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Con dos granadas fue atacada una comisión de la policía municipal de Paz Castillo, del estado Miranda. La reseña del 4 de febrero de 2016 que publicó el diario Últimas Noticias indica que los uniformados patrullaban el sector Cajigal y avistaron una camioneta color blanco doble cabina con un grupo considerable de hombres, quienes al verse descubiertos por los efectivos lanzaron explosivos y dejaron la camioneta abandonada.

La banda de “El Koala”, grupo conformado por 15 hombres que usa armas de guerra y chalecos antibalas, había secuestrado a un comerciante y se trasladaba con la camioneta de la víctima.

Esta vez la comisión policial corrió con suerte, la zona fue tomada y las granadas no explotaron. Pero en otros hechos, desde enero hasta octubre de 2015 se registraron 60 sucesos que tuvieron a las granadas de protagonista, fallecieron 33 personas y 62 resultaron heridas. La mayoría de los casos se presentan en la Gran Caracas, con 48% de la incidencia.

La dinámica delictiva conoce de economía. Como se hizo popular el uso de granadas, los precios bajaron. En septiembre de 2015 ese artefacto costaba 120 mil bolívares. En noviembre, dos meses después, pasó a valer 50 mil bolívares.

Las granadas son adquiridas por la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Pueden ser rastreadas por número de lote, pero al detonarlas se pierde la pista. La Fiscalía General de la República hace investigaciones al respecto, pero se desconoce los avances de tales procesos.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó en su Memoria y Cuenta del pasado 2 de febrero que por hechos relacionados con armas de fuego se iniciaron 11 mil 528 investigaciones durante 2015, de las cuales 59 son por posesión de granadas. La funcionaria no dijo quiénes son los responsables ni cuántas personas están privadas de libertad por el uso de esa arma de guerra.

¿Qué exigimos desde Transparencia Venezuela y su Observatorio de Misiones? Se sugiere a Cavim y demás instituciones militares la adopción de mecanismos necesarios para el blindaje de los parques de armas. Así como establecer un perfil de los centinelas de los centros de almacenaje, y que se haga una debida supervisión del desempeño de esos funcionarios.

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