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Transparencia Venezuela y la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que investigó las violaciones de los DD.HH ocurridas durante las protestas por hambre en el país, llevaron a cabo en la parroquia de la Universidad Central de Venezuela, el foro ¿Cómo los CLAP violan los DD.HH?.

Durante la actividad la diputada Mariela Magallanes (CausaR-Aragua) presentó el informe final que realizó la Comisión Mixta y que aprobó la Asamblea Nacional el pasado martes 27 de julio. Magallanes enfatizó que el Estado viola reiteradamente el artículo 305 de Carta Magna, al no garantizar el derecho a la alimentación de los ciudadanos, “El Gobierno sistemáticamente ha venido destruyendo el aparato productivo y eso ha tenido serias repercusiones en la nutrición de los venezolanos” afirmó.

La diputada destacó que con la aprobación del informe final, el Parlamento otorgó la responsabilidad política al Jefe del Centro de Control Nacional de los CLAP, Freddy Bernal, por la violación reiterada de los DD.HH en la puesta en práctica del programa. También afirmó que el documento será remitido a la Fiscalía General de República para que inicie las investigaciones penales, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Permanente de Contraloría y a la Comisión Permanente de Política Exterior para enviarlo a instancias internacionales.

Entre las conclusiones arrojadas en el informe se destacan la afirmación de que los CLAP se ha convertido en un incentivo para el negocio de la corrupción, “Recibimos denuncias vinculadas al sobreprecio de las bolsas de comida, personas que son excluidas por sus vinculaciones políticas entre otras” afirmó.

Por Transparencia Venezuela, el coordinador de Finanzas Pública y Petróleo Carlos Rodríguez, destacó que la variación real en la compra de alimentos en 2016 por parte del Estado, tuvo una disminución del 75% en comparación al año 2015, “Es allí donde se demuestra las causas de la falta de alimento, si se destinan menos recursos en evidente que habrá menos comida” acotó.

Rodríguez explicó el reto que implica comprender el funcionamiento de la Gran Misión Abastecimiento Seguro (GMAS), debido al entramado institucional que representa al estar conformada por 3 motores, 7 vértices y 6 micromisiones, recibiendo recursos de 15 instancias diferentes, recayendo en el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López la responsabilidad de definir los parámetros para la ejecución presupuestaria de la misión. Esta situación estimula la opacidad en el manejo de los recursos y es proclive a violar los principios de transparencia y equidad en el manejo del erario público.

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