Seleccionar página

Las instituciones débiles, junto con los gobiernos corruptos o vulnerables ante poderes de facto, han puesto en riesgo la democracia en las Américas, advirtió este miércoles Transparency International en el marco de la VII Cumbre de las Américas, que se realiza en la Ciudad de Panamá esta semana.

Las áreas temáticas de la Cumbre: Educación, Salud, Energía y Medio Ambiente, Migración y Seguridad, Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana – todas ellas áreas clave para mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos – se ven afectadas por la corrupción en casi toda la región.

“Después de diecinueve años de firmada la Convención Interamericana contra la Corrupción, vemos con preocupación el lento avance que se da en su real cumplimiento y que se expresa en el lamentable desempeño de los países de la región frente a la corrupción. Por ahora solo hay avances en el papel, que no corresponden a la realidad. Los escándalos de corrupción que remecen cotidianamente a nuestros países en lugar de presionarnos para fortalecer con urgencia las instituciones que deben servir mejor a los ciudadanos, erradicar la pobreza y fortalecer la democracia; lo que hacen es reforzar la opacidad, la impunidad, la inseguridad ciudadana y el saqueo de los Estados en beneficio de unos cuantos”, señaló José Ugaz, Presidente de Transparency International.

Escándalos de corrupción en Brasil, México, Panamá, Chile, Guatemala, Argentina, Colombia, Perú, Republica Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y demás países de las Américas, revelan que las necesidades básicas de los ciudadanos han sido desplazadas por los intereses egoístas de algunos sectores de las clases política y económica de estos países. Cuando instituciones como el poder judicial en la República Dominicana, la fiscalía de la nación en Perú o la corte constitucional de Colombia fracasan en poner coto a la corrupción y la impunidad,  o peor aún, se ven envueltos en graves cuestionamientos por prácticas corruptas, se advierte lo poco que hemos avanzado en desterrar a la corrupción como mal endémico de la región.

La violencia del narcotráfico y el crimen organizado que asolan al continente y que alcanzó un punto dramático en México con la desaparición de más de cuarenta estudiantes, ha puesto en evidencia la captura de instituciones de seguridad por parte de agrupaciones ilegales y autoridades corruptas sometidas a su control. De otro lado, la represión ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil pretextando una estabilidad democrática inexistente, como ocurre en Venezuela, constituyen un atentado inaceptable contra derechos fundamentales como la libertad personal y de expresión. La debilidad institucional es caldo de cultivo para el surgimiento de la gran corrupción.

«Los corruptos están encontrando nuevas maneras de navegar entre las leyes y reglamentos que se implementan débilmente, dejando a los ciudadanos de las Américas en situación de riesgo. Por ello, es urgente que se dé un debate orientado a reforzar la capacidad en la región para cumplir de manera real con los compromisos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este es un primer paso crítico para asegurar que la corrupción no supere los acuerdos destinados a mantener la democracia a salvo «, dijo Alejandro Salas, Director para las Américas de Transparency International.

El texto de las convenciones en sí mismo no requiere grandes reformas, lo que se requiere es el compromiso en su aplicación, con garantía de participación de ciudadanos a través de organizaciones con autonomía, independencia y seguridad jurídica que puedan visibilizar y enfrentar la corrupción e impunidad que afecta a los estados en la región. Para avanzar en este propósito:

  • Los gobiernos necesitan poner de nuevo a las personas en el centro de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, con la finalidad de garantizar derechos básicos a los ciudadanos. Las mejores prácticas internacionales en participación de la sociedad civil deben ser adoptadas y monitoreadas en la región.
  • Los gobiernos deben reforzar los procesos democráticos, particularmente los que se encuentran bajo amenaza en algunos países, e involucrar a los ciudadanos en las agendas de gobernabilidad y desarrollo en la región. El derecho de las personas a participar en los procesos de toma de decisiones debe ser reconocido en todas las constituciones y marcos legales relevantes en los países de las Américas. Los gobiernos deben fortalecer el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la libertad de prensa pues de otra manera no se dará un efectivo involucramiento de los ciudadanos en sociedades donde existe la censura.
  • Todos los líderes de gobierno participando en esta Cumbre deben poner su voluntad política y fortaleza en adoptar y reforzar todos aquellos mecanismos contenidos en la Convención Interamericana Contra la Corrupción cuyo fin es sancionar a los corruptos y apoyar sistemas de justicia independientes. Los gobiernos deben colaborar para evitar que individuos corruptos encuentren refugio para ellos y para los recursos que se ha robado en ningún lugar en las Américas.  No debe haber impunidad para los crímenes de gran corrupción y para el abuso de poder a gran escala.

Por este motivo invocamos a los países de las Américas a que abandonen la retórica y asuman un compromiso real con sus pueblos adoptando mecanismos reales y efectivos para detener la corrupción desde los niveles más altos del poder, romper la regla histórica de impunidad y consensuar sanciones por parte de la Organización de los Estados Americanos para aquellos que incumplan con estos compromisos. Sólo así evitaremos asistir a una Cumbre más sin capacidad de impacto y transformación de la realidad.

Consulte:  Transparency International 

Share This