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La lucha por la justicia y la transparencia es una tarea democrática.

Desde Monitor Legislativo en nuestro rol de seguimiento y apoyo de la labor parlamentaria que realiza la Asamblea Nacional rechazamos categóricamente y lamentamos las formas forzadas con las que se designaron a las nuevas autoridades del Poder Ciudadano, Electoral y los Magistrados del TSJ, incumpliendo el mandato constitucional al no ser designados por el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y siendo definida la decisión por la mayoría simple del Legislativo representada por la bancada de un solo partido político, el PSUV[1]. Y por otro lado seleccionando candidatos que no cumplen con el requisito básico de no tener vinculación con partidos políticos. Esta elección nace empañada de dudas y superarlo exige que se reinicie el proceso.

La Fiscal General de la República

Con esta lamentable decisión, amparada en una sentencia en tiempo record del Tribunal Supremo de Justicia, fue ratificada para un segundo período a cargo del Ministerio Público la doctora Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República, a pesar de la valoración negativamente que de su gestión han presentado instituciones independientes como es el Observatorio Venezolano de Violencia que indica en uno de sus más reciente informes, que el 91% de los homicidios cometidos  en el país en 2014 quedaron impunes. (Ver: http://goo.gl/S66qav)

El Contralor General de la República

Por su parte, el nuevo titular de la Contraloría General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, viene de desempeñarse como Procurador General de la República, (a quien correspondía la representación judicial y extrajudicial de los derechos e intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos nacionales y redactar conforme a las instrucciones que le comunique el Ejecutivo Nacional, contratos o negocios relacionados con los ingresos públicos nacionales[2]), en sustitución de la primera dama Cilia Flores. De igual forma, Galindo se desempeñó como consultor jurídico del parlamento entre los años 2006 hasta el 2010, al tiempo en que la sra. Cilia Flores presidio el Parlamento Nacional.

El Defensor del Pueblo

Asimismo, para el cargo de Defensor del Pueblo fue designado el ex gobernador del estado Anzoátegui Tarek Willians Saab, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de gobierno desde sus inicios. Su  vinculación con el PSUV es notoria y evidente, poniendo en tela de juicio su imparcialidad política y real autonomía para un cargo vital en la defensa y protección de los derechos humanos de los venezolanos, no basta su renuncia a la militancia días antes de ser nombrado.

 Los tres postulados por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tareck William Saab (Defensor del Pueblo) Luisa Ortega Díaz (Fiscal General) y Manuel Galindo Ballesteros (Contralor), fueron todos elegidos por la mayoría simple de la Asamblea Nacional. Es inaceptable en una democracia que la designación de cargos tan sensibles e importantes para el correcto funcionamiento del estado de derecho, se realizara sin cumplir el requerimiento de la mayoría calificada que garantiza el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados y por consiguiente la mayor representación del país, aprovechando resquicios legales y forzando a las instituciones a favor de un grupo politico, burlando los principios de autonomía, independencia vital en cualquier marco de justicia y en particular en la lucha contra la corrupcion y la impunidad de los poderosos.

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justica

Lamentamos la forma en que fueron nombrados los 12 nuevos  Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, luego que los diputados no lograran el consenso de las dos terceras partes de la plenaria durante 3 sesiones consecutivas y la escogencia se realizara por mayoría simple el 28 de diciembre, dejando así en manos del PSUV la elección de los nuevos magistrados para los próximos 12 años.

Algunos de los nuevos Magistrados claramente tienen vinculación directa e indirecta con el partido de gobierno y/o con sus máximos líderes, como el caso de la magistrada de la Sala Político Administrativa, María Carolina Ameliach Villarroel quien es familiar del gobernador del estado Carabobo y ex presidente de la Asamblea Nacional por el partido de gobierno Francisco Ameliach, o el caso del magistrado de la Sala de Casación Penal, Maikel José Moreno Pérez quien fue enviado por el entonces canciller y hoy presidente de la República Nicolás Maduro a la embajada de Venezuela en Roma para desempeñar labores diplomáticas. (Ver; http://goo.gl/cbpyU2)  .

Rectores del Consejo Nacional Electoral

El 22 de diciembre de 2014, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de omisión por parte de la Asamblea Nacional en designar los Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral. La Sala de manera inusualmente expedita[3] admitió la solicitud  y declaró la omisión legislativa, y en consecuencia designó como primera rectora principal a la ciudadana Tibisay Lucena y como sus suplentes a los ciudadanos Abdón Rodolfo Hernández y Alí Ernesto Padrón Paredes; como segunda rectora principal a la ciudadana Sandra Oblitas, y como sus suplentes a los ciudadanos Carlos Enrique Quintero Cuevas y Pablo José Durán; como tercer rector principal al ciudadano Luis Emilio Rondón, y como sus suplentes a los ciudadanos Marcos Octavio Méndez y Andrés Eloy Brito, esto ocurrió luego que la plenaria en una sola oportunidad no lograra el conceso de la mayoría calificada en la designación de las rectoras.

Necesitamos un proceso transparente y constitucional

Desde la Asamblea Nacional se debe reabrir el proceso de selección y nombramiento de estas Altas Autoridades, pero ahora, cumpliendo con los requisitos mínimos de: 1. Elegir a personas que no tengan ni tuvieran en los últimos años, ninguna participación y vínculos con ningún partido político en aras de la imparcialidad requerida para estos cargo, 2. Cumpliendo el espíritu y la letra constitucional de una elección por la dos terceras partes de los diputados, sin forzar los números a través de jugarretas politiqueras que tiñen de injusticia a las instituciones y las marcan de ilegitimas; 3. Competencias y  capacitación probada para los cargos.

La Asamblea Nacional debe recuperar su esencial función en el diseño de las instituciones del Estado venezolano a través de los acuerdos entre todas las representaciones del país que hacen vida en el hemiciclo del parlamento. Sin funcionarios públicos independientes será imposible la justicia, el entendimiento y acuerdo de los venezolanos.

El país requiere más que nunca de instituciones que cumplan con sus importantes tareas: prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Esto deja en evidencia la inexistencia del necesario diálogo y acuerdo del que carece la Asamblea Nacional y la hegemonía de una parte del parlamento que no cumple con el requerimiento básico de los candidatos a los cargos más importantes del Estado, como es la autonomía, independencia y capacidad de decisión son conflictos de interés.

La Asamblea Nacional en el Periodo 2015

Desde Monitor Legislativo instamos a la recién electa directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2015 a corregir las irregularidades con las que se desempeñó el parlamento durante el 2014, es por ello que recordamos que se debe dar cumplimiento al artículo 40 del Reglamento de Interior y Debate en la designación de las autoridades de las 15 comisiones en base a la importancia numérica de las organizaciones políticas y no repetir así la hegemonía en la presidencias y vicepresidencias de las 15 comisiones del parlamento en manos de los diputados del PSUV.

De igual manera instamos a la Junta Directiva a una vez designadas equitativamente las presidencias y vicepresidencias de las comisiones permanentes, elaborar y publicar la agenda legislativa anual estipulada en el artículo 68 del RIDAN.


[1] El proceso iniciado a solicitud del Presidente de la Asamblea Nacional, quien solicitó la interpretación del artículo 279 de la Constitución Nacional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual  admitió la solicitud y contrario a la lógica jurídica interpretó que  para la designación de las autoridades mencionadas aplica la mayoría absoluta (…), la cual se configura con la manifestación afirmativa o positiva de la mitad más uno de los diputados y diputadas presentes en la sesión parlamentaria que corresponda, no resultando aplicable ni exigible, por tanto, la mayoría calificada a la que se refiere el primer párrafo del mencionado artículo 279 Constitucional, alusivo a un supuesto diferente (…)”, concluyó con la designación del Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República, mediante un mecanismo débil, y contrario a las buenas prácticas democráticas.

[2] Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, G.O. N0 39.451 del 22/06/10

[3] Transparencia Venezuela hizo una solicitud similar en octubre de 2013 que, a la fecha, aun no ha sido decidida por la Sala Constitucional, es decir, más de 15 meses de retardo judicial

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