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102 Estados de los 192 que conforman las Naciones Unidas dieron sus recomendaciones a Venezuela durante su su segundo Examen EPU, realizado este 1 de noviembre de 2016, cifra con los 47 que hicieron lo propio en 2011. Los tres aspectos fundamentales que recomendaron en su mayoría los Estados miembros tienen que ver con: el acceso a la información y la libertad de expresión; la independencia y autonomía de los poderes públicos; los presos políticos y las detenciones arbitrarias.

En el EPU 2011, Venezuela recibió 148 recomendaciones pero de éstas rechazó 51, principalmente aquellas relacionadas con el acceso a la justicia y libertad de expresión.

Durante la sesión que tuvo una duración de tres horas y media hubo apreciaciones muy concretas sobre la situación de Venezuela que muestra como los Estados miembros leyeron las recomendaciones que llevaron a cabo las organizaciones no gubernamentales.

30 países hicieron recomendaciones a Venezuela sobre libertad de expresión y acceso a la información, al respecto Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela destacaba como positivo que los Estados miembros se hayan atrevido a hablar de estos temas. Sobre ello, destacó que «haber hablado del acceso a la información y la libertad de expresión es fundamental porque sin acceso a la información no sabemos si se están haciendo esfuerzos y qué tipos de esfuerzos se están haciendo para garantizar los derechos», acotó.

De Freitas recordó que aunque Canadá fue el Estado que hizo la precisión sobre la falta de equilibrio institucional, otros miembros también mostraron su preocupación al respecto, en cuyo caso mencionaron la necesidad de reelegir a los jueces y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El Gobierno ha eliminado la independencia de los poderes, utilizando al máximo órgano judicial como herramienta política y no como instrumento para impartir justicia en Venezuela.

A juicio de la directora de Transparencia Venezuela, las manifestaciones de los Estados que intervinieron muestra una fuerte preocupación por lo que está pasando en Venezuela, en la que incluyeron como recomendación liberar a los presos políticos y acabar con las detenciones arbitrarias.

En el informe que presentó Transparencia Venezuela ante la ONU exhortaba al Gobierno nacional, entre otros puntos, a diseñar e implementar un sistema eficaz de prevención de conflictos de intereses y un Plan Urgente de Reducción contra la Impunidad y publicar las Declaraciones Juradas de Patrimonio y de intereses.

La postura oficial del Gobierno venezolano

Los funcionarios de la delegación venezolana mostraban «avances» en materia sanitaria, sistema penitenciario, seguridad, derechos humanos, libertad de expresión y justicia.

La ministra de salud, Luisana Melo aseguraba que en Barrio Adentro tendrá una cobertura de 100%, sin embargo, datos recabados a través del Observatorio Misiones que llevamos adelante en Transparencia Venezuela hemos determinado que están operativos solo 800 módulos de los 17.800 que existían, entonces ¿cómo va a lograr la cobertura sanitaria de todos los venezolanos sin centro hospitalario?.

Melo mostraba como un éxito que aumentaron de 5.346 establecimientos de salud a 23.146, representando un incremento de 332%, pero lo que no dijo es que actualmente hay 21.700 camas en los centros de salud pública, de las cuales 8 mil son privadas. Y aunque ella asegura que existe un médico por cada 250 familias, lo cierto es que hay un déficit de médicos de 80 mil aproximadamente.

Sobre los medicamentos la ministra aseguraba que ha habido «fallas puntuales» de medicamentos por lo que denominó «cerco económico» pero que en Venezuela se garantizan 230 medicamentos de alto costo, y que en la nación se aplican 14 vacunas para prevenir 16 enfermedades, pero no hizo mención al resurgimiento de enfermedades como la Difteria, Tos Ferina, y Malaria.

En cuanto al sistema penitenciario, la ministra Iris Varela juró que habían erradicado el hacinamiento carcelario, información que contrasta con los datos que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones que advierte que en los estándares internacionales determinan que debe haber al menos un custodio por cada 10 internos. En Venezuela hay una población de 50.000 reclusos lo que se traduce en un custodio por cada 100 reos.

Solo en el estado Zulia un total de 2.290 presos sobreviven al hacinamiento que supera el 220%, ubicados en tres cárceles de la entidad: El Marite, Cabimas y San Carlos. A ellos se le suman los 1.100 que están recluidos en los calabozos de la policía regional, las policías municipales, Cicpc, Guardia Nacional y Sebin.

En materia de seguridad los emisarios del Gobierno afirmaban que en 17 años del Gobierno Bolivariano se ha garantizado el derecho a la manifestación, puntualizando que los cuerpos de seguridad han resguardado 12.368 manifestaciones en este periodo pero dejaron de decir que el Tribunal Supremo de Justicia autorizó a la Guardia Nacional a utilizar armas de fuego durante dichas manifestaciones, a través de su sentencia 840 del 26 de julio de 2016.

Mientras que William Castillo, exdirector de Conatel descartó que en Venezuela haya violación a la libertad de expresión, y dijo que en el país se garantizaba este derecho, advirtiendo que «no hay un solo periodista detenido por el ejercicio de su trabajo. Lo que hay son dueños de medios sometidos a juicio y prófugos», pero de acuerdo a la documentación que ha realizado IPYS Venezuela entre 2012 a 2015 se han registrado 25 procedimientos judiciales por razones informativas y de opinión, 13 de ellos fueron demandas por difamación e injuria; también determinó 844 agresiones contra periodistas y ataques contra medios de comunicación.

Sorprendentemente una magistrada del TSJ estaba entre los defensores del Gobierno Nacional, en clara demostración de la ausencia de independencia de los poderes públicos. Carmen Zuleta de Merchán advertía que la Sala Constitucional del TSJ garantiza la paz social y el Estado de derecho, en donde juraba que los 32 magistrados que conforman el máximo tribunal son designados independientemente. Sin embargo, no comentó que fue ella una de las ponentes que permitió el encarcelamiento y destitución de Enzo Scarano, alcalde opositor de San Diego, estado Carabobo como consecuencia de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en 2014.

Zuleta de Merchán tampoco hizo mención a la sentencia 834 de 2009 donde se abrió las puertas para que las empresas pudieran ser perseguidas penalmente, contradiciendo la jurisprudencia de la instancia, o sobre las 34 sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional, bloqueando la voluntad del pueblo a través de dictámenes jurídicos.

Para la canciller venezolana, Delcy Rodríguez Venezuela es vanguardista en temas de derechos humanos, por lo cual calificó que hay  «un bullying mediático internacional» contra el país. Al tiempo que aseguró que la Venezuela la revolución bolivariana es irreversible, y que la nación no retrocederá ni un centímetro en DDHH.

 

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