Empresas de las gobernaciones también son instrumentos para la corrupción

La más reciente investigación de Transparencia Venezuela permitió determinar que en 46 empresas públicas regionales, es decir, 21% del total ha habido denuncias de corrupción o malos manejos

Transparencia Venezuela, 14 de febrero de 2022. Del total de 910 empresas propiedad del Estado, hay 218 empresas dependientes de los gobiernos regionales, tal como puede verificarse en la base de datos en Vendata. Las gobernaciones de Sucre con 17, Barinas con 16 y Portuguesa con 15, son las que tienen más empresas adscritas, mientras que las gobernaciones de Nueva Esparta, sin empresas, Táchira con 2 y Mérida con 4 son las que menos tienen. Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, 4 de Táchira, 5 de Mérida y 3 de Anzoátegui.  A la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados . 

Fuente: cálculos propios con información de gacetas oficiales, portales oficiales de gobernaciones, informes de contralorías regionales, datos del Sistema de Registro de Órganos y Entes de la Administración Pública (SISROE) y notas de medios regionales y nacionales. Base de datos disponible en https://vendata.org/site/empresas2/. 

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Cambios de adscripción en sentido contrario, es decir, desde el poder nacional al regional se documentaron en los estados Miranda (8 empresas), Barinas (7), Sucre (2), Delta Amacuro (1), Portuguesa (1), Lara (1), y Zulia (1). A finales de 2019 Nicolás Maduro declaró “He ratificado la línea de entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores, en la recuperación de todos los proyectos.” Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas, el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y Empresa Mixta Socialista Porcinos del Alba.  Pero de 595 Empresas públicas nacionales, solo entrego a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante.

El perfil de alianzas y de inversiones se replica en los casos de los gobernadores favorecidas con la medida, todos manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas, tal como se relató en el documento Aliados privados al control de las empresas estatales, sin embargo, los resultados han sido cuestionados por el propio gobierno. Nicolás Maduro en reunión del Consejo Federal de Gobierno, realizada en enero de 2022 señaló “…sé de muchas empresas, antes socialistas, que les entregué a algunos gobernadores en funciones y se las entregaron a amigotes, a empresarios que las quebraron, lo sé, con nombres y apellidos, (…) sé que quebraron empresas que se las entregamos a su custodia para su recuperación.” Este cuestionamiento, hecho de forma genérica y sin que se sustente en las actuaciones de los órganos formales de control, difícilmente se orienta a evitar la impunidad frente a los actos corruptos; el mensaje le permite desligarse de la responsabilidad de este gravísimo problema y atribuirlo a otro nivel de gobierno, procurando distraer la atención del hecho de que las empresas fueron cedidas por su bajo desempeño luego de una gestión corrupta e ineficiente, tal como se demostró en los informes Empresas propiedad del Estado. Un modelo de control I, II y III.

La más reciente investigación de Transparencia Venezuela permitió determinar que en 46 empresas regionales, es decir, un 21% del total ha habido denuncias de corrupción o malos manejos. Las denuncias de corrupción han ocurrido principalmente en las empresas de distribución de gas, (9), transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), minería (5), y comercio (4). El abuso de poder en la distribución minorista del gas ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y precios subsidiados que han servido de incentivos perversos para el funcionamiento de mercados negros, con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el uso del servicio en campañas electorales para favorecer al partido de gobierno. En las empresas de transporte se encontraron denuncias por irregularidades en los procesos de compra de lubricantes, repuestos y vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, mayormente en campañas electorales y los días de elecciones. En el sector agroalimentario, destacan las irregularidades en los centrales azucareros negociados con el sector privado, el estancamiento en la cadena de producción por falta de insumos y prácticas clientelares en la distribución de alimentos. 

Las gobernaciones participan mayormente en actividades económicas del sector agroalimentario en el que hay 42 empresas (19% del total de las empresas regionales), al que le siguen el sector construcción, con 34 empresas (cerca del 16%); el sector comercio, con 28 empresas dedicadas a la distribución de alimentos principalmente (cerca del 13%) y después, con porcentajes similares de participación, están las empresas de venta de gas doméstico, del sector financiero, de explotación de minerales no metálicos y de transporte (alrededor del 7%). 

Fuente: cálculos propios

Al contrastar el número de empresas regionales por sector respecto al total de empresas propiedad del Estado existentes en Venezuela, se observa que los gobiernos regionales tienen 78% de las empresas comerciales, 54% de las empresas de construcción y 30% de las empresas agroalimentarias. 

Se corrobora para las empresas regionales prácticas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y su utilización con fines político – partidistas. Los portales Web de las gobernaciones que están activos, no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, éstos son mencionados sólo con fines propagandísticos. La base de datos en Vendata muestra vacíos porque no fue posible acceder a información de las EPE regionales en relación a, entre otras variables, sus autoridades (80%), fecha de creación (66%), composición accionarial (65%), y situación patrimonial (100%). Resultó llamativo conocer con datos de fecha de creación de 74 empresas, que 30 de ellas, se conformaron después de 2014, año en que inició la crisis económica, pero pueden ser muchas más. 

Es muy probable que los resultados de las elecciones regionales de noviembre 2021 motiven nuevamente cambios de adscripción de las EPE, como ocurrió con la gestión de competencias en el estado Zulia, pero hasta el momento de redactar esta nota no ha habido pronunciamientos oficiales.