En Venezuela, la opacidad pretende negar la magnitud de la crisis

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En Venezuela no existe un portal con datos confiables sobre la COVID-19 y las autoridades venezolanas siguen sin publicar el cronograma de vacunación. En un reciente sondeo de Transparencia Venezuela, casi 70% de los consultados dijo desconocer los criterios utilizados para aplicar las dosis, y 82,3% afirmó que no ha visto el plan de inmunización 

Transparencia Venezuela, 28 de septiembre de 2021. En Venezuela, se vulnera de forma sistemática el derecho al acceso a la información pública, pese a que está consagrado en los artículos 51 y 143 de la Constitución Nacional. Esta realidad es particularmente grave en el actual contexto de pandemia, cuando no existen datos confiables sobre el manejo de la COVID-19, ni del destino de los recursos dirigidos a contrataciones y compras para atender la emergencia.  Tampoco hay certezas en cuanto a las dosis de vacunas disponibles y existe un marcado escepticismo hacia las cifras oficiales de contagios y decesos. 

La importancia del acceso a la información pública radica, además, en que este es el componente clave para el disfrute de otros derechos humanos como el de la salud y la vida, y la libertad de expresión. La ausencia de estas garantías limita la participación ciudadana y deja a las personas sin capacidad para conocer los riesgos reales y, en consecuencia, tomar las mejores decisiones para su protección. 

Desde 2016 se han registrado en el país los mayores retrocesos en esta materia. Las autoridades llevan seis años sin publicar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento Nacional, así como las memoria y cuentas de los ministerios y otros organismos. En un área prioritaria como la salud, tampoco se dispone de información pública creíble. Los ciudadanos, trabajadores sanitarios, periodistas e investigadores, no tienen acceso a registros epidemiológicos desde 2015, año en el que dejó de difundirse el boletín semanal sobre enfermedades endémicas.  

Hasta el 20 de septiembre, según cifras oficiales, en Venezuela se habían detectado 334.343 contagios de COVID-19 y 4.019 decesos, balance cuestionado por gremios de salud, academias y organizaciones internacionales que consideran que existe un elevado subregistro. La reciente actualización de datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), refleja 359.633 casos y 4.363 fallecidos. 

En un escenario de alta demanda de vacunas para frenar la propagación del virus, el caso venezolano destaca por el secretismo gubernamental en torno a la adquisición de fármacos y la falta de respuesta a denuncias de abusos y privilegios. Nicolás Maduro afirmó recientemente que 30% de los venezolanos ya está inmunizado contra la COVID-19. Mientras que, por otro lado, el médico infectólogo Julio Castro indicó que 11,7 han recibido las dos dosis de las vacunas, según resultados de una encuesta presentada el pasado 2 de septiembre.

Estas cifras coinciden con las aportadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según la cual 3,3 millones de venezolanos (11,62%) tienen ambas dosis de los fármacos disponibles en el país: Sputnik-V de Rusia y la china Sinopharm, mientras que casi 6 millones tiene el primer pinchazo.

En el limbo

El reporte semanal del portal Salud Crítica, de Transparencia Venezuela, indica que más de 60% de personas encuestadas opinaba que la opacidad ha marcado el proceso de vacunación anti-COVID-19. En el sondeo efectuado a una muestra de 431 personas consultadas hasta este 20 de septiembre, casi 70% dijo desconocer los criterios y principios utilizados para recibir la vacuna, y 82,3% afirmó que no ha visto el plan de vacunación. Luego de siete meses del proceso iniciado el 18 de febrero, las autoridades venezolanas siguen sin publicar el cronograma.

La información sobre la pandemia en Venezuela se convirtió en un asunto político y de control social. A la desorganización, abusos y opacidad se suma la discriminación al utilizar el registro del Sistema Patria para condicionar este derecho, en lugar de aplicar los criterios de priorización recomendados por organismos internacionales e implementados en otros países del mundo. La vacunación se ejecuta a través de convocatorias por mensajes de texto a las personas inscritas en dicha plataforma gubernamental y también a quienes se registran a través del portal web del Ministerio de Salud. 

La falta de acceso a la información pública relacionada con la COVID-19 y el plan de vacunación es aún más preocupante cuando las autoridades anuncian el reinicio de clases presenciales para finales de octubre y la inoculación a la población infantil desde los tres hasta los 18 años. Según voceros oficiales, el gobierno se fijó como meta para esa fecha, que el 70% de la población, equivalente a unos 22 millones de personas, haya recibido ambas dosis. 

No obstante, los ciudadanos desconocen la cantidad real de vacunas que han llegado al país. El 1° de septiembre, la OPS aseguró que Venezuela había recibido 4.900.000 dosis, pero para ese momento, voceros oficiales habían anunciado la llegada de un total de 3.230.000 vacunas. De acuerdo con el seguimiento de Transparencia Venezuela, hasta el 22 de septiembre arribaron al país 4.928.600 vacunas anti-COVID-19, entre Sinopharm, Sputnik-V y Sinovac. Sin embargo, es probable que el número de dosis sea superior y no se haya anunciado al público.

El pasado 6 de septiembre, llegó un nuevo lote de los 10 millones de dosis de Sputnik V compradas a Rusia.  Las vacunas eran esperadas por unos 600.000 venezolanos que, según datos publicados por el Gobierno Interino, habían recibido casi tres meses atrás la primera inoculación, sin que en ese lapso el gobierno diera respuesta a las exigencias de información que al respecto hacían los ciudadanos.  

Secretismo institucionalizado

En Venezuela no existe un portal con datos confiables sobre la pandemia y, menos aún, sobre el plan de inmunización. La información es aportada mediante alocuciones televisadas o declaraciones de las autoridades. En este contexto, es de resaltar que 57% de las verificaciones realizadas a voceros del gobierno, por el portal de fact checking EsPaja.com, resultaron falsas; solo 29% fue calificado como “cierto o dentro del espectro de la verdad” y 14% como discutibles.

La opacidad es una política oficial que pretende negar las dimensiones de la crisis. No existen procesos estandarizados para recibir, procesar y ofrecer respuesta a peticiones ciudadanas de información. Según registros de Espacio Público, entre 2016 y 2018, de 279 solicitudes realizadas a entes públicos, 273 no obtuvieron respuestas, 5 fueron respondidas de forma incorrecta y una no fue recibida. 

La situación se agrava con el acoso y persecución a quienes se atreven a buscar y difundir información. Entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal registró 15.250 detenciones arbitrarias. En tanto que más de 5,2 millones de venezolanos no tienen acceso a noticias, según la investigación de 2020 Atlas del silencio, del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys). 

Este fenómeno se explica por el cierre de más de 200 medios de comunicación desde 2004, además del creciente monopolio estatal a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), conformado por un conglomerado de emisoras de radio, televisoras, rotativos y multimedios gubernamentales o afines al partido de gobierno.

Por otra parte, Transparencia Venezuela ha señalado que la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, por parte de la Asamblea Nacional electa el 6 diciembre, luego de un proceso exprés, solo busca cumplir con una formalidad, sin garantizar realmente a los venezolanos el derecho a acceder a la información pública.

La organización ha advertido que parlamentarios de tendencia oficialista respondieron así a la recomendación hecha por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuando presentó el 13 de septiembre de 2021 su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. 

La exmandataria chilena exhortó al Estado venezolano a elaborar y promulgar una Ley Orgánica de Transparencia de acuerdo con estándares internacionales, para asegurar “que las solicitudes de información pública no sean rechazadas por omisión de formalidades no esenciales”. La aprobación de dicho instrumento se realizó en menos de tres días y no contó con una convocatoria a consulta abierta.

Para Transparencia Venezuela, dicha ley no asegura el cumplimiento del ejercicio del derecho humano de acceder a la información pública, todo lo contrario, lo limita y además parte de conceptos contrarios a la Constitución y a los tratados y estándares internacionales, por lo que está condenada a su inaplicación.

Este Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, el mundo reconoce que las limitaciones en el acceso a la información han afectado directamente el derecho de los ciudadanos a participar en la formulación, implementación y fiscalización de políticas públicas, lo que ha originado un incremento de la corrupción y de la mala prestación de los servicios públicos, así como la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos.

Contra toda adversidad, la sociedad civil venezolana persiste en sus propuestas de cambio y en la reconstrucción de las instituciones. Transparencia Venezuela ha insistido en la promoción del modelo de Gobierno Abierto, que tiene entre sus pilares el acceso a datos abiertos y la participación ciudadana. La mayoría de los avances mundiales en materia de transparencia, han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar y exigir. 

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