En el encuentro se expusieron las líneas de trabajo y planes de acción prioritaria en materia de AIP a nivel regional, identificando las posibles estrategias de acción. Entre las propuestas planteadas destacan:
- Trabajar en la incorporación de estándares mínimos de rendición de cuentas y transparencia.
- Promover actividades regionales y subregionales para general espacios de influencia.
- Sustentar el trabajo que se realiza en los países.
- Apoyar como grupo regional el trabajo que realizan nuestros aliados en sus países.
- Trabajar con universidades, sector educativo y sindicatos
- Ampliar las alianzas clásicas
- Sumar otras ONG que promuevan las buenas prácticas en este ámbito
- Instalar el derecho al AIP como política pública tomando como referencia los estándares internacionales
- Recopilar antecedentes sobre buenas prácticas sobre estándares internacionales en AIP
Entre los temas que se debatieron durante el encuentro resaltan el balance regional del AIP, los desafíos jurídicos e institucionales para el avance del AIP en la región, temas emergentes en AIP. La relatoría de los temas estuvieron a cargo de Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, Edison Lanza, CAINFO (Centro de Acceso a la Información Pública); Moisés Sánchez R, Director Ejecutivo de la Fundación ProAcceso
El ex director de la agencia de protección de datos en España, José Luis Piñar, expuso las claves de protección de datos, el docente explicó los peligros que representa el abuso de la informática se puede transformar en un peligro para la intimidad razón por la que instó en que es necesario crear normas que regulen esta situación.
Piñar agregó que “en un mundo globalizado los datos tienen mucho valor, y tienen que circular, fluir libremente, respetando los derechos fundamentales y en particular el derecho a la privacidad”. El evento también presentó análisis de Litigio Estratégico en Acceso a la Información, entre los ponentes se encuentra Darian Pavli, OSI, (Justice Iniciative) y Karina Banfi (Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información).
Por otra parte la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Argentina presentó el caso Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), quienes en el 2007 cuando el Gobierno lo intervino, las estadísticas oficiales quedaron bajo sospecha, la Asociación llevaría el caso a tribunales y ganarían.
La directora ejecutiva de la organización Transparencia Venezuela y participante del taller, Mercedes De Freitas, comentó que “la meta a corto plazo en América Latina es una Ley de Acceso a la Información Pública en cada país”. Mientras que el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo, asegura que no es suficiente con el acceso, sino que también es necesario hacer un monitoreo constante a la solicitudes de información.
A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública
La creación del Taller Desafíos Regionales de Acceso a la Información Pública (AIP): Hacia el fortalecimiento de la demanda de información es la jornada perfecta para conmemorar el primer año de vigencia de la Ley de Acceso a la Información y del Consejo para la Transparencia Chile.
Al taller asistieron invitados y expositores internacionales. La actividad fue realizada con el apoyo de Open Society Institute, con la colaboración de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) de Uruguay. El objetivo del taller fue el de involucrar a los actores nacionales y regionales en la discusión del acceso a la información pública colocando como escenario de estudio el actual estado del derecho a la información en Chile.
Al final de la jornada se logró identificar los principales problemas que afectan al acceso a la información pública, la ciudadanía. La falta de demanda y la desinformación acerca del tema dieron pistas para comenzar a elaborar las estrategias que permitan la implementación completa del acceso a la información como una herramienta para la participación ciudadana y contraloría social.