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Magistrados eliminan la inmunidad parlamentaria y sientan las bases de una ley marcial

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó a los diputados venezolanos sin inmunidad y facultó al presidente Nicolás Maduro a decretar una especie de ley marcial para enfrentar las supuestas amenazas contra “la estabilidad democrática” del país.

Maduro tenía semanas pidiéndolo. “Tiene que haber justicia, hay que pedir justicia contra los traidores a la patria (…) bastantes cupos en las cárceles hay para traidores a la patria”, exclamó el Jefe de Estado el 22 de marzo, un día después de que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional apoyara mediante un acuerdo la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el “restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela”.

Siguiendo la línea trazada por el mandatario venezolano, el jefe de la fracción parlamentaria del chavismo, Héctor Rodríguez (PSUV-Bolívar), acudió al TSJ ese mismo 22 de marzo para demandar la nulidad de la actuación del Parlamento. Cinco días después, el pleno de la Sala Constitucional en la sentencia número 155 no solo complace la petición de Rodríguez, sino que de un solo plumazo liquida el fuero especial que protege a los representantes del pueblo.

“Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria solo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales”, señalan en el fallo redactado por los siete integrantes de la Sala Constitucional.

Los magistrados también autorizan a Maduro para que “tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.

La cúpula del Poder Judicial “ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (Luis Almagro, OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas”.

El diputado opositor Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo), doctor en Derecho Constitucional, advirtió que el TSJ firmó “una ponencia que establece las condiciones para que Nicolás Maduro promulgue una Ley Marcial que criminalice la lucha democrática”.

“Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia confirma la necesidad de activar la Carta Democrática Interamericana. En Venezuela no hay separación de poderes y los magistrados son un brazo del Ejecutivo. Denunciamos que la sentencia somete a todo el país a una Ley Marcial que busca silenciar la voz de quienes exigimos elecciones”, finalizó Matheus.

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