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Impacto de la Gran Corrupción dejó al país indefenso frente a la pandemia

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Transparencia Venezuela analizó en detalle cómo el desfalco al patrimonio de la nación, que cumple con un patrón conformado por 12 elementos, provocó el colapso institucional, promovió la impunidad y la vulneración  de los derechos de los ciudadanos, además de socavar sectores vitales como salud, agua, alimentación, gas doméstico, combustible y electricidad

Transparencia Venezuela, 5 de junio de 2020. El seguimiento que en los últimos 15 años ha realizado el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, a la gestión de los funcionarios públicos, ha revelado que en Venezuela se ha venido aplicando de manera sistemática y generalizada un conjunto de acciones que favorecieron el desfalco al patrimonio público y la instauración de un Estado criminal, cuyos tentáculos se han extendido a toda una red internacional de corrupción. La organización identificó 12 elementos que configuran ese Patrón de Gran  Corrupción, causante de la emergencia humanitaria compleja sin precedentes que padecen los venezolanos, cuya calidad de vida se ha visto afectada de manera drástica. Este impacto desolador ha empujado a más de 5,1 millones de personas a cruzar las fronteras en búsqueda de su supervivencia y ha dejado a la población indefensa ante los embates de una amenaza externa: la pandemia por COVID-19, cuyo alcance real es hoy imposible de cuantificar ante la desinformación y la opacidad oficial sobre el manejo y avance de la enfermedad.

El informe El Patrón de Gran Corrupción en Venezuela, publicado por Transparencia Venezuela, es un acercamiento a los factores que han contribuido al deterioro de la  situación económica, política y social en la que se encuentra el país, y permite una mejor compresión de una crisis que se ha traducido en penurias para los ciudadanos, con serios problemas para acceder a los alimentos y a la salud, y padecen las fallas estructurales en servicios como agua, electricidad, transporte, seguridad y gas doméstico. Escenario al que se suma la escasez de combustible, cuyo suministro está siendo sometido a un nuevo esquema de distribución que incluye precios diferenciados, con subsidio en bolívares, a través del Carnet de la Patria, y venta libre, llamada premium, a precios internacionales.

Una crisis visible

La investigación determinó que el declive comenzó a acentuarse a partir de 2007, pero, lejos de rectificar, las autoridades mantuvieron y profundizaron la aplicación de esas políticas, endosando la responsabilidad a factores externos a través de una poderosa maquinaria de comunicación nacional e internacional. Las consecuencias han sido tan devastadoras que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, señaló en su informe de julio de 2019, que “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural…”. 

De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en 2017 que “las denuncias de altos niveles de corrupción en el país permean aún más la débil institucionalidad estatal. Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción”.  De no revertirse el panorama, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estiman que el éxodo de venezolanos se mantendrá y, que este año, la cifra de personas que abandonan el país para escapar de la crisis podría elevarse a 6,4 millones.

En un solo puño

El primero de los 12 elementos que configuran el Patrón de Gran Corrupción es el monopolio de sectores económicos, con el gobierno como único propietario y administrador de productos, bienes y servicios esenciales para el ciudadano.  Más de 576 empresas en las áreas de alimentos, electricidad, transporte, comunicación, agua, gas, comercio, construcción e instituciones financieras están bajo el control absoluto del Estado. De esas compañías, 441 fueron creadas, expropiadas o confiscadas durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre 2007 y 2011, y pese a la asignación de considerables recursos económicos, la mayoría presenta una notable caída de la producción y reporta renuncias por irregularidades.

El efecto nocivo de ese control se evidencia en sectores vitales como el eléctrico. Solo en marzo de 2019, hubo más de cuatro grandes apagones que dejaron a 90% del país a oscuras. En lo que va de 2020 se mantienen las fallas en varios estados, en especial en la región andina. En materia de transporte público la situación no es diferente. Según el gremio, el sector se redujo más de 75%, y de 260.000 unidades activas se pasó a 78.000 para 2018. Ese mismo año, más de 20% de los vehículos particulares dejaron de circular por escasez de cauchos, lubricantes y repuestos. Mientras que el sector alimentación se convirtió en una de las áreas con mayores riesgos de corrupción, al dejar en manos de militares la venta y distribución de productos. Además, la implementación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no solo se ha convertido en un mecanismo de control, sino que ha generado pérdidas millonarias a través de importaciones ficticias y la compra con sobreprecio de productos no aptos para el consumo.

Incentivos a “enchufados”

También son elementos del Patrón de Gran Corrupción los incentivos a la corrupción, a través del control de cambio, el control de precios y los subsidios, como el de la gasolina. Estas medidas sostenidas en el tiempo han propiciado el contrabando y la aparición de mercados negros o paralelos. Solo el control de divisas, que favoreció a personas con acceso al dólar preferencial a través de empresas ficticias, generó pérdidas por más de US$ 20.000 millones, según denunció en 2013 el exministro de Finanzas de Chávez, Jorge Giordiani. Por otro lado, se estableció como práctica común dentro de la estructura estatal el otorgamiento de cargos públicos a personas afines al gobierno, pero sin méritos, así como la asignación de contratos y programas sociales a cambio de lealtades. La principal afectada fue la industria petrolera, que registra centenares de casos de corrupción, entre ellos  la pérdida de cerca de US$ 5.000 millones en la Banca Privada de Andorra.

Presencia militar y estados de emergencia

El informe de Transparencia Venezuela también determinó que la fuerte presencia de militares en todas las esferas del poder público constituye un elemento clave en la configuración del Patrón de Gran Corrupción. Empresas propiedad del Estado, gobernaciones, embajadas y ministerios están en manos castrenses, que han expandido su participación en espacios de negocios, como el ya mencionado sector alimentación, la electricidad y la industria petrolera.

De igual modo, la discrecionalidad en el gasto público y la ausencia de controles son consecuencia del estado permanente de emergencia bajo el que se gobierna en Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. Cuatro leyes habilitantes les han dado el control absoluto para legislar sobre sectores claves. Los decretos han sido utilizados para incrementar la potestad del Ejecutivo y suprimir controles que ejercen órganos como el Parlamento. Esto significa que, desde 2016, el presupuesto, el gasto, la deuda y los contratos de interés nacional no son objeto de los controles que ordena la Constitución venezolana. Contrataciones directas por cifras  milmillonarias, sin que ningún ente publique los contratos, los pagos efectuados ni los porcentajes de ejecución se han convertido en la regla. La discrecionalidad y la opacidad han perjudicado a todos los ámbitos. 

Delitos sin culpables

La impunidad institucionalizada mediante la eliminación de la autonomía e independencia de los poderes públicos ha permitido que se comentan estos y otros hechos de corrupción y que se sigan vulnerando los derechos humanos de los venezolanos. Autoridades de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo están contralados por el Poder Ejecutivo y han sido cómplices en legalizar la opacidad e instaurar la corrupción. 

Por otra parte, la ausencia de rendición de cuentas, la opacidad y la desinformación son constantes en los órganos del Estado, bajo la anuencia de entes contralores y de justicia, como lo son la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. El incremento en la opacidad ha estado acompañado con el aumento de restricciones a la libertad de expresión. Medios  de comunicación, nuevos y tradicionales, han sido presionados y asfixiados económicamente hasta verse obligados a hacer silencio o cerrar. El ejercicio del periodismo independiente ha sido víctima de acciones de persecución y amedrentamiento, que también han recaído en ciudadanos, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos que se han atrevido a levantar la voz en demanda de servicios públicos, y/o denunciar la corrupción.

Frente a esta realidad, es vital la lucha anticorrupción con enfoque en derechos humanos para, con la participación de la ciudadanía, visibilizar y priorizar los efectos que este fenómeno produce en los grupos más vulnerables. Organismos internacionales han advertido sobre la imperiosa necesidad de asegurar que los actos denunciados sean investigados de forma independiente e imparcial. Para comenzar a construir una Venezuela íntegra es perentorio que se adopten medidas preventivas y correctivas para erradicar este flagelo, y establecer un modelo de gobierno con base en los principios de transparencia y responsabilidad pública. Así lo demanda este momento histórico en el que el país enfrenta una de las mayores amenazas contra la salud y la vida de sus ciudadanos.

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