El Saime da un tiro de gracia a derechos a la identidad y al libre tránsito
Transparencia Venezuela, 21 de noviembre de 2019. En los últimos años obtener un pasaporte se ha convertido en una pesadilla para los venezolanos dada la escasez de material para elaborarlos, las múltiples debilidades del sistema automatizado y el establecimiento de procedimientos engorrosos e ineficientes. Como si esto no fuera suficiente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) complicó más el trámite al incrementar en más de 3.500% las tasas que los ciudadanos deben cancelar para obtenerlo, dando así un tiro de gracia a derechos constitucionales como la identidad y el libre tránsito.
Desde el 19 de noviembre el monto para hacerse con un pasaporte pasó de 160.000 bolívares a nada menos que 5.890.270 bolívares, mientras que el trámite de prórrogas – que las autoridades vienen emitiendo debido a la falta de insumos para atender la demanda- subió de 80.000 bolívares a 2.945.486 bolívares. Este es el tercer ajuste en 2019.
Estos montos se traducen en el pago de US$ 203,44 por el documento nuevo y US$ 101,72 por la prórroga, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual convierte el pasaporte venezolano en el más costoso de la región, de acuerdo a una investigación realizada por Transparencia Venezuela.
En Colombia, por ejemplo, el precio del pasaporte ordinario es equivalente a US$ 48,22, en Chile US$ 113,67, en Perú US$ 29,21, en Panamá US$ 100,06, en Brasil US$ 61,28, en Uruguay US$ 88,72, en Ecuador US$ 70 en Bolivia US$ 81.05, en Paraguay 29,82 y en Guatemala US$ 50. En otros países los precios varían dependiendo de su vigencia y tiempo de entrega, como en México donde oscila entre US$ 31,52 y US$ 137,97, en Honduras entre US$ 20 y US$ 50 y en Argentina entre US$25,16 y US$ 200.
En medio de la crisis humanitaria compleja que vive el país, donde el ingreso mínimo está calculado en menos de 10 dólares, el pasaporte- documento requerido por miles de venezolanos que deciden emigrar – es inalcanzable para la gran mayoría.
Denuncias en incremento
Desde 2016 los avances en materia de identificación alcanzados bajo el gobierno de Hugo Chávez se vinieron abajo debido a la incapacidad de las autoridades de mantener el sistema automatizado o adquirir, en países como Alemania, las tarjetas electrónicas para los pasaportes. Los venezolanos han tenido que someterse a horas de calvario en largas filas o recurrir a gestores y mafias dentro del propio Saime para conseguir ese documento, indispensable para viajar fuera del país.
Ya son 60 las denuncias recibidas por Transparencia Venezuela durante 2019 sobre irregularidades en el Saime, en su mayoría por retrasos en la entrega del pasaporte o prórroga (20), fallas en el sistema (16) y corrupción de funcionarios (7).
En cuanto a las fallas en el sistema, Transparencia Venezuela ha recogido las siguientes irregularidades: falta de asignación de citas, inexistencia o eliminación del trámite, notificación de entrega de prórroga sin que se haya hecho efectiva, estancamiento en la fase de datos dactiloscópicos, impedimento para solicitar nuevas citas. También se observa que muchos ciudadanos están esperando por la entrega de su pasaporte desde 2017. Estas son situaciones que generan incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema automatizado y la capacidad del Saime para la tramitación y entrega oportuna de pasaportes y prórrogas a la ciudadanía.
En el limbo
La crisis de los pasaportes que viene sufriendo el país al menos desde hace un lustro implica una doble violación. Por un lado, se pone en entredicho el artículo 56 de la Constitución, que no solo establece que todos los venezolanos tienen derecho a la identidad, sino que obliga al Estado a suministrarles los documentos para comprobarla, entre ellos el pasaporte.
Asimismo, se está vulnerando el ejercicio del artículo 50 de la Carta Magna, que establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias”.
Un importante porcentaje de los millones de venezolanos que en los últimos años han dejado el país debido a la feroz crisis económica y política lo han hecho sin contar con los documentos vigentes, en particular el pasaporte, lo que los expone a situaciones de riesgo como caer en manos de redes criminales. Por ello países de la región como Colombia, Ecuador, Perú o los mismos Estados Unidos han aceptado los ya caducos o los que han sido renovados.
En julio de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su condición de encargado de la Jefatura del Estado, emitió un decreto mediante el cual extendió por cinco años la vigencia de los pasaportes emitidos “sin que sea necesario ningún trámite adicional”.
Pese a la flexibilidad mostrada por algunos gobiernos, la carencia de documentos hace más vulnerables a los venezolanos residentes en el exterior, porque los coloca en situación de indefensión al impedirles solicitar permisos de residencia o visas, trámites para los cuales es necesario tener documentos vigentes.