Entes gubernamentales ocultan cifras oficiales en salud, educación y seguridad

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La cultura del secreto que se promueve en las instancias gubernamentales de Venezuela, ha llevado a ocultar cifras oficiales de sectores estratégicos como salud, seguridad y educación.

Así lo indica el informe Saber Más en su segunda entrega, el cual basado en datos aportados por la organización civil Transparencia Venezuela, denuncia la inclinación del Gobierno ha impedir el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública.

En el texto cuestionan el hecho de que cifras tan importantes como la cantidad de pacientes con VIH Sida que son atendidos en los sistemas de salud pública y los medicamentos disponibles para su atención, no son datos del dominio público y cuando se intenta acceder a ellos el Ministerio del poder Popular para la Salud se niega a dar respuesta.

Igualmente el despacho de salud no publica de manera periódica los boletines epidemiológicos, lo que impide la aplicación de programas para mantener el control de algunas enfermedades.

Las organizaciones no gubernamentales que defienden el acceso a la información pública han hecho grandes esfuerzos por acceder a datos de las fuentes oficiales, sin embargo las trabas y la carencia de una Ley que de manera exclusiva garantice el cumplimiento de este derecho ha impedido obtener buenos resultados.

Otro de los casos resaltantes son las solicitudes por parte de Transparencia Venezuela al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, y a la Superintendencia de Bancos sobre los criterios para la asignación de los bonos de la deuda,  que resultan el único mecanismo legal para acceder a las divisas por parte de los venezolanos.

En materia educativa el Estado venezolano también oculta las cifras relacionados con la deserción escolar, la desnutrición y el número de niñas, niños y adolescentes que están en situación de calle. En otra área neurálgica como la seguridad se desconocen datos oficiales sobre los índices de delincuencia, población armada, y cifras exactas sobre la población penal.

Estas condiciones afianzan la necesidad de fomentar la aprobación de una Ley que garantice el acceso a la información pública, además de la creación de una instancia garante del cumplimiento del marco legal.

En el informe Saber Más II se debate la necesidad de poner fin a la cultura del secreto en las instituciones venezolanas y la aprobación de marcos legales desde la Asamblea Nacional que ponen en manos de los funcionarios la decisión de sí hacen públicas o no las informaciones relacionadas con la gestión gubernamental.

Aunque en Venezuela el acceso a la información pública está consagrado en la Constitución, este derecho no se cumple a cabalidad y se desestiman las peticiones de los ciudadanos u organizaciones no gubernamentales en esta materia. Además la Defensoría del Pueblo, ente que debe velar por el respeto a los Derechos Humanos no se aboca a combatir los vicios que se han creado en las instituciones y que impiden el libre acceso a la información.

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