La tragedia acecha en las cárceles

Carta a Bachelet, Derechos, Derechos Humanos

Transparencia Venezuela, 3 de mayo 2018.- El colapso del sistema penitenciario  recrudece y  la muerte de 68 reclusos en la región central del país, en los calabozos de la Comandancia General de Policarabobo, el 28 de marzo de 2018,   deja en evidencia que esta situación pudiera replicarse en otros estados, porque sencillamente no hay dónde meter a los privados de libertad.

 La condición infrahumana en la que están los detenidos- procesados o penados- en todo el territorio nacional  es responsabilidad del Estado y  también las corruptelas tejidas alrededor de la construcción de las cárceles, que  son un factor clave en la violación de los derechos de la población reclusa.

Transparencia Venezuela, a través de sus capítulos en distintas zonas del país,  ha hecho un registro de la situación carcelaria que se agudiza desde hace más de una década, producto de malas decisiones,  políticas públicas desacertadas y, especialmente, por irregularidades en la administración del dinero público.

La promesa de construir 25 cárceles de Tareck El Aissami, cuando fue ministro de Relaciones Interiores hace dos lustros, de las cuales solo se concretaron tres,  dieron paso al ofrecimiento de una cárcel en cada estado del país que hizo desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios la titular de ese despacho, Iris Valera. El Estado, entonces,  invirtió  millonarias sumas en esos proyectos carcelarios, pero no se concretaron.

Hubo decenas de contratos y empleados públicos detrás de esas negociaciones. La ministra Iris Valera ha sido objeto de investigación por parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. En 2016 Transparencia Venezuela  denunció  a Valera  y otros funcionarios del régimen penitenciario, a partir de la investigación Papeles de la Prisión  realizada junto al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).

Allí se verificaron hechos de corrupción en la construcción  del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ). Hubo  dos desembolsos de  Bs 130.660.870,91- pago inicial-  y  Bs 78.443.568,10, monto para continuar los trabajos de construcción en 2014. Hoy, cuatro años después,  solo hay abandono y ruinas.

Como este caso, hay decenas de denuncias que aún están por ser verificadas. El bloqueo de información pública y la falta de rendición de cuentas de las autoridades ante la ciudadanía mantiene un cerco de impunidad. 

 

El limbo de los privados de libertad

Los 17 edificios que están en ruinas del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ), abandonado hace más de dos años por el Gobierno Bolivariano, pudieron haber aliviado la situación de los presos de esta región.

Son  unos 3 mil en total, entre procesados y penados, que en la actualidad están en calabozos policiales, bajo un riesgo similar al que vivieron los presos en Carabobo, porque no hay dónde ubicarlos, pues la Cárcel Nacional de Sabaneta fue clausurada en 2013 y el retén de El Marite fue evacuado en 2016.

En este estado petrolero hay 25 centros de detención preventiva, pertenecientes a organismos policiales, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

En los calabozos caben en promedio solo 30 detenidos. Sin embargo, allí encierran hasta 300 personas y, en algunos casos,  hasta más. Los retenes y comisarías en territorio zuliano están enclavados en localidades de mucha población, cerca de hospitales y escuelas, lo que incrementa el peligro para quienes habitan en los alrededores.

En Barinas, los centros de detención preventiva también están abarrotados,  con unos 1735 detenidos. La Policía del estado tiene 324 procesados en un recinto que fue concebido para 80 personas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tiene otros 151 detenidos , cuyo proceso judicial no ha terminado, mientras que en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) hay 785 detenidos, aunque solo tiene capacidad de 600 personas.

En el estado Lara  hasta diciembre de 2017, había 1181 privados de libertad en  los  29 centros de detención preventiva de organismos como la PoliLara, Policía Municipal de Iribarren, Cicpc, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional. En algunos casos, en celdas muy pequeñas, de unos de 4 por 6 metros,  están encerradas entre  12 y  14 personas.

Se trata del amontonamiento de seres humanos en los recintos del todo el sistema carcelario y de los calabozos de detención preventiva, que genera situaciones más allá de los casos fatales,  de las cuales poco se habla. En las cercanías de Barquisimeto, capital del estado Lara, en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, conocido como “Uribana”, está el hijo de “La Veterana”, una de las madres que accedió a conversar con Transparencia Venezuela.

La mujer refiere sus penurias por la reclusión de su hijo. Tras la masacre de 2013, en la que murieron 62 reclusos, muchos quedaron mutilados y discapacitados, sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Luego trasladaron a los privados de libertad a otros penales, esparciendo el problema y la tragedia de los familiares, quienes enfrentan el pago de sobornos, trabas para la visita y  un sinfín de obstáculos.

El riesgo se esparce por todo el sistema de cárceles. En Bolívar, en las instalaciones del Cicpc, hay 120 personas amontonadas en un espacio que originalmente era un baño. Es una situación que puede estallar en cualquier momento. En el Centro de Coordinación Policial de El Vigía, en el estado Mérida, conviven 185 reclusos y el lugar está diseñado solo para cinco personas. En nueve unidades policiales hay 483 detenidos, es decir, más de la mitad de las personas que están tras las rejas en todo el estado.

Un colapso que involucra violaciones de todo tipo. Son reclusos en condiciones infrahumanas, las cuales se profundizan en la medida que la crisis en general avanza en el país. En lo más profundo de esta  realidad tan dantesca está el manejo discrecional del dinero que debió ser usado para responder a las exigencias del sistema carcelario, que no escapó del esquema de corrupción de las dos últimas décadas.

En un informe elaborado en el mes de diciembre por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. Tenemos una población de 100 mil reclusos, 55 mil en las cárceles tradicionales y 45 mil en los Centros de Detención Preventiva y solo hay cupo para 20 mil reclusos, se necesita espacio para tener 80 mil reclusos lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una.

Prosiguió refiriendo que, “Iris Varela prometió construir a los días de ser designada como ministra, una cárcel por cada estado y no ha hecho ninguna. Tareck El Aissami, en su momento prometió construir 25 cárceles, solo hizo 3”.

Lamentablemente desde la época en que el ahora Vicepresidente de la República Tareck El Aissami era Ministro de Interiores y Justicia donde presento un Plan de Humanización Penitenciaria que contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, aunque solo hizo 3, y las promesas de la Ministra Penitenciaria hace 5 años de construir un recinto carcelario nuevo para procesados en cada estado del país y de la cual solo ha hecho 3, han llevado, estas falsas promesas, a colapsar el sistema penitenciario venezolano y el hacinamiento carcelario ha tomado proporciones nunca vistas.

El gran problema para implementar el plan de seguridad que aspira el régimen es que no tienen donde llevar a los delincuentes que apresen, sin dudas un gran problema que les será difícil resolver.

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