos de aferrarse a excusas o apelar a manidas consignas políticas, el sistema de justicia tiene la obligación de actuar para despejar cualquier duda y brindar respuesta a los venezolanos, que exigen que los recursos y asuntos públicos sean manejados con honestidad.

Partiendo de la premisa de que en una democracia todos somos iguales y no existen intocables, consideramos que el Ministerio Público no debe discriminar los casos atendiendo a razones políticas o de poder.

 

Los casos se acumulan y los venezolanos no tienen respuestas claras. Allí están en una especie de limbo las denuncias expuestas por los exmagistrados Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte y el supuesto narcotraficante Walid Makled, así como las revelaciones del audio de Mario Silva, quien ocupó un puesto en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y fungió como comunicador en la estatal Venezolana de Televisión.

 

Un escándalo sucede a otro sin que se apliquen los castigos que la sociedad demanda. Ahora que los venezolanos deben padecer largas colas para adquirir productos básicos y el Gobierno busca financiamiento externo para mantener el ritmo de las importaciones, cabe preguntarse dónde están los culpables de la pérdida de toneladas de alimentos de PDVAL y de la desviación de 25 mil millones de dólares de Cadivi, hecho este último que fue denunciado, entre otros, por el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani.

 

Para restar valor a las supuestas acusaciones de Salazar contra Cabello, la bancada oficialista en la AN indicó que el capitán de corbeta habría sido «comprado» por un Gobierno extranjero. Igualmente, el primer vicepresidente de la Cámara, Elvis Amoroso, confesó que a él mismo intentaron sobornarlo. ¿Estos hechos – que también son declaraciones publicadas en medios de comunicación- no ameritan una investigación del Ministerio Público? La gravedad del caso exige una respuesta contundente de parte de la Fiscalía.

 

El Ministerio Público no está para buscar excusas. Su deber es investigar con la finalidad de buscar la verdad de las denuncias que se presentan para, de esta manera, eliminar la impunidad, garantizar la probidad de los funcionarios públicos y fortalecer la democracia venezolan

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