Garantías de acceso a la información no avanzan en Venezuela
El informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción recomendó a los países de las Américas incluir, en sus políticas públicas, acciones de transparencia y participación digital que generen un impacto positivo en la lucha contra la corrupción, en especial en tiempos de pandemia y situaciones de emergencia
Transparencia Venezuela, 27 de abril de 2022. El acceso a la información es un principio esencial de la democracia. Organismos internacionales lo han reconocido como un derecho humano fundamental para garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de otros derechos, además de posibilitar el seguimiento a la gestión pública y promover la rendición de cuentas, en particular en contextos de pandemia como la actual o en caso de situaciones de emergencia.
En su reciente informe temático regional sobre el tema, el Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) del Foro Ciudadano de las Américas determinó que en la región existe una brecha entre la promulgación de normas y el efectivo cumplimiento de éstas, y que las fortalezas y avances identificados se concentran en la creación de leyes que regulan el acceso a la información.
El documento identificó buenas prácticas desarrolladas por la mayoría de las 19 naciones que integran esa instancia internacional para cumplir los acuerdos del Compromiso de Lima relacionados con el acceso a la información, pero destacó el caso de países como Venezuela, donde en lugar de avances, algunas de las políticas implementadas constituyen retrocesos en la materia.
Con base en los resultados, el OCC recomendó a los países de las Américas incluir, en sus políticas públicas, acciones de transparencia y participación digital que generen un impacto positivo en la lucha contra la corrupción, en especial en tiempos de pandemia y situaciones de emergencia.
Fortalezas, debilidades y retos
El seguimiento efectuado por el OCC reveló que, si bien 15 países cuentan con leyes de acceso a la información, más de la mitad de esas normas existían antes de la firma del Compromiso, en 2018, y solo cinco naciones han adoptado regulaciones complementarias en los últimos dos años (Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Honduras).
Al comparar a escala regional los avances respecto al desarrollo normativo y la aplicación práctica en los compromisos N° 14 y N° 16 -referidos al derecho al acceso a la información- se observan más avances en términos de normas (69%) que en la práctica (50%), con una puntuación promedio de 1,51 y 1,37, respectivamente, sobre una escala de 3 puntos para evaluar cada compromiso.
En Suramérica, sobresale el caso de Venezuela, donde las valoraciones fueron inferiores a 1,00/ 3,00. Esta situación evidencia un desarrollo precario de los marcos normativos para garantizar el acceso a la información pública.
En cuanto a las fortalezas y avances en la garantía del acceso a la información detectadas durante el seguimiento realizado por el OCC, destaca que, de los 19 países participantes, 14 cuentan con normas y políticas nacionales para promover el gobierno electrónico y la participación digital. De igual modo, 14 naciones disponen de una entidad responsable de las políticas y programas.
Ese no es el caso de Venezuela, Honduras, Brasil y Chile, países que, pese a que cuentan con alguna unidad gubernamental que se encarga de los temas asociados al acceso a la información, estas no tienen el mandato específico o no cuentan con autonomía para su gestión.
Por otra parte, Venezuela también figuró junto a Panamá y Haití como los países de la región donde no se identificó la existencia de manuales, políticas, decretos o procedimientos destinados a desarrollar los lineamientos para la garantía del acceso a la información pública.
Lo anterior evidencia la desconexión existente, en algunos casos, entre iniciativas de modernización estatal como el gobierno digital y su incidencia en la lucha contra la corrupción, particularmente en lo relacionado con el acceso a la información y en aspectos como la reducción de la burocracia.
Gobierno abierto es la clave
El OCC ha señalado que el Compromiso de Lima constituye una oportunidad para que los países reafirmen acuerdos internacionales de fortalecimiento de la democracia, el acceso a información pública y lucha contra la corrupción. Por tal motivo, planteó la necesidad de fortalecer la construcción de políticas, planes y programas de gobierno electrónico para incrementar los escenarios de participación digital y generar acciones puntuales de lucha contra la corrupción en consenso con la sociedad civil.
Las recomendaciones del OCC a los países ponen el acento en el rol preponderante de la ciudadanía y la implementación de iniciativas de Gobierno Abierto, el desarrollo de tecnologías de la información y la eliminación de las barreras en la comunicación que permitan acortar la brecha digital y adoptar un nuevo enfoque en las políticas de transparencia y acceso a la información pública.
El OCC está conformado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil de 19 países del continente americano, quienes de manera conjunta han adelantado un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobiernos de la región en la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en el 2018 en Lima, Perú.