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Mercedes De Freitas: La estructura de “la Gran Corrupción” se instaló en el país y traspasó las fronteras

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Caracas, 29 de noviembre de 2017 – Transparencia Venezuela ha determinado, tras más de 15 años de seguimiento a la gestión del Estado, que en el país se instauró la Gran Corrupción, caracterizada por el alto impacto en la población y la extensión de sus tentáculos fuera de las fronteras del país.

En el encuentro“Venezuela y la corrupción”, auspiciado por Orpanac (Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción) y celebrado en Nueva Esparta, Mercedes de Freitas, presidenta de esta organización, destacó que se han establecidolas condiciones que permiten hablar de “Gran Corrupción”, una categoría de Transparencia Internacional que define la gravedad del problema,signado porel manejo irregular de los recursos de la naciónen los más altos niveles del gobierno.

Explicó que este fenómeno tieneun fuerte impacto en la población y traspasa fronteras, se extiende y establece relaciones con fuerzas o grupos de otras regiones.

La directora de Transparencia Venezuela indicó que el cuarto elementoque define esta situación es la absoluta impunidad,“que es característica de los grandes casos de corrupción”.

“Lo que estamos viendo en Venezuela es que la corrupción ha atravesado a todo el Estado, se ha ido instalando a través de todos estos años, se ha consolidado en las bases de su poder. El resultado es un Estado que tiene como función principal no la felicidad de los venezolanos, no la construcción de una institucionalidad sólida que garantice las libertades y los derechos, sino que tiene como función tener control de los recursos del país”. 

El poder sobre los poderes 

De Freitas manifestó que el control sobre el Poder Judicial es el más importante indicador de la gravedad de la estructura corrupta.

“Hemos visto que a lo largo de estos años se ha ido cambiando la ley, reformando la configuración de las estructuras de poder judicial, en donde el máximo organismo ya tiene mucho tiempo cooptado por personas que han sido miembros del partido de gobierno o que son muy cercanas al gobierno”, acotó.

Otro poder público controlado es el Poder Ciudadano. Refirió el caso de la Contraloría General de la República que durante todos estos años han presentado informes de gestión en los cuales “no se ve una aproximación completa, exhaustiva, al manejo de los recursos públicos, a la protección de lo público en beneficio de todos.”

Trajo a colación el caso de las llamadas misiones que “han recibido millones de dólares” y no tienen una referencia clara en los informes de gestión del ente contralor. De Freitas destacó que la Defensoría de Pueblo, como parte de ese poder ciudadano, tampoco ha servido para defender los derechos de los venezolanos.También lo ocurrido con la Fiscalía General de la República, que derivó en la destitución de la titular de ese organismo, Luisa Ortega Díaz.  Subrayó que aunque Ortega Díaz, había volteado la mirada para ignorar casos de corrupción importantes (como PDVAL, las toneladas de medicamentos vencidos, la desaparición de equipos del sistema de salud), mostró “en los últimos dos años una aproximación mucho más fuerte hacia los casos de corrupción, una independencia interesante y necesaria en la lucha contra la corrupción”.

Destacó los ataques a la Asamblea Nacional y la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que anula en la práctica la actuación de los parlamentarios electos. “Estamos viendo que a nivel de los poderes públicos el Ejecutivo Nacional, y el partido de gobierno, han logrado eliminar los pesos y contrapesos, eso significa una limitación importante de los elementos institucionales en la lucha contra la corrupción”.

“Significa una promoción de incentivos perversos que permiten que se produzcan grandes abusos, que se cobije el dinero, los recursos, los bienes, espacios y las decisiones públicas, en pocas manos con altísima discrecionalidad y con nula rendición de cuentas”.

Indicó que ya el año pasado se presentaron trabas para acceder a información pública como el presupuesto nacional, que al final se logró por caminos distintos que no son los institucionales. Tampoco hubo acceso a los informes de rendición de cuentas de 2016, salvo el de la Fiscalía General y el del Ministerio de los Pueblos Indígenas. “Prácticamente los ministerios más importantes por el tema de manejos de recursos, todos los que manejan misiones, finanzas, petróleo, energía, obras, pues no han presentado informes de rendición de cuentas”.

Manifestó que las organizaciones no gubernamentales no han podido obtener información sobre la forma cómo se están utilizando los fondos de la Nación, ni siquiera solicitando la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en “un instrumento de la opacidad del gobierno de Venezuela”.

El abuso legalizado

De Freitas explicó cómo el entramado de control se ha extendido a tal punto, que abarca toda la vida pública. “Este control que permite y legaliza la opacidad, que permite y legaliza el abuso y la discrecionalidad sobre el Estado, también se ha ampliado hacia las empresas públicas”, manifestó.

Recordó que el estudio realizado por un equipo de investigación de Transparencia Venezuela, identificó en un seguimiento realizado durante un año, que el Estado tiene presencia en casi todos los sectores y que hasta ahora se cuantifican unas 526 empresas manejadas por el gobierno. Se trata de una red que ha producido grandes pérdidas financieras a la nación. Manifestó que la información disponible- de tan solo 256 empresas-arrojó que las pérdidas se estiman en 1,29 billones, en 2016.

De Freitas destacó la presencia militar en el Estado. Los uniformados tienen cargos ventajosos en las empresas del Estado y “una posición de dominio casi absoluto en el sector alimenticio”, donde las oportunidades para que se presenten hechos de corrupción se potencia con el dólar preferencial, sin la posibilidad de recibir sanción alguna.

Manifestó que en los sectores en donde la vida de los venezolanos está en riesgo como salud, alimentación y seguridad, “la población está más vulnerable y la corrupción es más perversa”.

Transparencia Venezuela ha determinado, a partir de los presupuestos en el sector salud, que la inversión hecha en los últimos 18 años alcanza 61 mil 891 millones de dólares.

La muerte de niños, de neonatos, la mortalidad materna, medicamentos comprados sin licitación, vencidos o sin los criterios de sanidad y el drama de cada venezolano a la hora de conseguir medicamentos es el reflejo del uso discrecional de los recursos del Estado. “¿Qué pasa con ese dinero? Quién manejó ese dinero?”, apuntó.

Dijo que en alimentación se ha invertido 31 mil 802 millones dólares, desde que se instaló la Misión Alimentación. “Lo que se ha tratado de hacer y que se ha vendido al pueblo como estrategia para resolver el hambre, lo que ha servido es para profundizar la situación”, agregó de Freitas.

La Ley de Precios Justos, el control de las empresas de alimentos, la entrega de las políticas públicas a los militares sin tener ninguna rendición de cuentas, son otros factores que a juicio de De Freitas abonan el terreno para las corruptelas en perjuicio del bienestar de los venezolanos.

Para la directora ejecutiva de Transparencia Venezuelala lucha contra la corrupción pasa por el hecho de que cada venezolano asuma que la corrupción “ no es normal”.

“Debemos tener en conciencia que somos víctimas y el ser víctimas nos pone en un nivel en el que tenemos que defendernos y la mejor defensa es denunciar”.

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