En materia alimentaria diversas estrategias y acciones ha desarrollado el gobierno nacional para solventar la compleja situación que ha originado la emergencia humanitaria compleja en el país. Políticas públicas sin enfoque de derechos humanos y sin principios de transparencia y rendición de cuentas han coadyuvado a que el sector alimentación sea uno de los más vulnerables.

En este contexto, y como parte del seguimiento que se realiza a las misiones sociales, la Asamblea Nacional Constituyente en usurpación de funciones, ha sancionado una normativa jurídica que, lejos de traducirse en mejoras al crítico escenario, afianzará la coacción, corrupción y discrecionalidad. El pasado 29 de enero se promulgó la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción.

Por otro lado, el 6 de febrero se decretó la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, también en el marco de la ANC, cuyo fin primordial es ser el enlace para activar la producción de las empresas que tengan vinculación con la Gran Misión Abastecimiento Soberano.