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La Organización de las Naciones Unidas raspó a Venezuela en su examen de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó preocupación por 25 motivos por los que sufren los venezolanos. Destacan, entre otros, la corrupción, la escasez de alimentos y medicinas.

En el dictamen, respaldado por 18 países que integran el comité, piden a las autoridades tomar medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial para frenar la elevada corrupción. También mostró preocupación ante el hecho de que el salario mínimo no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de los ciudadanos.
Una de las activistas que participó en uno de los informes presentados en la ONU es Yonaide Sánchez, colaboradora de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. Dice que en Venezuela se rompió el círculo virtuoso entre instituciones transparentes y rendiciones de cuenta. “Ese círculo se ha fracturado por la concentración de poder”, diagnostica.

Sánchez, quien también se desempeña como docente en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, dice que en Transparencia Venezuela se han concentrado en el seguimiento a las misiones (el programa bandera de subsidios del Gobierno).

Entre los principales obstáculos que han tenido es que existen, al menos, más de mil instancias públicas de ejecución y gestión pero la decisión de acciones está concentrada en 8 personas. “Existe un estudio de la Universidad Central de Venezuela, que aunque no revela nombres, arroja esa evidencia. Dependemos de personas, no de instituciones”, denuncia. Revela, además, que existen 60 normas que violan el acceso a la información pública y por eso se hace cada vez más difícil el proceso de verificación del gasto público. “Vivimos una opacidad institucional intencionada”, dice.

Fomento de la corrupción

Al Estado no le interesa reforzar la institucionalidad. Esta afirmación se sustenta en los reportes de Transparencia Venezuela. Según Sánchez, a la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República solo se le asigna 3 % del presupuesto nacional. “Estamos ante una intención deliberada de no fortalecer estos órganos de control”, opina.

Dice que otra actuación del Estado promotora de la corrupción se enfoca en la aprobación de créditos adicionales o “presupuestos paralelos” a los que es imposible hacerles seguimiento. “Son dramáticos. Por ejemplo, en el sector salud, el presupuesto paralelo fue 187 % mayor al aprobado inicialmente. Y a esto no podemos hacerle verificación”, señala.

Otra puñalada a la institucionalidad está en suplantación de tareas entre los órganos del Estado: el Ejecutivo legisla más que la propia Asamblea Nacional. “En el año 2014 el Presidente de la República generó 252 decretos leyes frente a 143 de la AN. Esto se asocia a la corrupción. En noviembre 2014 se creó un cuerpo contra la corrupción que nació opaco porque está adscrito a la Presidencia y sus miembros son secretos”, detalla Sánchez. Agrega que desde el año 2010 no hay informes de la Oficina Nacional del Tesoro y los informes de la Fiscalía son disgregados y no permiten hacer seguimiento.

Débil sociedad civil

“La sociedad civil venezolana no es fuerte, ha sido así históricamente por eso no ha sido capaz de revertir estas prácticas”, lamenta Sánchez. Sin embargo, dice que el trabajo de las ONG fomenta un esfuerzo por sistematizar las evidencias de la situación que se está viviendo en Venezuela. “Uno esperaría una rectificación de las instancias gubernamentales. En el cuerpo de recomendaciones se plantean que los recursos que van a la política social se refleje en la Ley de Presupuesto, que tengamos informes trimestrales”, pide.

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