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En el foro «Deficiencias y fortalezas electorales. ¿Qué debe cambiar en las elecciones del 2016?», en el Hotel Pestana Caracas, voceros de Transparencia Venezuela, Observatorio Electoral Venezolano, Asamblea de Educación y Guachimán Electoral presentaron balances de lo que fue la veeduría de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
 
Gabriela Ferrer, Coordinadora Ejecutiva y Relaciones Internacionales de Transparencia Venezuela, destacó que esta asociación civil hizo seguimiento al uso de recursos públicos en campaña. «Los abusos electorales empezaron a mediados del año pasado, desde las primarias del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). Usaron cuentas en redes sociales y páginas web de instituciones llamando a votar por sus candidatos. En esa época de precampaña recibimos 242 denuncias de las cuales 200 tenían que ver con el uso de recursos públicos«.
 
La mayoría de las denuncias ocurrieron previo a las primarias y durante ese proceso interno de la tolda oficial.
 
Luego, en la campaña, Transparencia recibió 184 denuncias a través de la aplicación Dilo Aquí, de las cuales 145 fueron también por la utilización del erario público. «Acudimos al Consejo Nacional Electoral con las denuncias y no obtuvimos respuestas. Y en el día electoral, el 6 de diciembre, se recibieron 401 denuncias por fallas de máquinas, apertura tardía de mesas, problemas con la tinta y ausencia de los miembros de mesas, las más comunes».
 
Ferrer manifestó que por todas estas irregularidades, Transparencia Venezuela introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia dos recursos contenciosos electorales, uno por la negativa del CNE a dar respuestas sobre la propaganda anticipada y el otro contra la Comisión de Participación Política y Financiamiento del árbitro por no responder las denuncias de campaña y del día electoral, y también se espera la respuesta del máximo tribunal.
 
Por eso destacó que la lucha de Transparencia Venezuela se enfoca en el acceso a la información pública, cuando la opacidad es la que impera en los organismos públicos. A esa falla se agrega el silencio del CNE y TSJ. Se hacen oídos sordos ante la corrupción. Esas irregularidades amenazan el sano desarrollo de futuros procesos electorales.
 
Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, dijo que han sido acreditados por el CNE para ser observadores nacionales desde 2012. Destacó que el proceso no solo ocurre el día electoral. «Las parlamentarias comenzaron a finales de 2014 cuando la Asamblea Nacional eligió a tres rectores. Desde allí estuvimos pendientes. Hicimos pronunciamientos públicos por lo desastroso del proceso de selección de las autoridades en su segunda fase. Ya cuando ellos asumieron sus cargos se demoraron en emitir la fecha de las votaciones, que se definió a mediados de 2015. En la participación de las auditorías estuvimos ahí. En alianza con Ipys (Instituto Prensa y Sociedad), El Pitazo y Guachiman Electoral supervisamos las votaciones y tuvimos 700 observadores en todo el país el 6 de diciembre», reportó.
 
El profesor José Domingo Mujica representó a Asamblea de Educación. En su balance resaltó que la inhabilitación de candidatos de la oposición y la repartición de las circunscripciones en las que el CNE tiene una vara alta son las violaciones más significativas de las parlamentarias pasadas. «El mecanismo para distribuir los circuito debe cambiar en el futuro», dijo.
 
La conformación de mesas con miembros accidentales es irregular, cuestión que se presentó el 6D. En la orientación al elector, «el CNE se lava las manos», criticó el vocero de Asamblea de Educación. Agregó que el Poder Electoral debe hacer más esfuerzos en eso. Otro cuestionamiento es que no hay acceso total de los observadores a los procesos de verificación, y el sistema de captahuellas no es tan eficiente.
 
Guachimán Electoral es una idea que nació en marzo de 2015. Alberto Fernández es uno de los coordinadores del proyecto y explicó el objetivo: se busca que los ciudadanos sean los protagonistas del proceso electoral. Esta iniciativa se enfocó en los mensajes que recibían de las redes sociales y SMS de celulares. Hubo también alianza con Ipys, Transparencia Venezuela, medios de comunicación, entre otros. «Queríamos que el público general supiera cómo iba el proceso, que los periodistas tomaran información y que las autoridades registraran las denuncias. El 6 de diciembre recibimos 23 mil mensajes en Twitter. Eso lo contrastamos y publicamos al constatarlo. Documentamos 1 mil 300 reportes y lo que más se repite es el uso de recursos públicos«.

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